Lago Agrio. Aunque el cartel evoque lo contrario, es una de las puertas al mundo de la Amazonia ecuatoriana. Densidad de selva. Ríos arrolladores. Biodiversidad inabarcable. El nombre de este cantón fronterizo con Colombia está teñido de negro, de azabache arrasador. Topónimo por traducción del Sour Lake texano, en Estados Unidos, la actual ciudad de Lago Agrio nació como un campamento petrolero. El crudo extraído durante décadas de este verde rincón de Ecuador dejó contaminación y muerte. Y una sentencia histórica.

En 2011, la petrolera estadounidense Texaco, filial de Chevron, fue condenada a pagar más de 6.000 millones de euros de compensación por sus 25 años de actividad en el país latinoamericano: talas, desbroces, vertidos, balsas de desechos sin protección, incendios… 480.000 hectáreas de tierras y ríos destruidas, además de los graves problemas de salud y sociales para la población de la zona, eminentemente indígena. Hasta aquí llega la parte del hito judicial, nada baladí, pues condenar a una empresa transnacional, sobre todo fuera de su país de origen, es una rara avis.

Y a partir de aquí es el turno de la parte “espuria”, como lo califica Adoración Guamán, quien cuenta con una amplia trayectoria allí donde las transnacionales arrollan los derechos humanos. Tras la sentencia, Chevron-Texaco se marchó de Ecuador: lo hizo dejando escasos 300 dólares en sus cuentas bancarias. Profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de València y ex alto cargo de la Comunidad Valenciana, Guamán conoce los entresijos de este simbólico caso. Cuenta que los abogados de las víctimas persiguieron a la compañía en otros países en los que también tenía negocios, pero la petrolera respondió “usando de manera espuria y creo que ilegal el tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. Demandó a Ecuador ante un tribunal de arbitraje en La Haya”.

El ejemplo de Chevron-Texaco ilustra “la arquitectura jurídica de la impunidad” a la que se refiere el profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Juan Hernández; un entramado que el también miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) divide en dos patas: la vulneración o destrucción de los derechos humanos y la “rerregulación” del poder corporativo.

“Las transnacionales tienen más poderes que los Estados. El derecho internacional no contempla mecanismos precisos para condenar a una transnacional y el derecho nacional no es suficiente porque estas empresas se descentralizan y ramifican para evitar este derecho”

La Haya ha determinado que la sentencia de la petrolera estadounidense se alcanzó de forma fraudulenta “y que el Estado tiene que comprometerse a no ejecutarla; es decir, tiene que perdonar esos 6.000 millones. Y puede ir a peor porque se puede condenar al Estado ecuatoriano”, explica Guamán. Así opera la “asimetría normativa” de la que hablan varias de las fuentes consultadas. La militante feminista Júlia Martí, doctora en Estudios de Desarrollo, ahonda en la dimensión que alcanza esta desigualdad jurídica: “Si algún proyecto se echa para atrás o se paraliza, la empresa puede demandar al Estado; en cambio, las comunidades del afectadas solo tienen los sistemas judiciales nacionales”.

La Unión de los Afectado/as por Texaco organizó el 21 de mayo de 2019 una de sus últimas acciones de protesta bajo el lema ‘¡Derechos para las personas, reglas para las empresas, STOP ISDS!’. El ISDS es el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados, un tribunal de arbitraje creado para atender las demandas de los inversores que está presente en la gran mayoría de los tratados de libre comercio e inversión. Mientras esta especie de justicia paralela y de acceso limitado dicta sentencia, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder al sistema judicial. “Las transnacionales tienen más poderes que los Estados. El derecho internacional no contempla mecanismos precisos para condenar a una transnacional y el derecho nacional no es suficiente porque estas empresas se descentralizan y ramifican para evitar este derecho”, completa Guamán.

Y así es como este contexto jurídico, de aristas asimétricas y desiguales, provoca que la criticable impunidad no permanezca oculta. Se trata más bien de un engranaje que solo mira en favor de la maximización de beneficios, a cualquier precio.

¿Quién mató a Samir?

El comunicador popular Samir Flores fue asesinado por su oposición al Proyecto Integral Morelos que se levanta en centro de México y que abarca un gasoducto, dos centrales térmicas de ciclo combinado de gas, un acueducto y una línea de alta tensión. El proyecto fue anunciado en 2010 y dos años después comenzaron las obras. En febrero de 2019 mataban a Flores. Fue tres días después de su muerte cuando se celebró la consulta a la que tienen derecho los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que dicho plebiscito popular debe formularse de manera previa, libre e informada.

Desde el inicio el megaproyecto, en el que participan las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, despertó gran resistencia de las comunidades de la zona, que lamentan el acaparamiento de agua en un área eminentemente agrícola, así como el riesgo que supone para sus vidas, entre otras cuestiones, por la cercanía del volcán Popocatépetl, activo en la actualidad. También denuncian episodios de violencia, criminalización, amenazas, acoso y encarcelamientos. Entre las diversas estrategias de resistencia comunitaria destaca el plantón que funcionó durante cuatro años, hasta que fue desalojado a finales de 2020, lo que permitió que una termoeléctrica comenzara a operar, pasando por encima de diversos amparos judiciales, tal y como denuncian las propias comunidades.

“Hay una economía criminal y una economía legal. Y en este capitalismo del siglo XXI, cada vez es más complejo tener claro dónde acaba una economía y dónde empieza la otra”

El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se mostró contrario al proyecto antes de llegar al poder. Una vez instalado en el Palacio Nacional, calificó a los colectivos opositores como “radicales de izquierdas”. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua advirtió que las declaraciones del presidente “en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó a los defensores de la tierra y el agua podrían generar mayor violencia”. Unos días después fue asesinado Flores. Su crimen sigue impune y sin detenidos, a pesar de que el fiscal del Estado de Morelos anunció que se había identificado a los supuestos implicados y de que un gobernador aseguró que el fiscal no decía los nombres por “miedo”. Sea por miedo, sea por impunidad o sea por lo que sea, no ha habido justicia.

La clandestinidad de los grandes proyectos también tiene que ver en muchos casos con la violencia. “Hay una economía criminal y una economía legal. Y en este capitalismo del siglo XXI, cada vez es más complejo tener claro dónde acaba una economía y dónde empieza la otra”, incide Martí, quien ha documentado la situación de Morelos. “La violencia y el clima social beneficia a ciertos negocios”, añade.

¿Qué pasaría si el Gobierno mexicano decidiera parar el Proyecto Integral Morelos? Es probable que las empresas extranjeras implicadas demandaran al Estado. De hecho, Abengoa ya lo hizo en 2009. ¿El motivo? La paralización de un vertedero de residuos tóxicos instalado a solo dos kilómetros de una reserva natural. Un tribunal de arbitraje ligado al Fondo Monetario Internacional condenó a México a pagar unos 40 millones de euros a la firma española. “Esto se tiene que reequilibrar, debe haber regulaciones internacionales y una corte internacional donde las comunidades puedan demandar a estas empresas en un órgano internacional”, lanza Júlia Martí.

Entre 1987 y 2019 se han recogido al menos 674 procedimientos ISDS, según los registros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercios y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Un 60 por ciento de los casos se resolvió a favor de las compañías inversoras. “Se ha pedido la eliminación de esos tribunales, pero no tenemos fuerza suficiente. Pedimos que se cree un tribunal internacional al que puedan recurrir las empresas y los Estados si quieren, pero también las comunidades y cualquier persona”, completa Juan Hernández, quien considera que hay “una justicia para ricos y para elites”.

Tratado vinculante

Intentos para crear otro sistema ha habido muchos, de cuestionable éxito. “Desde los años 70 se han desarrollado distintas iniciativas en el plano de la voluntariedad que han sido una posibilidad para lavar a la cara a las transnacionales y para que asumieran una responsabilidad social que no ha sido suficiente”, cuenta Adoración Guamán por teléfono. En su currículo consta que fue asesora gubernamental en Ecuador, donde trató de impulsar el Tratado Vinculante en el marco de la ONU. Esta iniciativa, promovida inicialmente por el país latinoamericano con el apoyo de Sudáfrica, recogía las demandas de colectivos sociales de todo el mundo. “Al principio Ecuador tuvo una postura muy cercana a los colectivos sociales y con una serie de líneas rojas: incluir responsabilidades directas para las empresas, la prioridad de los derechos humanos por encima de los tratados de libre comercio e inversión, la responsabilidad extraterritorial… El objetivo era crear un nuevo paradigma de derecho internacional capaz de sujetar a las transnacionales”, rememora.

Corría el año 2014 cuando Naciones Unidas aprobó la Resolución 26/9. El propósito: elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales, es decir, para lograr una mayor justicia. Así intentó nacer el citado Tratado Vinculante. La tarea no era fácil. Años después, el panorama geopolítico ha cambiado mucho y el Ejecutivo de Ecuador es otro. “El propio Gobierno ecuatoriano muestra voluntad de debilitar el texto y de acercarlo a lo que habían sido los postulados de la Unión Europea, que desde un principio se manifestó reticente y contraria a la negociación porque no quería responsabilidades directas a las empresas. Los resultados cada vez se alejan más de lo esperado”, añade Guamán.

“El capitalismo tiene interiorizado que la propia muerte forma parte de su manera de gestionar. Y si la tarta ya no puede crecer y las elites quieren seguir aumentando sus beneficios, tienen que extremar sus prácticas contra los pueblos y las gentes; tienen que matar, tienen que precarizar y tienen que expulsar”

Mientras este proceso sigue su curso, la Unión Europea trabaja en (y ojo porque aquí el lenguaje jurídico se enroca) una directiva sobre la diligencia debida de las empresas. Como si el bloque comunitario quisiera jugar al despiste y “mover la atención del Tratado Vinculante”, puntualiza Guamán. Hernández lo considera “una sofisticación del derecho blando”, es decir, de todas aquellas normativas que no son obligatorias, sino medidas voluntarias que pueden instaurar las transnacionales. Si las quieren cumplir, bien, y si no, tampoco pasa nada. “La empresa dice qué va a cumplir, cómo y qué va a asumir”, explica el profesor de la UPV/EHU. En definitiva, que una de las patas del negocio de la impunidad es esa “rerregulación” que protege a las empresas con normas imperativas mientras que las pide correcciones voluntarias.

Para explicar la otra pata, la vulneración o destrucción de los derechos humanos, Hernández habla de tres características paralelas en la pérdida de derechos que está sufriendo la ciudadanía. Primero, la precariedad. Segundo, la “expulsión por desposesión”, que tiene que ver con la llegada de las transnacionales y que “provoca desplazamientos forzosos”. Y, tercero, el necrocapitalismo o la necropolítica: “El capitalismo tiene interiorizado que la propia muerte forma parte de su manera de gestionar. Y si la tarta ya no puede crecer y las elites quieren seguir aumentando sus beneficios, tienen que extremar sus prácticas contra los pueblos y las gentes; tienen que matar, tienen que precarizar y tienen que expulsar”.

La sociedad civil sigue buscando vías para equilibrar ambas partes. Júlia Martí explica, por ejemplo, que en el Estado español se está trabajando para presentar algún caso de “extraterritorialidad”, es decir, para demandar a una empresa en su país de origen por crímenes que se hayan cometido en otro territorio.

Defensoras

Berta Cáceres, lideresa del pueblo hondureño lenca y opositora a la hidroeléctrica Agua Zarca, fue asesinada en marzo de 2016. Los autores materiales del crimen fueron condenados en 2019 y, en julio de 2021, la justicia hondureña culpó por sus vínculos con quienes apretaron el gatillo a David Castillo, expresidente de DESA, la compañía que iba a construir la represa. “Es una sentencia histórica. Se llegó a uno de los operadores políticos, clave para demostrar la implicación de la empresa y de otras estructuras de poder”, explica la defensora de derechos humanos Marusia López. En este caso, los hechos no han salpicado a los fondos internacionales con los que contaba el proyecto y que se fueron cancelando progresivamente durante el juicio.

El crimen contra Berta Cáceres es uno de los pocos en los que se ha logrado señalar directamente a la empresa. Tal vez, la visibilidad que tenía la defensora ha logrado que su asesinato no pase desapercibido, como ocurre habitualmente, y que no quede del todo impune. La visibilidad de las defensoras es una estrategia de efectos diversos. “Visibilizar qué consecuencias tiene para las mujeres defender sus territorios y la vida está bien para humanizar y decir que hay cuerpos y personas, pero se corre el riesgo de generar heroínas descontextualizadas”, reflexiona Júlia Martí. Desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras trabajan en la noción de protección colectiva con una mirada feminista que “consiste en tener arraigo en el territorio y sentirnos apoyadas por la comunidad. Cuando existe un tejido social fuerte, solidario y bien organizado, es más difícil que los perpetradores de la violencia consigan amedrentar, dividir y detener el trabajo por los derechos humanos”, escriben las defensoras Lolita Chávez y Marusia López.

Este reportaje fue publicado en el anuario número 9 de Pikara Magazine, que puedes comprar en nuestra tienda online.