Ilustración de Jorm Sangsorn (iStock)

En las últimas semanas, el Grupo Parlamentario del PSOE ha perfilado y decidido llevar a trámite la proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal, conocida como ley de abolición de la prostitución, secundada por el Ministerio de Igualdad, que lidera Ana Redondo García, y supuestamente destinada a “prohibir el proxenetismo en todas sus formas”.

Sin embargo, la traducción literal de dichas medidas en la vida de las trabajadoras sexuales tendrá consecuencias nefastas para su supervivencia. En lugar de prohibir el proxenetismo lo alimentará de la forma más cruel y peligrosa. Siguiendo el contenido de las denuncias individuales y colectivas efectuadas al respecto, la ley implicará un empobrecimiento directo e inmediato; clandestinidad, con los riesgos para la integridad física y la violencia que lleva asociada; así como la práctica imposibilidad de alquilar una vivienda o espacio de trabajo autónomo y autogestionado. En la misma línea, Olympe Abogados argumenta que la ley provocará vulnerabilidad habitacional, pérdida de independencia, persecución a personas migrantes y a trabajadoras sexuales, al tiempo que incide en el uso pernicioso del lenguaje en un brevísimo y pobre redactado que elude, en todo momento, a abordar verdaderas medidas de protección integral y cualquier atisbo de una perspectiva proderechos.

Por continuar con el asunto del lenguaje dentro de dicha propuesta, el sintagma “situación de prostitución” ¿qué significa? ¿En situación de qué están las mujeres encerradas en los Centros de Internamientos de Extranjeros del Estado español? ¿En situación de qué están las temporeras? ¿O las mujeres y niñas de las casas sin electricidad de la Cañada Real? Cuando se dice: “Estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual” ¿está quien legisla intentando otorgar estatuto de ser humano a las trabajadoras sexuales? Un estatuto que ya tienen de nacimiento, que las hace portadoras de todo derecho que contemple la ley. En el segundo párrafo del artículo 187.2, así como en el 187.3, de la propuesta de ley, se denota claramente que la coacción contra las mujeres que ejercen la prostitución de manera no voluntaria, aquello que debería ser la única práctica punible por suponer una vulneración de la voluntad mediante violencia, engaño o abuso, solo será penada aplicando la mitad superior del castigo previsto. Es decir, en lugar de legislar por los derechos de todas, minimizan la violencia que sufren quienes son realmente víctimas de trata, situación que, sabemos de sobra, no es la de todas las trabajadoras sexuales.

El inciso siguiente, “el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses”, me recordó de inmediato las reflexiones de Virginie Despentes en Teoría King Kong, cuando detallaba las vinculaciones entre la oposición al trabajo sexual por un segmento de la sociedad, da igual que sea de izquierdas o de derechas, cómodamente asentado sobre el contrato matrimonial, atendiendo a su vertiente de intercambio sexual y económico.

Para aprobar esta ley, como explicaba recientemente en redes sociales Kenia García, trabajadora sexual integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y Regularización Ya, el PSOE podría alcanzar 257 votos sumando 137 que otorgaría el PP: “Al igual que en la legislatura anterior, Adriana Lastra (PSOE) acudió a Cuca Gamarra (PP) para negociar su apoyo, en esta, Andrea Fernández (PSOE) dejó claro que volverán a recurrir al PP para conseguir su apoyo. En los últimos meses ha sido el PP quien más ha presionado al PSOE para que volviera a presentar su ley ‘abolicionista’. Hasta hoy han demostrado claras intenciones de volver a apoyar su aprobación, las que lideran fuertemente esta intención son Cuca Gamarra, Marta González Vázquez y Beatriz Fanjul”. De darse, no existiría ninguna paradoja en esta alianza que, a priori, podría parecer forzada. Igual que con el establecimiento de las nuevas políticas migratorias y el negocio de control fronterizo que ratifica el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, PSOE y PP tienen el mismo discurso. Las barreras ideológicas entre ambos partidos se diluyen para darse la mano en aras de su forma visceral de entender el mundo. En cuanto a los derechos de las trabajadoras sexuales y la migración, el bipartidismo español no es más que un retoque estético. El contenido antagónico de sus agendas se funde en los hornos de su pretendida superioridad humana y moral.

Porque son la moral y el dinero, otra vez, aliados y definiendo las políticas públicas de una España que no se revisa jamás a fondo. Un país donde triunfa la industria del rescate por encima de la autonomía política y litigante de la clase trabajadora más empobrecida. Porque cuando tuvimos a Podemos al frente del Ministerio de Igualdad, lo que primó en la relación con los colectivos autoorganizados de trabajadoras sexuales fue la falta de escucha. Una postura cerrada, heredera de una educación pecaminosa de la sexualidad, que determina que la trata de seres humanos es lo que se hace con el sexo de una mujer, aunque sea hecho de forma autónoma, pero no con su vida entera. Que solo es capaz de escandalizarse, al menos un poco, cuando lo que denuncian las trabajadoras temporeras son agresiones sexuales, pero no cuando demuestran las condiciones en las que el Estado español y los empresarios del campo las fuerzan a trabajar, en jornadas de 14 horas bajo el sol y sin asistencia médica, hacinadas bajo techos de uralita sin agua ni electricidad. Porque del más de medio millón de personas que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular, la mayoría siguen siendo mujeres con criaturas a su cargo, y ni el PSOE ni el PP, ni ninguno de los partidos que se encuentran a la izquierda del mapa político, han aprobado o defendido con fuerza la ILP Regularización Ya, que ha sido presentada dos veces en el Congreso.

¿Alguien es capaz de explicar de qué modo una postura feminista puede permitirse no escuchar, silenciar y agredir a otra mujer que habla en nombre propio, que argumenta, en virtud de su experiencia y un larguísimo recorrido político y sindical, los requisitos que debería tener cualquier cambio legislativo que opere en su ámbito de actuación profesional y que condicionará su vida? En mi opinión, no existe la posibilidad de negar los argumentos que esgrimen las trabajadoras sexuales en reclamo de sus derechos laborales porque no existe posibilidad dialéctica de refutarlos. Tal como explica Paula Sánchez Perera en Crítica de la razón puta, “lo llaman debate y no lo es”. No existe un verdadero debate argumental situado entre la perspectiva abolicionista y la proderechos, porque los prejuicios sociales determinan a priori la cualidad y los espacios de un discurso en detrimento de otro. Sin embargo, nadie más que las personas que ejercen el trabajo sexual, en sus complejos procesos internos sobre el estado de la cuestión, están capacitadas para definir las consecuencias de estas políticas. Los debates que llevan a cabo, de alcance internacional, tienen el inmenso honor de sacudir los ejes más oxidados del constructo social, el patriarcado y del machismo.

En el fondo, si al movimiento abolicionista le importara la justicia social, su agenda de abolición sería más ambiciosa y tendría los pies en la tierra. Abolir la carrera armamentística de España y, de paso, el comercio de armas con Israel. Abolir el silencio y la impunidad respecto a la masacre y las numerosas violaciones cometidas por soldados israelís contra mujeres y niñas palestinas en un genocidio que ocurre con la complicidad del Gobierno nacional. Abolir el negocio de las fronteras en el que España participa como laboratorio de tecnología fronteriza. Abolir la pobreza. Los desahucios. Las excesivas penas de cárcel contra mujeres que no encuentran otra salida material que delinquir. Abolir la irregularidad administrativa que pesa sobre cientos de miles de mujeres en este país. Abolir las quitas de custodia a madres migrantes o empobrecidas. Abolir la contratación en origen y el régimen de semiesclavitud que subyuga a decenas de miles de trabajadoras del campo cada año bajo la migración circular.

Tal como revela el reciente informe de la Asociación CATS, es la precarización y la violencia laboral, así como la irregularidad administrativa y las cargas familiares, lo que motiva mayormente la elección del trabajo sexual por encima de otros. Condiciones estructurales también prevalentes en las vidas de los hombres que se dedican al trabajo sexual, sea masculina o femenina su clientela. Tomando las palabras de Georgina Orellano, secretaria nacional de AMMAR y autora del imprescindible texto Puta feminista, “nadie nace para nada. Nadie nace para ser empleada de casas particulares. Nadie nace para lavarle las bombachas a una feminista blanca. Nadie nace para ser policía. Nacimos empobrecidos”. Y para ahorrarles trabajo de preguntar lo de siempre, adelanto que para mí y para las mujeres de mi familia quiero derechos. Que hagamos lo que hagamos tengamos derechos. Que nuestras hijas e hijos tengan derechos; que los tengan las trabajadoras sexuales.