El rostro de Thais Maylen Franco Benítez a sus 36 años narra la violencia que viven otras tantas presas políticas cubanas. La experiencia de la cárcel en Cuba la ha marchitado, pero la separación forzada de su hija y su hijo más pequeño, con los que mantenía una relación de amor, le mantiene los ojos vidriosos como si aún no lograra salir de la depresión y del estrés postraumático que le han diagnosticado.

Franco Benítez es una de esas mujeres cubanas de las que nadie quiere hablar. Con su experiencia de vida deconstruye la narrativa de una izquierda romántica que sigue viendo en Cuba un mundo posible para toda la humanidad. El acoso y la brutalidad a la que fue sometida en el 2021 durante los cinco meses que estuvo encarcelada sin un debido proceso, por manifestarse pacíficamente, no terminó con su liberación. Una vez en su casa, la policía política comenzó a detenerla arbitrariamente al menos una vez por semana. La llevaban a las puertas de la prisión y le aseguraban que, si se mantenía como activista de los derechos humanos, esta vez sí sería condenada a 15 años de prisión y que su hijo mayor, a menos de un año de alcanzar la edad que se impone en la isla para la responsabilidad penal, sería encarcelado también por algún falso delito. Estas prácticas de intimidación son habituales desde 1959 y la tendencia es que la crueldad con que se aplican vaya en aumento, así como va en aumento el número de presas por motivos políticos y el acoso contra sus familiares.

Las amenazas, por lo general, se concretan en condenas de tres, cinco y hasta diez años de prisión por delitos comunes como desorden público, desacato, medidas de peligrosidad predelictiva, instigación a delinquir, actividad económica ilícita, hurto o robo con fuerza. La justicia, para condenar, no se basa en pruebas científicas, si no en valoraciones políticas, perfiles raciales o en testimonios amañados porque no existe una división entre el poder político y el poder judicial.

La justicia no se basa en pruebas científicas, si no en valoraciones políticas, perfiles raciales o en testimonios amañados

Según informes de tres organizaciones de la sociedad civil cubana Cubalex, Prisioners Defenders y Justicia 11J hay 116 mujeres cumpliendo condenas por motivos políticos, aunque el número varía constantemente. Ahora acaba de ser excarcelada una de ellas, pero las organizaciones independientes aún no lo recogen. En la mayoría de los casos los delitos por los que cumplen son comunes y fueron imputados por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 o cualquier otra fecha posterior. Por eso la única solución que encontró Franco Benítez fue tomar de la mano a su hijo y salir huyendo de la isla, aunque tuviera que dejar detrás a los más pequeños al cuidado de sus abuelos. Fue una decisión tomada para ganarle tiempo a la vida y a la libertad.

La manifestación de la calle Obispo

El 30 de abril de 2021 no era la primera vez que la activista hacía una protesta pública, pero ese día “ya habían determinado que íbamos a prisión”, explica. Recuerda que tuvo esa certeza porque, tras el arresto, había pasado 24 horas en un calabozo de una estación de policías y no le habían permitido hacer una llamada. De las 14 personas que se manifestaron, seis fueron encarceladas.

“Mis hijos estaban solos en la casa y les rogué que me dieran una llamada. Y me dijeron que no, que no tenía derecho a eso”, recuerda. Después descubrió que tampoco tendría derecho a un juicio o a una defensa digna. Estuvo encarcelada en la Prisión de Occidente de Mujeres más de cinco meses bajo una supuesta investigación por desorden público.
En el Guatao, que es como se conoce popularmente la cárcel de mujeres de La Habana, coincidió con Lizandra Góngora, activista por los derechos humanos, madre de cinco hijos y condenada a 14 años; con la poeta María Cristina Garrido y su hermana Angélica, condenadas a siete y tres años, respectivamente, por manifestarse el 11 de julio de 2021; y con la ex presa política Yeilis Torres, a quien mantuvieron por diez meses bajo custodia carcelaria sin un debido proceso por interpelar públicamente a un vocero del régimen.

El día de la protesta, un grupo de activistas intentó llegar a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde estaba en huelga de hambre y sed el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Había sido llevado a ese límite por el régimen cubano, que acostumbra a vejar a sus opositores sin medir las consecuencias.

Otero Alcántara es uno de los artistas fundadores del Movimiento San Isidro y su creación tiene un fuerte contenido político y social. El 16 de abril su casa fue allanada sin una orden judicial y fueron robadas y destruidas las obras que colgaban de su pared, más un garrote vil que había construido para su performance del mismo nombre, con el que protestaría contra las violaciones a la libertad de expresión. Entre el 17 y 25 de abril fue detenido más de ocho veces. Durante esa semana dio testimonio a la prensa de todo lo que le había sucedido. Lo llevaron a orillas del mar para intimidarlo con una posible muerte por ahogamiento y también lo encerraron en una celda de menos de dos metros con otros hombres para que lo violentaran físicamente. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió un comunicado y la sociedad civil cubana se movilizó, pero las obras no fueron devueltas y Otero Alcántara decidió entrar en huelga de hambre y sed. Las inmediaciones de su casa quedaron rodeadas de efectivos policiales impidiendo cualquier tipo de acompañamiento.

Aquel 30 de abril eran un grupo de catorce, tres mujeres y 11 hombres, en medio de una multitud que gritaba “abusadores” mientras policías uniformados y vestidos de civil les aplicaban técnicas de inmovilización, los esposaban, les empujaban, les golpeaban hasta finalmente encerrarlos en las patrullas.

 

Condujeron a estas manifestantes a una estación de policías ubicada en El Cerro, en uno de los municipios más céntricos de la ciudad. De ahí la estrategia fue distribuirles por distintos centros penitenciarios y que cada cual viviera un proceso de tortura diferente.

Las autoridades cubanas no han abierto las puertas de las prisiones a escrutinios internacionales desde 1989, cuando entró por última vez el Comité de la Cruz Roja Internacional. En 2022, 13 organizaciones de la sociedad civil cubana y organizaciones internacionales presentaron un informe ante el Comité contra la Tortura donde identificaban 14 técnicas que les eran aplicadas tanto a presos como a presas políticas.

Actos de repudio donde una multitud grita, golpea, escupe; abandono en lugares despoblados donde varias activistas han reportado violaciones por desconocidos; ofensas racistas, homofóbicas o misóginas; desnudos forzados para realizar registros corporales y, entre otros, negación de acceso a servicio médicos o a almohadillas sanitarias y golpizas hasta la pérdida del conocimiento.

El 30 de abril Inti Soto fue arrastrado por la calle mientras permanecía esposado y semi inconsciente por los golpes que acababa de recibir; Yuisan Cancio fue desnudado y golpeado hasta provocarle una lesión en el pulmón. El corresponsal del periódico digital ADN Cuba, Esteban Rodríguez, fue excarcelado y desterrado el mismo día, y viajó con las piernas llenas de llagas por la técnica de inmovilización que le aplicaban en prisión. Al activista Angel Cuza le robaban continuamente los víveres que les hacía llegar su familia y fue encarcelado en el Combinado del Sur, en la provincia de Matanzas, a cientos de kilómetros de su residencia. Nancy Vera y Mary Karla Ares después de haber sido recluidas por un mes arbitrariamente en centros penitenciarios, las cambiaron a prisión domiciliaria bajo investigación. Los que quedan por mencionar fueron detenidos y liberados a las pocas horas de haberse manifestado.

“Me sacaban de la celda lo mismo a 3 de la mañana que a las 12 del día, que a la 1 de la tarde para interrogarme”

Como parte del proceso, tanto Thais Maylen como Mary Karla Ares, otra de las manifestantes, pasaron por cuatro estaciones de policías y en todas fueron desnudadas y cacheadas. En una de las estaciones las sacaron de sus celdas.

“Me llevaron a una oficina y ahí me dijeron: ‘Vamos ahora a tomarte foto en tus tatuajes, vamos a cortarte tres mechones de pelo, te vamos a tomar muestras de olor, vamos a coger tu ADN bucal’. Y yo me quedé en blanco”, dice Franco Benítez, y describe la sensación de lo que para ella no era algo “normal”, porque en ninguna de sus detenciones anteriores se lo habían hecho. Ella, cuando salía a manifestarse gritaba “Abajo la dictadura” o repartía volantes con artículos de la Declaración de Derechos Humanos. En esta ocasión no había hecho nada diferente.

Sección 21

“Antes de ir a prisión estuve incomunicada 23 días en la sección 21”. La activista menciona una unidad policial destinada a los opositores políticos: “Me sacaban de la celda lo mismo a 3 de la mañana que a las 12 del día, que a la 1 de la tarde para interrogarme. Me sacaban varias veces al día buscando un jefe que no existía. Me decían que por reclamar libertad, por querer ver a un amigo, yo era mala madre”. “Estando en la sección 21 un día me dicen: ‘Mira, Thais, mañana es el Día de las Madres y hemos decidido que, como ya llevas tiempo aquí, vamos a permitirte ver a tus hijos’. Me prometieron que sería en un parque donde no habría policías para que mis hijos vieran que estaba bien”, añade. Aceptó porque se moría por verlos. Explica que entonces le quitaron el uniforme de presa, le pusieron la misma ropa del 30 de abril y la sacaron en un carro moderno. “Obedecí incluso cuando me dijeron que me pusiera las manos entre las piernas y que mirara al frente sin pestañear, pero cuando voy llegando me doy cuenta de que me están llevando para Villa Marista (otro centro de investigación criminal). Entendí que me habían engañado”, explica. Pero eso no fue lo peor que le ocurriría ese día.

De las 116 mujeres registradas como presas políticas, la mayoría son madres que buscan convocar a otras madres a pedir una vida digna

Si a ella la habían engañado, a sus hijos de 15, 9 y 8 años, les habían prohibido llorar so pena de aplicarles la ley a ellos o ser más severos con su madre. “Cuando llegamos allí estábamos rodeados de cámaras con trípodes profesionales, de personas vestidas de uniforme, con el uniforme verde del Ministerio del Interior, algunas vestidas de civil. Abracé a mis hijos, abracé a mi mamá. Pensaban que iba a contar algo de lo que había pasado el 30 de abril, pero yo hablé de la casa, de los gastos de la electricidad. No les di el gusto. Después de eso mi hijo mayor publicó en Facebook una carta que decía: ‘Me faltas tanto que ya no puedo dormir, me falta todo’”.

¿Por qué protestan las madres cubanas?

La principal motivación para las mujeres que salen a manifestarse en Cuba coincide con la necesidad de darles mejores condiciones de vida y un futuro mejor a sus hijos e hijas. De las 116 mujeres registradas como presas políticas por las organizaciones de derechos humanos Cubalex, Prisioner Defender y Justicia 11J, la mayoría son madres cuyos gritos han buscado convocar a otras madres a pedir una vida digna.

Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco, ha sido uno de los casos en los que la violencia institucional se ha ensañado más durante más tiempo. En mayo de 2018 fue golpeada y arrastrada por un grupo de mujeres instrumentadas por las fuerzas militares cubanas. Ese domingo, como todos los anteriores, se disponía a marchar pacíficamente por los presos políticos, pero apenas salió de su casa la estaban esperando. Estuvo, como Thais Maylen, más de 15 días sin ver a sus hijas. Casi un año después de estar encerrada sin ninguna garantía de justicia fue condenada en marzo de 2019 a cuatro años de prisión bajo los cargos de atentado y daños.

Pero, como si la prisión no fuera suficiente castigo por su posición política, en marzo de 2020 fue trasladada a la prisión provincial de mujeres El manatí, en la provincia de Las Tunas, casi a 700 kilómetros de distancia de La Habana. Entre la distancia y las restricciones de movimiento impuestas por la Covid-19, las visitas de las hijas menores, de siete y 12 años, junto a su padre, se hicieron casi imposibles.

Las criaturas no debieran ser utilizadas para coaccionar a las madres que deciden hacer activismo político, pero es una técnica sistemática

La prisión de Aymara Nieto parece no tener fin. Cuando parecía que saldría en libertad ha sido instruida nuevamente y condenada a cinco años y cuatro meses por “desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación”. Pese a que todos los cargos contra ella han sido delitos construidos, una de las frases que más se le escucha decir cada vez que se le ha logrado entrevistar es “no me arrepiento de nada”, porque está consciente que su activismo es justo y necesario para que la dictadura cubana caiga. Las maternidades no debieran ser usadas como método represivo. Las hijas e hijos no debieran ser utilizados para coaccionar a las madres que deciden hacer activismo político, pero es una técnica sistemática que se aplica no solo a las que se encuentran en centros penitenciarios.

En el 2021, a la activista Danaisy Múñoz, después de incontables detenciones arbitrarias y amenazas, le fue retirada la patria potestad de sus tres hijas. Se las llevaron y las internaron en un centro para menores sin familias, donde la seguridad del Estado cubano las visitaba con frecuencia para a amenazarlas con posibles violaciones sexuales. Así lo denunció Múñoz al centro de asesoría legal Cubalex, a la serie audiovisual “La piel como escudo”.

A Yamilé Garro se la llevaron delante de su hijo de cinco años. El intercambio de regalos que habían planificado entre las Damas de Blanco para la Navidad del 2021, para compartir con sus hijos, la policía lo convirtió en un fiesta del terror. Un grupo de mujeres la golpearon a la orden de un oficial de la seguridad del Estado que se hace llamar Camilo. La metieron en la patrulla junto a su hijo mientras le daban golpes y el niño lo único que sabía decirle era “mamá, y ¿por qué te amarraron las manos?”, mientras ella trataba de hacerle parecer que todo lo que había sucedido era un juego. Madre e hijo estuvieron detenidos durante horas en una estación de policía.

Durante el 2023 no quedó un rincón de Cuba sin que al menos una madre se manifestara públicamente. En Nuevitas, Caimanera, La Habana, por solo mencionar tres lugares equidistantes en Cuba, las amenazas no se hicieron esperar. Ellas exigían agua potable, medicinas y derecho a manifestarse. Uno de los principales cargos judiciales con que pretenden instruirlas es “corrupción de menores” por ser sus hijos e hijas la principal motivación de resistencia.

Una docena de madres se plantan frente al Ministerio de Salud

La Navidad del 2023 para muchas madres habaneras comenzó con un plantón frente al Ministerio de Salud Pública exigiendo tener acceso a servicios médicos y a atención especializada para sus hijos e hijas. Eran una docena. Una de ellas lleva cinco años esperando por un trasplante de esófago y otra reclamaba atención médica para su hijo de cuatro meses, que nació con un tumor en el ojo derecho y no ha sido atendido.

Los primeros gritos que se escucharon en las calles de Aymara Nieto eran reclamando un vaso leche y comida para los niños y niñas cubanas

Mientras, el riesgo de que aumente la población penitenciaria femenina por cuestiones políticas sigue creciendo desde el 11 de julio de 2021. En Cuba, la exigencia de un plato de comida o el derrumbe de una casa se convierten en activismo político u opositor porque el mal de fondo son 65 años de régimen.

Los primeros gritos que se escucharon en las calles de Aymara Nieto eran reclamando un vaso leche y comida para los niños y niñas cubanas. La primera protesta pública de Thais Maylen fue después de ver a sus hijos dormir sobre los escombros de su casa derruida. Tras las manifestaciones del 30 de abril, Thais Maylen fue declarada por Amnistía Internacional como “presa de conciencia”, lo que fue un reconocimiento a su lucha pacífica y a su encarcelamiento arbitrario.

Aymara Nieto Muñoz no ha corrido con la misma suerte, y pese a que su caso ha sido ampliamente documentado, Amnistía Internacional no se ha pronunciado. La abogada y defensora de Derechos Humanos Laritza Diversent Cambara ha explicado en varias ocasiones que esta exclusión de Nieto Múñoz puede deberse a que “los delitos que la seguridad del Estado le ha imputado son por hechos de violencia”, y la organización tiene mecanismos muy pocos flexibles y exigen documentaciones legales a las que, en muchos de los casos cubanos, no se puede acceder porque no es información pública ni siquiera para las personas directamente implicadas.

La hija mayor de Nieto ya es una mujer adulta que no ha podido disfrutar de su madre, mientras las más pequeñas siguen sufriendo bullying en la escuela. Franco Benítez fue admitida como refugiada política en los Estados Unidos, pero lleva más de un año tratando de reunirse con sus hijos, que han sido objeto de citaciones policiales pese a tener nueve y diez años.

La Cuba idílica que sueña mucha gente tiene como telón de fondo la represión a mujeres a las que su posicionamiento político, aunque sea motivado por circunstancias puntuales como las económicas o las sociales, les cuesta su libertad. Cuando dan el paso hacia la manifestación o hacia el reclamo político, todas están conscientes de que Cuba necesita un cambio de sistema, pero el Estado totalitario cubano les da por donde suele dolerles más, la maternidad.