“Nos las arrebataron, pero han florecido en cada una de nuestras luchas. Las recordamos y las honramos”. Con la voz suave y la sensibilidad a flor de piel, Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), rememoró a las 200 mujeres asesinadas entre 2012 y 2023 por su defensa de los derechos humanos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México, tiempo en el que hubo otros 238 intentos de asesinato. Las cifras las recoge el informe de la IM-Defensoras ‘Datos que nos duelen, redes que nos salvan’, que ha sido presentado en Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri. El documento, del que de momento solo se ha publicado el resumen ejecutivo, resalta que, de los 58 asesinatos de defensoras documentados entre 2020 y 2022, un 40 por ciento fueron contra mujeres trans.

La organización feminista IM-Defensoras documenta agresiones desde hace más de una década y realiza un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas. En suma, ha recogido un total de 28.863 agresiones contra 7.738 defensoras y 880 organizaciones. Unos dolorosos datos que van en aumento: en 2023 hubo un incremento del 13 por ciento con respecto al año anterior.

“No se puede hablar de seguridad, desarrollo y democracia, cuando no se puede levantar la voz en contra de las injusticias. Estamos viviendo un modelo cruel con los pueblos en resistencia”, apuntó López en un acto coorganizado junto con la oenegé Mugarik Gabe. “Nuestra oposición es una amenaza al poder. Los grupos de poder necesitan un sistema desigual para pervivir”, añadió la portavoz de la Iniciativa.

La mayoría de las agresiones (23 por ciento) han sido por defender el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Desde la organización destacan las sufridas por las colectivas de buscadoras en México, las Madres de Abril en Nicaragua o las familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción, en Guatemala. Un 15,6 por ciento de las agresiones fueron perpetradas contra mujeres u organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes de la naturaleza. Este porcentaje, traducido en nada menos que 4.504 agresiones, acoge el asesinato de Berta Cáceres en 2016, en Honduras. “El asesinato de Berta fue un punto de inflexión para tomar más conciencia de hasta dónde pueden llegar las políticas represivas. Desde Berta, los asesinatos han crecido en Honduras”, apuntó Marusia López.

“Las redes salvan, incluso en momentos de muerte y de represión dura”

El Estado, agresor

Junto a López estaba Dalila Argueta, defensora hondureña que tuvo que salir de su país en 2019 para proteger su vida. Amenazada por la defensa del río Guapinol y por su oposición a una minera, ahora vive exiliada en el País Vasco y forma parte de la casa de defensoras Basoa: “Los datos duelen muchísimo, no sé cuántas veces he llorado leyendo el informe”.

La defensa de la información y la libertad de expresión, de la educación, de los pueblos indígenas, de los sexuales y reproductivos, de la población LGTBIQA+ o de la participación política son otros de los derechos defendidos y que han provocado agresiones.

El registro de las cifras también muestra que en el 45 por ciento de los casos los agresores fueron actores vinculados al Estado: cuerpos policiales (22,9 por ciento); autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales (17,2); y fuerzas militares (4,9). “Las instituciones gubernamentales están cooptadas y protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y a otros poderes fácticos (corporativos, crimen organizado, jerarquías religiosas, monopolios de la comunicación, etcétera)”, recoge el informe. Las empresas y el crimen organizado también aparecen en la lista de agresores, junto con grupos fundamentalistas y antiderechos.

“No hay Estados débiles, todos funcionan perfectamente a la hora de reprimir o encarcelar”

Significativo es el caso de Nicaragua: entre 2018 y 2022, el Ejecutivo de Daniel Ortega canceló 233 organizaciones que trabajaban por los derechos de las mujeres, las niñas y la juventud. “No hay Estados débiles, todos funcionan perfectamente a la hora de reprimir o encarcelar. Los procesos de criminalización son rápidos, pero en cambio no funcionan para investigar los asesinatos. Existe una complicidad entre los actores estatales y los privados, que usan recursos del Estado para la represión”, denunció López.

Protección integral feminista

En su recuerdo de Berta Cáceres, Marusia López incidió en que “las redes salvan, incluso en momentos de muerte y de represión dura”. Unas redes que salvaron a Dalila Argueta: “El mecanismo de protección de la IM-Defensoras, que nosotras creamos y nos mantiene vivas, salvó mi vida”. La defensora hondureña explicó que, aunque salió tres meses de su país para bajar el perfil, lleva cinco años fuera porque el riesgo la impide volver a casa: “Aquí estamos, rebeldes, vivas e indignadas”.

“El mecanismo de protección de la IM-Defensoras salvó mi vida”

El informe cuenta que la IM-Defensoras lleva más de 13 años impulsando lo que llaman protección integral feminista, un pacto entre defensoras de diferentes movimientos sociales, identidades y territorios para enfrentar juntas las violencias que las afectan, a través de la articulación en redes nacionales, una alianza regional y diversas estrategias de seguridad, autocuidado, cuidado colectivo y sanación. “Las defensoras continuamos apostando por la vida y construyendo esperanza”, recoge el informe. Algo que también confirma Dalila Argueta: “La protección integral feminista es la que nos mantiene con el corazón latente”. La investigación tiene una clara perspectiva de género y ha documentado que el 39 por ciento de las agresiones implicaban discriminación basada en el género: “La violencia sociopolítica contra defensoras descrita en este informe se manifiesta en nuestros cuerpos como parte de un continuum de violencias patriarcales, clasistas y racistas”.

La presentación del estudio fue un momento de cierta catarsis, también de dolores compartidos, lágrimas, emoción y agradecimiento. Varias defensoras de Mesoamérica y migrantes en el Estado español que estaban de oyentes tomaron la palabra para contar situaciones personales. “El éxito de esta batalla es que estemos vivas y ser parte del cambio, y para eso tenemos que cuidarnos”, apuntó una nicaragüense a la que el Gobierno de Ortega le ha arrebatado la nacionalidad.

Los impactos en los cuerpos y en la salud de las defensoras fueron otro de los asuntos compartidos en las intervenciones. Dalila Argueta, por ejemplo, recordaba sus noches sin dormir. El informe de la IM-Defensoras hace hincapié en la importancia de los cuidados y de las redes. “No queremos un mundo donde seamos activistas desechables”, cerró Marusia López.