“El 90 por ciento de las prostitutas que trabajan en España son inmigrantes”, publicaban periódicos estatales en sus titulares hace unos años. La cifra se le atribuye tanto a los informes de la Guardia Civil como a los de otros organismos gubernamentales. Cáritas, una importante organización de la caridad católica, por su parte, a través del documento ‘La prostitución desde la experiencia y la mirada de Cáritas’ de 2016 aseguraba que las migrantes representaban un 80 por ciento de las mujeres que ejercían la prostitución en el territorio español.

“La policía española calcula que el 90 por ciento de las prostitutas son víctimas de redes de trata”, difundían en 2014 diarios de gran alcance como El País. Sin embargo, en el cuerpo de la nota se reconocía que nadie sabía de dónde venía ese cálculo. Se publicó a pesar de que, un año antes, el ‘Informe sobre la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos en España’ realizado por el Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) estipulaba que no existen estudios que avalen dicha cifra.

¿De dónde vienen esos porcentajes? ¿Representan la realidad? Tomando en cuenta que la prostitución en el Estado español no es una actividad regulada y que gran parte de las migrantes prostitutas se podrían encontrar en una situación legal irregular, ¿cómo es posible que se lancen con tal certeza cálculos de lo que bien podría ser incalculable? ¿La obtención y comunicación de los mismos tienen implicaciones racistas?

Kenia García, trabajadora sexual racializada miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, comenta al respecto: “Yo no puedo dar estadísticas. Lo que sé es que la mayoría de trabajadoras sexuales que he coincidido han sido migrantes y ejercían la prostitución por falta de oportunidades y por los estereotipos. Tenemos que estar constantemente demostrando nuestra valía porque siempre estamos bajo su sospecha de mediocridad, de que somos inútiles y que no servimos para hacer nada más. Entonces se cierran las oportunidades y tienes que sobrevivir de alguna manera”.

“O ‘vamos a por ellas’ o ‘tenemos que protegerlas’. ¿Qué significa eso? Pues más pasta para la Guardia Civil y que se inicie un trabajo de vigilancia sobre mujeres migrantes que igual ni siquiera son trabajadoras sexuales”

Este testimonio da el primer indicio de que los porcentajes no son lo más relevante en sí, sino lo que podrían representar. “Esos datos están mal. Las mujeres blancas trabajan como prostitutas. En los sindicatos Aprosex y OTRAS la mitad somos migrantes y la otra mitad son blancas. Decir que el 90 por ciento somos migrantes es otra forma de racismo porque, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O ‘vamos a por ellas’ o ‘tenemos que protegerlas’. ¿Qué significa eso? Pues más pasta para la Guardia Civil y que se inicie un trabajo de vigilancia sobre mujeres migrantes que igual ni siquiera son trabajadoras sexuales”, comenta la artista visual y trabajadora sexual Linda Porn.

Una lectura atenta de la relación entre la sexualización de los cuerpos racializados y la opresión permitiría comprender aspectos que van más allá de la prostitución: el racismo, la precariedad, la violencia y el blindaje de fronteras.

El racismo nació de la mano de la violación

La dominación a través del sexo ha estado presente desde los orígenes del patriarcado, es uno de los muchos pilares que lo mantiene de pie. Durante la conquista de Abya Yala y durante todo el colonialismo histórico, el sexo se utilizó para dominar a los pueblos colonizados, generando así una sexualidad racializada. En las narrativas coloniales se aludía metafóricamente al cuerpo de la mujer indígena cuando, erotizando la tierra, se relataba la toma y apropiación de los territorios.

La violación se volvió una tradición colonial en la que los hombres blancos demostraban su superioridad racial y su honor, valor para el cual era imprescindible la proeza sexual. Así, puede decirse que el racismo en Abya Yala nació de la mano de la violación a los cuerpos indígenas. El sexo con poblaciones indígenas o mestizas era utilizado únicamente como expresión de dominio.

Linda Porn se ha dedicado a estudiar la historia del trabajo sexual en América y Europa, así como las estructuras racistas y colonialistas que marcan el ejercicio de la prostitución de las mujeres migrantes en Europa. Al hablar del tema, Porn evoca la figura de Fray Bernardino de Sahagún: “El orden cristiano acabó con la percepción que se tenía del trabajo sexual en el México antiguo. En el Códice Florentino, Bernardino alude despectivamente a la figura de la puta, de acuerdo a conceptos muy coloniales sobre la forma en la que las mujeres manejaban su sexualidad. Se refiere a ellas como mujeres desvergonzadas, a las que no les importa el decoro, carentes de razón… Estereotipos construidos a partir de nuestros cuerpos y de nuestra forma de relacionarnos con la vida. Todo fungió como una justificación para violentar nuestros cuerpos, controlarlos, vigilarnos, reprimirnos, reeducarnos y salvarnos”.

Estas representaciones construyeron a las mujeres racializadas como seres naturalmente exóticos y sexuales. Los estereotipos se conservan a través de una discriminación sistemática que afecta la vida social de las migrantes del sur que llegan a buscar trabajo y mejorar sus condiciones de vida en Europa. Las prácticas sexuales no son ajenas a los sistemas políticos ni a sus leyes.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, conocida como ley de extranjería, es una de las piezas clave que conforman el racismo institucional, producto de una serie de prejuicios aferrados en el imaginario colonialista del Estado y su sociedad. A las trabajadoras sexuales racializadas, en ese sentido, no solo se les niegan sus derechos y son precarizadas de facto, sino que también son denigradas moralmente por causa de los dos estigmas que acentúan su opresión: el de la prostitución y el de la migración.

Esta ley regula el tránsito y la estancia de las personas extranjeras en el territorio español. Entre otras cosas, establece los procedimientos para acceder a una autorización de residencia.

“La ley de extranjería es el gran proxeneta de todas las trabajadoras sexuales”

Para las migrantes sin lazos comunitarios ni altos ingresos económicos, la opción para regularizar su estancia es el “arraigo social”, procedimiento que exige un contrato de trabajo de un año o de tiempo indefinido. Pero, para acceder a esta opción, las migrantes deben pasar tres años en estado irregular, sin ningún tipo de derechos, sometidas a la precarización y expuestas a la explotación laboral. Al mismo tiempo, la ley permite que las personas en estado irregular puedan ser encerradas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o deportadas a su país de origen en cualquier momento.

Así, a lo primero que se enfrentan las migrantes al entrar en el territorio es a la violencia que genera el Estado a partir de la irregularización. Además de enfrentarlas también a la violencia policial y a la extorsión.

“La ley de extranjería es el gran proxeneta de todas las trabajadoras sexuales”, proclama Linda Porn. La dificultad que supone regularizar su situación legal es la que obliga a muchas mujeres a optar por ejercer la prostitución, que desde hace siglos ha sido una vía de ingresos de las mujeres empobrecidas. Esta vulneración económica, social y legal a la que se ven expuestas las migrantes es la que les obstaculiza el acceso a otras opciones laborales y de la que se aprovechan la mafias, los proxenetas y las redes de trata. La activista contra la trata Amelia Tiganus afirmaba en El Periódico, que urgía cambiar “la ley de extranjería, porque el proxeneta se aprovecha del miedo de las inmigrantes a ser deportadas. También los jueces y fiscales deberían tener una formación en género como mínimo”.

Incluso mujeres que tienen en su proyecto migratorio la prostitución pueden terminar en redes de trata con fines de explotación sexual por las difíciles condiciones para regularizar su situación y encontrar otras opciones: “Yo conocí a muchísimas mujeres que su proyecto migratorio era la prostitución. Por más que espante, muchas saben que vienen a ejercer la prostitución y tienen objetivos claros como pagar tratamientos médicos a familiares o la universidad a sus hijes. Pero cuando llegas a España y no tienes la documentación por culpa de la ley de extranjería, te encuentras en un estado de no derecho, de no persona: no te puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes alquilar, no existes. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Recurren y encuentran “cobijo” en los clubes: porque ahí viven y ahí trabajan. Lo que está haciendo la ley de Extranjería es fomentar el tráfico ilegal de personas y la trata. Porque lo que pasa es que muchas veces las mujeres saben que van a venir a ejercer la prostitución, se endeudan con miles de euros con la condición de que al llegar aquí van a comenzar a trabajar en un club y van a pagar esta deuda, pero muchas veces al llegar aquí las cosas cambian y ese proyecto migratorio se convierte en trata”, añade Kenia García.

Exotizadas y excluidas

Pero los estigmas no solo afectan simbólicamente, también operan a través del sistema político, económico y social que mantiene a las trabajadoras sexuales migrantes en un estado de desigualdad de derechos y oportunidades. Y si bien ninguna trabajadora sexual cuenta con derechos laborales, aquellas que se encuentran en estado irregular, además, no tienen acceso a asistencia sanitaria, bolsas de trabajo ni a todas las oportunidades que las migrantes venimos buscando en el afamado “Estado de bienestar” del primer mundo.

“Claro que les migrantes son bienvenides: representan mano de obra. Pero esta mano de obra son los cuerpos cisheternonormados, personas morenas, pobres y racializadas que pueden ser mano de obra explotable y factible y, por supuesto, sin derechos para cierto trabajo productivo”, menciona Vanessa Maldonado, investigadora especializada en analizar el tránsito de trabajadoras sexuales migrantes.

En ese sentido, Fuensanta Gual, presidenta de CATS, afirma: “El trabajo del hogar, la agricultura, el cuidado de ancianos y la prostitución son nichos de mercado para la gente que busca cualquier trabajo porque viene aquí a ganar dinero. El hecho de no tener papeles hace que solo tengas acceso a oficios de la economía sumergida. La ventaja de la prostitución es que se gana más que de, por ejemplo, empleada del hogar”.

Kenia García suscribe esta situación al comentar que “son muchas las mujeres que lo pasan mal y quieren abandonar la prostitución, pero no lo hacen porque las oportunidades que encuentran son igualmente precarias”.

Así, el sistema mantiene un círculo vicioso interminable e hipócrita: al mismo tiempo que se criminaliza a las migrantes que subsisten gracias a la economía sumergida, se sientan las condiciones para que sea la única opción a las que tienen acceso para poder subsistir tres años antes de poder regularizar su situación legal. La precariedad y la marginación social, a su vez, reducen sus posibilidades de acceder a un contrato de trabajo con las condiciones exigidas.

Controlar la movilidad de las mujeres

Desde 2003 se ha construido una relación directa entre la prostitución, la trata de personas con diversos fines y la migración. A través del Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas se ha impulsado el refuerzo de los controles fronterizos. El protocolo, que feminiza la trata declarando que se pondrá más atención específicamente a mujeres y niñes, ha sido utilizado para criminalizar la prostitución y coaptar la libertad de movimiento de las mujeres racializadas del sur hacia el norte.

“El Protocolo de Palermo, al que suscriben la mayoría de los países occidentales y occidentalizados, inicia esta falta de claridad entre que una cosa es prostitución y otra cosa es trata de personas con fines sexuales. Esta confusión es una política encaminada a criminalizar el trabajo sexual y sirve como filtro para las personas migrantes que no tienen los documentos que el Estado les pide para vivir en el país. Porque este dispositivo antitrata está operando no solo racialmente, sino geográficamente, como una geografía racializada”, afirma Vanessa Maldonado.

Esta falta de precisión provoca que, en la práctica, sean las personas migrantes en estado irregular quienes son detenidas en las redadas. En su investigación de campo, Maldonado se percató de que “la policía no hace ninguna distinción entre trata y prostitución. Hacen operativos contra la trata, pero solo en lugares de comercio sexual y a través de pedir documentos migratorios a las mujeres que estén trabajando ahí”.

“La policía necesita casos de trata y presiona a las inmigrantes sin papeles para que declaren que son víctimas de trata. A cambio, les ofrecen ayuda para conseguir sus papeles. De negarse, las amenazan con presentar una orden de expulsión o encerrarlas en un CIE, lo que a veces sucede. Las encierran el mayor tiempo posible para ver si declaran. Tengo constancia de que ha pasado de forma generalizada”, comenta Fuensanta Gual.

Linda Porn conoce bien esta criminalización y señala que el racismo en la prostitución se manifiesta también a través de una constante acusación de ser víctimas de trata y por el consecuente arrebato de agencia de aquellas migrantes que deciden prostituirse libremente: “El Protocolo de Palermo nos trata como si no tuviéramos agencia, como si no pudiéramos tener en nuestro proyecto migratorio el trabajo sexual porque, para ellos, ninguna mujer con cuatro dedos de frente puede viajar para ser puta. Esto es una concepción bien blanca, bien paternalista y bien colonialista. Una mujer atraviesa sola todo un continente o un océano. ¿Cómo podemos llegar a que, de repente, el Estado español nos defina como víctimas de trata?”.

Estas narrativas mediáticas que alimentan la confusión entre trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución de mujeres migrantes perpetúan y reproducen estigmas racistas que se centran en criminalizar la migración femenina. Este es el contexto en el que surgen las asociaciones y oenegés que se dedican a “rescatar” a las mujeres de las -a veces supuestas- redes de trata con fines de explotación sexual.

Las organizaciones que reiteran la ausencia de agencia de las trabajadoras sexuales migrantes también operan a partir de un imaginario racista y colonialista. “Las mujeres están hartas de recibir organizaciones de derecha o religiosas, porque las quieren ‘salvar’ de la prostitución. Me parece que estas formas de racismo operan hacia ellas porque las ven como víctimas, no como sujetas de derechos, ni como sujetas de agencia. Las ven como víctimas, las pobres a las que hay que salvar y rescatar. Esto también incide en su ejercicio y también incide en su no acceso a derechos”, observa Vanessa Maldonado.

En este marco es preciso señalar que eran justamente los informes de la caridad católica y la Guardia Civil quienes proporcionaron a la prensa las estadísticas que afirmaban que entre el 80 y 90 por ciento de las trabajadoras sexuales en el Estado español eran migrantes y, la mayoría de ellas, víctimas de trata. “Mi compañera María José Barreda siempre dice que los pobres damos dinero. Existe una gran industria del rescate que vive de ayudas y de subvenciones. Esta industria del rescate necesita víctimas, entonces nos victimizan a todas. El relato de la trata también le sirve al Estado para diseñar políticas como la ordenanza cívica o la ley mordaza que supuestamente lucha en contra de la explotación sexual y lo que en realidad impulsa son todas estas redadas a los clubes”, explica Kenia García.

En la experiencia que Maldonado ha tenido en la frontera norte y sur de México ha observado cómo las trabajadoras sexuales migrantes sufren a la vez la violencia de la política migratoria y la de la política antitrata: “Hay un sistema de vigilancia migratoria que vigila y castiga con lógicas punitivas y también de disciplinamiento racializado. En este sentido, las trabajadoras sexuales racializadas, las empobrecidas y también las heterosexualizadas viven esta persecusión”.

Siendo así, a través de los relatos victimizantes en la prensa, las dudosas estadísticas y la confusión terminológica entre trata de personas y prostitución, tanto la “industria del rescate”, como las políticas migratorias y antitrata, ha reducido a las trabajadoras sexuales migrantes a objetos de los cuales se benefician.

“Muchas mujeres recurren a organizaciones para dejar la prostitución y lo que les ofrecen son empleos precarizados con contratos de tres meses. Muchas vuelven a la prostitución y la organización no hace un seguimiento. Ya cumplió sus estadísticas, ya ‘salvó’ mujeres, ya puede recurrir a una subvención”, añade Kenia García.

En medio del auge del relato de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, víctimas reales han acabado en los CIEs, como comunicó el informe de la organización CIEsNO a mediados de 2020, cuando detectaron que en el centro de la calle Zapadores de Valencia había “12 casos de mujeres cuyas circunstancias de vida apuntan a que fueron víctimas de trata”. Si el blindaje de fronteras es tal, ¿por qué las mafias pueden encontrar la manera de cruzar a las personas?, ¿por qué las migrantes no pueden cruzar por cuenta propia y por qué hay algunas que incluso tienen que recurrir a las redes para poder atravesar las fronteras?

Con respecto a la prostitución, se diulyen las responsabilidades a través de leyes como la ley mordaza que criminaliza a las trabajadoras sexuales. Se culpa a la demanda. Se estigmatiza a las migrantes a través de políticas racistas y se las somete a condiciones y trabajos precarios por años. No hay políticas reales que doten de derechos y alternativas reales a las trabajadoras sexuales migrantes. En este sentido, la ley de extranjería fomenta la ilegalidad y da herramientas a los explotadores y abusadores para oprimir a las mujeres.

 

Este reportaje fue publicado en 2021 en el monográfico, Prostitución.