El debate sobre la regulación o abolición de la prostitución lleva décadas pendiente en la agenda feminista. Durante los siglos XVIII y XIX, las posiciones reglamentaristas de la Iglesia católica y los gobiernos conservadores fueron dominantes y la prostitución se movía entre la represión, el control y la tolerancia. Los reglamentos, que pretendían regular el ejercicio de la prostitución en los burdeles, discriminaban a estas mujeres relegándolas a la marginalidad. El Decreto Abolicionista de 28 de julio de 1935 del Estado español fue el resultado del trabajo de muchas feministas y otras voces progresistas que pidieron la desaparición de lo que se consideraba un foco de contagio de enfermedades.

En defensa del orden social establecido, el honor y las familias

Durante el siglo XIX el principal debate sobre la prostitución se produjo entre los defensores de la visión más tradicional donde se daban dos posturas. En primer lugar, y con fuerte componente religioso, estaban quienes defendían su existencia como bien necesario y, por tanto, necesitado de regulación para “el bien común” y así, en palabras del médico y político español Ángel Pulido Fernández en Bosquejos médico-sociales para la mujer, “evitar pecados y excesos mayores y defender el orden social establecido (y en primer lugar la familia), pero no prohibir”. En la escala de los llamados pecados sexuales, escribe Jean Louis Guereña, historiador e hispanista francés, en La prostitución en la España contemporánea, el sexo venal, es decir, la prostitución “era considerada un pecado leve por los casuistas y moralistas”. Se creía que las prostitutas evitarían violaciones y abusos por parte de los varones solteros. De esta manera, la prostitución salvaguardaría la virginidad de las buenas mujeres manteniendo el honor de sus familias y, a su vez, evitaría la homosexualidad, reduciría el adulterio y evitaría desórdenes sociales.

En segundo lugar, el personal médico higienista que, a menudo, mantuvo opiniones contrarias sobre la prostitución. El higienismo nace en la primera mitad del siglo XIX y es la corriente que repara en las condiciones de salubridad de las personas para evitar el contagio de enfermedades. Con pretextos higienistas, parte de estos médicos defendían la necesidad de regular los prostíbulos. Por el contrario, otro grupo de higienistas apoyaban el cierre total de éstos suburbios y la abolición de la prostitución. Ambas líneas de pensamiento, el higienismo y religión, coincidieron en el rechazo moral y social de las prostitutas a pesar de adoptar una actitud distinta hacia ellas.

A mediados de siglo, debido al desarrollo urbano y al éxodo rural, se produjo un aumento del ejercicio de la prostitución callejera en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, lo que supuso una mayor visibilidad social y una mayor intervención política y policial sobre las mujeres que la ejercían. La historiadora donostiarra Charo Requero explica en su libro Historia de la prostitución en Euskal Herria que “en seguida se hace evidente la otra finalidad de la reglamentación: esconder a las prostitutas de la gente para que no ofendan a la vista de la moral pública”. Y en el mismo texto, añade: “La hipocresía social es una constante entre la burguesía de la época y preside todas las relaciones sociales”. Por aquel entonces, enfermedad y prostitución eran sinónimos, lo cual explicaría que los primeros en debatir estas cuestiones fueran médicos.

En las primeras décadas del siglo XX, este sistema reglamentarista empezó a decaer debido a las presiones por parte de quienes pretendían que desapareciera la prostitución y las corrientes de izquierdas que adquirieron un peso social y político cada vez mayor en el cambio de siglo se inclinaron hacia una posición abolicionista. En esta época, además, un naciente feminismo comenzó a construir su propio discurso sobre la prostitución. Fueron muchas las voces en contra de su reglamentación y una de las protagonistas de la lucha por la abolición de esta actividad fue Josephine Butler.

Dios y una mujer hacen una mayoría

En 1864 el Parlamento británico sancionó las llamadas leyes de enfermedades contagiosas por discriminar a las prostitutas y considerarlas lacra social. Josephine Butler, feminista, católica y reformista social británica, quien diría en una ocasión “Dios y una mujer hacen una mayoría”, emprendió una intensa campaña contra estas leyes y fue más allá reclamando “la necesidad de un cambio en los valores sociales de igualdad, respeto y libertad de la mujer, incluso en el terreno sexual”. Así lo recoge Mercedes Rivas Arjona, doctora en Historia Contemporánea y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, en su texto II República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del Decreto abolicionista de 1935. Butler consiguió que su lucha se extendiera todo el continente europeo y, en 1869, como consecuencia de la envergadura de un movimiento feminista emergente y del ambiente de convulsión, se creó la Asociación Nacional de Damas para la Derogación de las Leyes de Enfermedades Contagiosas, con Butler a la cabeza. Esta asociación daba respuesta a las leyes de enfermedades contagiosas de 1864, 1866 y 1869, las cuales pretendían detener el contagio de infecciones venéreas a través de la criminalización de las prostitutas. El movimiento creado por Butler fue apoyado, en sus inicios, por masones, republicanos y protestantes del Estado español. Mujeres como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o Concepción Gimeno Flaquer también se adhirieron a sus ideas.

La antesala del Decreto Abolicionista de 1935

En mayo de 1932 las presiones del sector abolicionista, liderado por el médico y psiquiatra César Juarros, ejercieron una enorme presión sobre el Ministerio de Gobernación a la vez que se quejaban de su excesiva lentitud para abordar este tema. En diciembre de ese mismo año se expusieron varias directrices en la denominada lucha antivenérea, entre las que se incluían, como cuenta Escobedo, un aumento de los requisitos para poder optar a una plaza de médico, evitando así el intrusismo. En 1933 las competencias de Sanidad y Beneficencia pasaron al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión con el objetivo de hacer posible mejoras para luchar contra enfermedades como tuberculosis o sífilis. Estos supuestos serán, precisamente, la antesala del Decreto Abolicionista.

Pese a todas las medidas, las prostitutas continuaron siendo discriminadas y sometidas a controles sanitarios. Las protestas no tardaron en aparecer y, como consecuencia, el Gobierno se vio obligado a emitir una nueva orden el 11 de julio de 1935 que consistió, como afirma Guereña en La prostitución en la España contemporánea, en “la supresión inmediata de los reconocimientos médicos periódicos de las prostitutas”. Esto se tradujo en no tener obligación de poseer una cartilla sanitaria. Se daba así una conquista del movimiento abolicionista.

La historiadora Isabel Escobedo llega a la conclusión de que el sistema surgido de la reforma de 1935 fue abolicionista no mixto y, para corroborarlo, recurre a los artículos más significativos de la ley. Entre otras medidas, se decretó la vigilancia sobre aquellas personas sospechosas de infección o de transmisión venérea, en este caso las prostitutas. También se declaró poner fin a la reglamentación. Por otro lado se mantenían los controles sanitarios y las hospitalizaciones forzosas para aquellas personas sospechosas de ser foco de transmisión, lo que dejaba a las prostitutas desprotegidas ya que éstas siempre sembraban la duda. Pese a esto, se consiguió que la lucha antivenérea se aplicara tanto a hombres como a mujeres; se prohibió la publicidad sobre comercio sexual, se facilitó la asistencia gratuita a las personas sin recursos y se logró, de alguna manera, una cierta humanización en el trato a las personas pacientes para someterse libremente al tratamiento necesario para su curación. Además, quedó eliminada la regulación de los burdeles y los requisitos para su conformación. El Decreto fue modesto en sus objetivos, podría haber sido más ambicioso y haberse hecho más en materia de prostitución, tanto a nivel ideológico o de cambio de mentalidades como a nivel social. Sin embargo, y pese a todas estas limitaciones, debemos reconocer lo que supuso para la época, a pesar de que en el Estado las ideas abolicionistas no tendrán el mismo arraigo que en Inglaterra hasta los años 20 del siglo XX. Una vez instaurada la II República, a pesar de abolirse la prostitución reglamentada, “el sistema implantado no será claramente abolicionista”, explica Escobedo en el X Congreso de Historia Contemporánea, y las voces progresistas y feministas no quedarán conformes con esta normativa.

Derrotada la República en la Guerra Civil española, el reglamentarismo se volvió a implantar en el Estado por Decreto el 27 de marzo de 1941 quedando, como escribe Guereña en su citado libro, “anulada oficialmente la prohibición de la prostitución decretada en junio de 1935, por no haberse obtenido los resultados deseables”. Automáticamente se volvía al reglamentarismo tradicional de los siglos XIX y XX y el 2 de septiembre de 1941 la Ley de Vigilancia y Seguridad concedió potestad a la Jefatura Superior de Policía para hacer cumplir las normas de higiene y control de la prostitución. La moral sexual de la época favorecía las prácticas prostitucionales, sobre todo como una forma de iniciación sexual para los jóvenes varones y, como escribe Francisco Candel en su obra Ser obrero no es ninguna ganga, “la tónica general entre los adolescentes y jóvenes era ir el domingo de putas. En los prostíbulos había grandes colas”. La prostitución, reglamentada o clandestina, contunió siendo, para muchas mujeres, la única salida. Sobre todo para las que se quedaron viudas o separadas al finalizar la guerra y sin medios económicos suficientes para subsistir.

Este reportaje fue publicado en 2021 en el monográfico, Prostitución.