Seis meses después de que entregara la cartera de ministra de Igualdad, Irene Montero relata sentirse con fuerza y energía. En esta entrevista, realizada por videoconferencia, responde con rotundidad, tratando de buscar la palabra más certera y desplegando un discurso muy trabajado. Camisa blanca, rostro sereno y despejado, la seriedad de su tono marca las respuestas.

Después de casi cuatro años en el Gobierno y de ser la segunda responsable de un Ministerio con escasa tradición en la política española, la etiqueta de “ex” no define su momento actual. “Esto no ha hecho más que empezar”, advierte la candidata de Podemos al Parlamento Europeo, en unas elecciones que se celebran en junio y que califica de “disputa ideológica”.

¿Qué balance haces de tu legislatura?

Creo que este Ministerio de Igualdad no puede entenderse sin la ola de un movimiento feminista que, desde 2018, en España lo ha desbordado todo. La función que hemos intentado cumplir desde el Ministerio, y creo que en muchos aspectos la hemos conseguido, aunque todavía quede mucho por hacer, es asentar una nueva generación de derechos feministas en la institucionalidad. Obviamente creo que para una feminista siempre pesa más lo que ha faltado por hacer: que no hayamos podido derogar la ley de extranjería y los reglamentos de extranjería que sitúan en una posición de vulneración clara de derechos a miles de mujeres, que no hayamos sido capaces de aprobar una ley antirracista, que no hayamos podido incrementar todavía más los presupuestos, que, aunque hayamos aprobado tres leyes muy importantes, ahora necesitan ser implementadas. Creo que lo que hemos hecho es mucho más de lo que casi todo el mundo se podía imaginar, pero a la vez me pesa no haber podido hacer muchas de las cosas que sé que siguen siendo tareas pendientes para garantizar los derechos de las mujeres.

Nombras el desborde del movimiento feminista, ¿cómo estás viviendo la reacción machista?

La reacción es del tamaño de las transformaciones que el movimiento feminista está impulsando. No es casualidad que la extrema derecha y los reaccionarios estén poniendo los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en el centro de sus ataques. El feminismo es el proceso político, la conversación social, el movimiento popular con más capacidad de transformación democrática de nuestro tiempo. Los representantes públicos de las derechas, no solo de la extrema derecha, están legitimando la negación de las violencias machistas. Y si también sectores progresistas dicen que este feminismo incomoda a mis amigos de 40 y 50 años, que ha ido demasiado lejos y está poniendo en riesgo un gobierno de izquierdas, es normal que haya gente que piense así.

¿Qué opinas de los días de parón del presidente del Gobierno?

Esa guerra judicial y mediática lleva muchísimos años existiendo en el Estado español. He podido saber bien, como otras compañeras, lo que estaba sintiendo el presidente; pero, sobre todo, me quedo con una sensación de rabia, porque la conclusión es la nada más absoluta, no hay ni una propuesta. Sabemos que es necesario renovar ya el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, derogar la ley mordaza y ser valientes en las medidas que permiten garantizar derechos. Es bueno que ese golpismo no se haya cobrado una pieza tan grande como el presidente del Gobierno, pero lleva muchos años atacando a compañeras feministas en las instituciones y en las calles e intentando disciplinar a toda una sociedad que de forma muy insistente pide avanzar en derechos.

¿Tú sentiste ese apoyo que en cierto modo sí que ha tenido Pedro Sánchez?

Yo nunca he estado sola, esa es una de las lecciones más importante que nos ha enseñado el movimiento feminista: las cosas importantes nunca se consiguen solas y los cambios profundos son una cuestión colectiva, aunque haya compañeras que están temporalmente ocupando posiciones de primera línea o de mayor visibilidad. Siempre he sentido que formaba parte de un colectivo, que lo que pasaba no era una cuestión individual mía. Pero también soy consciente de que me han intentado dejar sola, y eso es parte de lo que consiste la violencia política y la guerra judicial y mediática, que tratan de romper los vínculos de confianza entre nosotras, de hacernos dudar a las unas de las otras y que buscan disciplinar. La ofensiva contra la ley del solo sí es sí buscaba deslegitimar, ridiculizar, poner en cuestión y hacer que todas las mujeres sintiesen dudas y se distanciasen y rompiesen el vínculo de confianza y de compromiso con la lucha feminista. El resultado de toda violencia política y de toda guerra judicial y mediática es frenar el avance en derechos.

“El consentimiento es lo único que determina la diferencia entre la libertad sexual y la violencia sexual”

¿Qué te ha parecido la sentencia del exfutbolista Dani Alves, primero, y su salida de prisión, después?

La sentencia de Dani Alves demuestra que el movimiento feminista ha dado un paso adelante muy difícil de revertir: hay una conciencia social cada vez más grande de que el consentimiento es lo único que determina la diferencia entre la libertad sexual y la violencia sexual. Es una sentencia que presenta muchos aspectos que hasta ahora no habíamos visto en otras sentencias, al menos con esa relevancia. De hecho, lo que solía ocurrir hasta ahora cuando un hombre poderoso se convertía en un agresor sexual era su absoluta impunidad. Pero, a la vez, hago una lectura muy crítica de algunas cosas que han pasado: que por ejemplo se rebaje la condena del agresor porque ha pagado, ha hecho una reparación exclusivamente económica cuando después él mismo y su entorno están revictimizando y generando un relato social de cuestionamiento a la víctima.

Dices que ha quedado claro que el consentimiento es lo único que determina la diferencia entre libertad sexual y violencia sexual, un relato cuestionado por parte del feminismo. Clara Serra, por ejemplo, objeta sobre el marco del consentimiento, y habla de que el concepto de consentir carga a las mujeres con la exigencia de iluminar nuestro deseo, de expresarlo. Ha introducido un debate filosófico interesante, ¿qué te parece esta otra postura?

No estoy de acuerdo, creo que uno de los pasos más importantes que damos en la comprensión de las violencias sexuales es precisamente pasar del no es no al solo sí es sí. El no es no, en mi opinión, significa básicamente asumir que puede ser cierto que las mujeres seamos cuerpos a disposición de los hombres y que el límite está cuando nosotras decimos “no”, que solo si decimos “no” podemos hablar de una violencia, pero todo lo demás implica un nosotras a disposición de ellos. El cambio al solo sí es sí es afirmar nuestro derecho a la libertad sexual, que es lo que creo que tiene que estar en el centro. Hay muchas mujeres que no pueden decir “no”, que se quedan paralizadas, que han consumido drogas, que han sido drogadas, cualquier circunstancia, si no dicen “no” también puede ser una agresión sexual y también puede haber violencia, y eso me parece un paso muy importante en la comprensión de las violencias.

¿Puede una ley cambiar una sociedad o la cultura de la violación?

Normalmente las leyes no llegan solas, son el resultado de un proceso de transformación y de lucha que en este caso ha llevado a cabo el movimiento feminista. Pero también creo en la capacidad del trabajo institucional feminista para promover conversaciones sociales y creo en la capacidad de las políticas públicas feministas no solo para asentar consensos previamente construidos, sino para ser una herramienta con la que promover el debate social. El movimiento feminista es consciente de que necesitamos poder para transformar las cosas y por tanto necesitamos estar en todos los espacios donde se toman decisiones, sean las instituciones, los gobiernos, los parlamentos, los medios de comunicación, la justicia, el ámbito de la cultura, cualquier espacio donde se toman decisiones o donde se puede promover esa conversación social que haga nuevas preguntas y que ponga preguntas donde hasta ahora había naturalización de desigualdades y de violencias.

“Es muy grave lo que el patriarcado hace en los sistemas de justicia”

¿No previsteis desde el Ministerio lo que podía pasar con la ley del solo sí es sí y las rebajas de condenas? ¿Hubo algo que no se hizo bien?

Me parece muy interesante que, por ejemplo, con la ley de amnistía todo el mundo, cuando ve la reacción de la derecha judicial y mediática, diga “es que son jueces haciendo política”, y nadie le pregunta al presidente del Gobierno o a ningún ministro del Partido Socialista si hay algo que está mal hecho. ¿Por qué asumimos con tanta normalidad que existe una derecha judicial y mediática que está haciendo política contra la amnistía y nos cuesta tanto asumir que también hay machismo judicial y mediático que le hizo la guerra a la ley solo sí es sí? Para mí, hubiese sido más fácil decir que la parte penal es responsabilidad del Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista, pero tengo muy claro que la ley no estaba mal hecha y que el problema no ha sido un error en la ley o una falta de previsión de la reacción judicial y mediática, sino que han decidido golpear con tanta fuerza como dimensión y profundidad tenía la transformación que habíamos hecho con esa ley, que era por primera vez obligar al Estado a tener responsabilidades frente a todas las víctimas de violencia sexuales. Claro que sabíamos que esa reacción iba a venir, quizá no es lo mismo saberlo que vivirlo, eso te lo reconozco. Es la propia Naciones Unidas quien nos alerta, en su recomendación general 35 del Comité CEDAW, de que existe la justicia patriarcal y de que los sesgos patriarcales en la justicia y en los operadores de justicia pueden llegar a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia. Es muy grave y de mucha profundidad lo que el patriarcado hace en los sistemas de justicia. En 2004, cuando llegaban mujeres víctimas de violencia de género a denunciar casi 200 juzgados plantearon cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional tardó cuatro años en reconocer la constitucionalidad de la ley, y durante esos cuatro años las mujeres estuvieron desprotegidas. Siempre que hay un avance en derechos feministas hay una reacción.

¿Se puede tener una postura no tan claramente punitivista desde el Gobierno?, ¿es posible salirse de ese marco de sistema penal en los espacios de poder?

Quizá no todo lo que nos gustaría, pero sí es posible hacer políticas públicas feministas, que para mí tienen un claro componente antipunitivista y una clara perspectiva de derechos humanos. Lo fundamental a la hora de abordar violencias estructurales, como son las violencias machistas, no son las penas; o, por decirlo de otra manera, penas más grandes no aseguran más justicia para las víctimas. Lo fundamental de la ley no es la parte penal, sino toda la parte integral: los mecanismos de prevención y de detección precoz de la violencia, la creación de los centros de crisis, entender que el Estado tiene obligaciones con las víctimas y que las víctimas son víctimas, aunque no pongan denuncia y, por tanto, aunque no haya condena contra los agresores. No es incompatible ser antipunitivista con defender que las mujeres tenemos derecho a que los sistemas de justicia dejen de ser patriarcales. Tenemos derecho a construir una institucionalidad feminista y para muchas mujeres eso también es central en su proceso de reparación.

“Hay una eterna presunción de que nosotras somos intrusas en el Gobierno”

¿Por qué no te plantaste con la masacre de la valla de Melilla y ante la política de fronteras del Gobierno?

Sí nos plantamos y, de hecho, esto junto con el envío de armas a Ucrania han sido dos de las grandes crisis en las que el Gobierno ha estado realmente en riesgo. El Ministerio de Derechos Sociales y yo misma trabajamos para modificar la posición del Gobierno y dijimos claramente que era una violación de los derechos humanos, y usamos todos los recursos que dependían directamente de nosotras. Es evidente que cualquiera puede decir que cuando no consigues algo eso tiene que provocar tu salida del Gobierno, pero creo que detrás de esa idea hay una eterna presunción de que nosotras somos intrusas en el Gobierno y que la legitimidad real de aplicar las políticas de Gobierno era solo del Partido Socialista. Entiendo que pueda ser una posición que genere críticas, pero si alguien se tiene que ir del Gobierno es quien no respeta los derechos humanos, quien permite que se vulneren los derechos humanos. Y flaco favor creo que nos hubiésemos hecho si el resultado de esa falta de compromiso, en este caso del Partido Socialista, con los derechos humanos hubiese provocado que las que estábamos empujando transformaciones en el Gobierno de coalición lo hubiésemos tenido que dejar de hacer. Porque es evidente que todo lo que tiene que ver con el antirracismo y la política migratoria muy en particular es un hueso duro de roer en el Estado; precisamente por eso hace falta tener posiciones de poder para conseguir cambiar una cosa que nunca nadie ha querido cambiar.

“Una de las tareas pendientes que ha sido más difícil de asumir es lo que tiene que ver con las políticas antirracistas”

Precisamente una de las críticas que se te ha hecho en determinados sectores del feminismo es la poca determinación para sacar adelante la ley antirracista.

Acepto las críticas; primero porque creo que forman parte de un proceso más amplio en el que muchas compañeras racializadas denuncian que no solo las instituciones ejercen racismo de manera estructural y que hay un racismo institucional, sino que también las feministas tenemos que preguntarnos a nosotras mismas desde qué posiciones hablamos si tenemos una posición de privilegio. Acepto esas críticas y acepto también la rabia o la agresividad o la contundencia con la que esas críticas se me expresan. Y creo que una de las tareas pendientes que para nosotras ha sido más difícil de asumir es todo lo que tiene que ver con las políticas antirracistas, no solo la ley antirracista, que la trabajamos durante toda la legislatura y que la podríamos haber empezado a tramitar, pero el PSOE no nos lo permitió. Igual que en otros temas sí fuimos capaces de que la acción política del Ministerio impulsase un debate social, no lo conseguimos en igual intensidad con el antirracismo, tenemos que aceptar esa crítica y ponernos a trabajar. No obstante, aunque todo haya sido insuficiente, la perspectiva antirracista y de derechos humanos siempre ha estado presente en todas las políticas que hemos impulsado. Aunque creo que hemos hecho mucho más de lo que se ha hecho en otras legislaturas, ha sido uno de los temas en los que en los que podríamos haber avanzado más.

¿Y asumes la crítica de no reunirte con algunos colectivos?

Sí, la asumo porque seguro que hay muchos colectivos antirracistas con los que no me he reunido, también hay muchos con los que sí y está ahí. Creo que no hemos conseguido que ese trabajo tuviese tanto foco mediático.

El PSOE ha retomado la cuestión de la tercería locativa, un tema que estuvo en la mesa durante tu etapa como ministra. ¿Se puede hablar de prostitución o de trabajadoras sexuales y de tercería locativa dejando de lado la ley de extranjería?

Siempre estuvo la propuesta del Ministerio de Igualdad de derogar la ley de extranjería para garantizar los derechos de las mujeres que están en contextos de prostitución, aunque siempre recibimos la negativa a abordarlo. La prioridad de la institución, y así lo entendimos nosotras desde el principio, en cuestión de mujeres en contextos de prostitución es perseguir a la industria proxeneta, algo que no se hace en este país. Los proxenetas permanecen en la más absoluta impunidad, mueven millones de euros en dinero negro al día y lo que hacen es lucrarse de la explotación sexual ajena, por tanto, se lucran con una violencia sexual y eso tiene que dejar de existir en nuestro país y creo que en eso estamos de acuerdo todas, independientemente de que nuestra postura sea más regulacionista o más abolicionista o proderechos. Creo que nuestra función no es resolver este debate, que además en los movimientos feministas en el Estado español tiene un larguísimo recorrido, sino garantizar los derechos humanos, y es donde más hemos intentado trabajar. Yo soy abolicionista pero no le niego la autonomía sexual a una mujer, ni voy a decir que cuando una mujer dice que ejerce libremente la prostitución me esté mintiendo o no pueda decir eso. Cuando hablamos de mujeres que están en contextos de prostitución, la pregunta es por qué los hombres tienen instituciones a su servicio que les permiten creer que nuestros cuerpos están a su disposición; hay que trabajar por garantizar los derechos de las mujeres que están en esos contextos, sean víctimas o no de violencia sexual, y eso implica por garantizar que puedan tener acceso a la vivienda, que puedan tener acceso al ingreso mínimo vital, que puedan tener papeles. Y luego perseguir a la industria proxeneta, hay que trabajar en el marco de la desincentivación de la demanda, que pasa sobre todo por la educación sexual y es una tarea que tiene muy poco que ver con lo penal, que es por donde van más las propuestas del PSOE, que no son de corte prohibicionista. Todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en contextos de prostitución no se aborda desde el Código Penal, aunque yo soy partidaria de penar a los puteros que consumen prostitución de mujeres víctimas de trata.

¿Y te sientes interpelada cuando las mujeres en contextos de prostitución o las trabajadoras sexuales dicen que no se las escucha o que se las infantiliza?

Seguramente no estén de acuerdo con la línea política que ha seguido el Ministerio. A lo mejor no es tanto que no las hayamos escuchado, porque hemos escuchado a muchas voces, sino porque hemos tomado unas decisiones que a ellas no les gustan, y están en su legítimo derecho de criticarlas. Cuando una es ministra, siempre tiene que aceptar esas críticas, porque incluso aunque tú creas que has escuchado, tu interlocutora puede sentir que no lo has hecho o a lo mejor está expresando con esa crítica algo que también es legítimo, que es decir “oye, nosotras hemos pedido que hagas esto y no lo has hecho”. La tarea de un Ministerio es escuchar muchas voces y después tomar decisiones. Cuando una mujer está defendiendo sus derechos, se está organizando, incluso aunque yo no piense como ella, merece todo mi respeto.