En la selva del Darién, Antonio e Ibrain vieron a un perro parecido al que habían dejado en Venezuela cuando decidieron migrar. Cuando lo cuentan, los dos se emocionan. Han tardado dos días y medio en cruzar la selva: primero, la parte colombiana; después, la panameña. El Tapón del Darién es uno de los puntos más peligrosos en la ruta migratoria americana hacia Estados Unidos. “Nadie te cuenta lo que es la selva, aunque la haya pasado, nadie te dice de verdad lo que es”, dice Ibrain. “Es llegar a la bandera [que marca la frontera con Panamá] y ahí empieza la verdadera jungla”, completa Antonio.

Están sentados en torno a una mesa en Casa Esperanza, un refugio para personas migrantes en Los Chiles, Costa Rica, frontera norte del país centroamericano con Nicaragua. La zona de Los Chiles es territorio de los talibanes. Así se llama a las mafias que operan ahí recogiendo a personas migrantes como Antonio e Ibrain que llegan desde el sur en los autobuses contratados por el Gobierno. Los talibanes recogen a las migrantes en la Terminal, la estación donde paran los autobuses en este cantón de la provincia de Alajuela. Al parecer, el pueblo bautizó como talibanes a esta red organizada porque les parecían comparables al grupo terrorista, pero el origen del nombre no está claro. Lo que sí es evidente es que trasladar a personas migrantes de la Terminal a un hotel por 1.000 colones (dos dólares). Es mucho más rentable que trabajar en la piña, una de las pocas opciones de empleo de la zona. Así que mucha gente en Los Chiles ha montado su negocio en torno a la migración. Hasta allí la gente llega en autobús directamente desde el sur, de la ciudad costarricense de Paso Canoas, donde una línea amarilla pintada en el suelo marca la frontera con Panamá y a donde llegan después de cruzar a selva del Darién.

La Terminal, en Los Chiles. / Foto: Teresa Villaverde

Campamento en la terminal Los Chiles. / Foto: Kike Molina (Alboan)

La mesa es redonda y con ellos se sientan Victoria, de Colombia; Lizeth, de Ecuador; Xiomara y Zaira, dos hermanas de Colombia. Nadie quiere decir sus apellidos. Todas tienen entre 28 y 32 años. Todas han dejado a alguien atrás. Lizeth, Xiomara y Zaira, a sus criaturas, a las que enviarán dinero. Todas quieren llegar a Estados Unidos. “Nosotras hemos tardado cuatro días [en cruzar la selva] porque en el camino nos encontramos a un grupo que tenía siete niños y les ayudamos a seguir con ellos y ellos nos dieron comida. Para pasar algunos ríos hacíamos una cadeneta para que los niños pasaran agarrándose a nuestros brazos”, cuenta Zaira.

Una búsqueda rápida en redes sociales con el hashtag #Darien muestra infinitud de vídeos de migrantes que están cruzando la selva. Los primeros resultados suelen tener los títulos más sensacionalistas y los reclamos amarillistas enfangan la posibilidad de encontrar información útil. Muchas personas se enfrentan a este camino sin la ropa o el calzado adecuados. Sin comida suficiente. Las agencias ofrecen paquetes de distintos tipos para completar el trayecto. Ofertan viajes como si de turismo se tratara. “Es una extorsión continua”, dice Victoria. “En la parte colombiana están los que llevan las camisas verdes y te acompañan hasta la bandera. Luego si quieres que lleven el equipamiento, por ejemplo, pagas más”, explica Antonio. Los camisas verdes a los que se refiere pertenecen, probablemente, al Clan del Golfo, uno de los principales carteles de narcotráfico de Colombia que, según la organización Human Rights Watch, controla el flujo migratorio en el Tapón del Darién. La guía por la selva hasta la bandera son unos 170 dólares. Todo es comprable y hará que la travesía sea más o menos dura: desde pasar los ríos en lancha hasta conseguir comida, tiendas de campaña o buen calzado. Si cuentas con pocos recursos, estás a tu suerte.

La estrategia de externalización de fronteras ha provocado que el Tapón del Darién haga de contención migratoria lejana de Estados Unidos

El objetivo final de la mayoría de gente viaja por este paso fronterizo es llegar a Estados Unidos, pero antes tienen que cruzar varios países de Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. El último tramo, ya en territorio norteamericano, es México. Si en el discurso racista estadounidense la frontera mexicana se plantea como el lugar crítico que hay defender para salvaguardar el país de la migración, la estrategia de externalización de fronteras ha provocado que, en la actualidad, el Tapón del Darién haga de contención migratoria lejana de Estados Unidos, dificultando el tránsito de las personas que quieren llegar hasta allí. Una primera criba. Algo similar al Mediterráneo como primera frontera europea que aleja el problema de los países del norte de continente. De hecho, Human Rigths Watch denuncia que ni los gobiernos centroamericanos ni el estadounidense están tomando las medidas necesarias para garantizar un tránsito seguro e informado. Esto a pesar de —o quizá precisamente por— el gran aumento del flujo migratorio en los últimos años. Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, si entre enero y febrero de 2022 pasaron 8.964 personas por el Darién, en 2023 fueron 49.291 y en los mismos meses de 2024 han sido 73.167. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó que en 2023 desaparecieron al menos 1.275 personas en su recorrido por el continente americano —la cifra de desapariciones en el Mediterráneo para el mismo año según la OIM es de 3.155—. Lo que no está claro es cuántas se han dado en la selva y los gobiernos panameño y colombiano se acusan entre sí de no estar llevando la cuenta. Las autoridades panameñas contabilizaron 124 cadáveres en esta selva entre enero de 2021 y abril de 2023, pero es probable que la cifra sea mucho más alta.

“Todas las mujeres que hemos escuchado cuentan que han sido toqueteadas. Ingresan sus manos en la vagina para ver si tienen dinero”

En la espesura, el terreno provoca caídas y roturas que dificultan o impiden seguir. La falta de agua obliga a beber de ríos no potables y las bandas armadas extorsionan a las personas en tránsito. A esto se suma la violencia sexual, especialmente contra las mujeres. En 2024 Médicos Sin Fronteras dio atención psicológica a unas 5.000 personas al mes, la mayoría por violencias sexuales, y alertó del aumento de ataques brutales en la selva. Tras denunciarlo, el Gobierno de Panamá suspendió toda la actividad médica de la oenegé en el Darién, alegando que no contaban con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud, convenio que llevan intentando renovar desde octubre de 2023. “Todas las mujeres que hemos escuchado cuentan que han sido toqueteadas. Ingresan sus manos en la vagina para ver si tienen dinero. Hay cinco grupos que están [operando] en el paso del Darién. Si tienen suerte igual solo se topan con tres, si pasan por los cinco, en los cinco les agarran. Pero interponer denuncias supone quedarse en Costa Rica, y están de paso. A los hombres no les inspeccionan [los genitales], solo a las mujeres”, explica una trabajadora de unas de las oenegés que trabajan con migrantes en Costa Rica. Prefiere no decir su nombre ni el de su organización porque, si le relacionan con este tipo de información en una búsqueda rápida en Google, teme no poder entrar en Nicaragua si lo necesita por algún proyecto. “Ya ha pasado”, asegura. A esto se suma que si las mujeres quedan embarazadas en el tránsito, llegan a Costa Rica donde el aborto voluntario no es legal y la píldora del día después cuesta unos 40 dólares.

Antonio, Ibrain, Victoria, Lizeth, Xiomara y Zaira. Las seis tienen clavadas en la memoria las personas a las que pudieron ayudar y a quiénes no. Antonio e Ibrain recuerdan que había una mujer con la cadera rota a la que el marido dejó atrás para ir a pedir ayuda y a la que Ibrain y Antonio acompañaron. Por suerte, vinieron a llevársela con una camilla. Pero no saben cómo está. Otra se rompió una pierna y no la han vuelto a ver en ningún campamento. La idea de todas ahora es seguir por Nicaragua. Allí es necesario pagar 150 dólares a los militares para pasar la frontera, salvoconducto que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cobra a las personas de nacionalidad venezolana ni haitiana, pero sí a todas las demás. Luego, se necesitan otros 40 dólares para que les lleven hasta Santo Tomás del Norte, desde donde podrán pasar a Honduras. A partir de ahí, dicen que Guatemala y México son los lugares más peligrosos. Pero de momento cogen aire. Cuando salieron de la selva, Antonio e Ibrain vieron a una mujer rezando. Uno de ellos es creyente, el otro no, pero ambos se unieron a ella, agarrándose las tres como en una catarsis. “Oraba muy bonito”, dice Antonio. Al terminar de charlar, les parece bien hacerse una foto juntas, de espaldas para que no les reconozcan, en la carretera. En la camiseta de Ibrain se puede leer: “Good vibes only” [solo buenas vibras].

La esclavitud del siglo XXI

“Aquí se benefician los taxistas, los de los hoteles, los de los autobuses, los de Western Union, los hosteleros. Todos, se benefician todos”, dice Juana Morales, expolicía que renunció a su trabajo hace seis meses para poder seguir ayudando a las personas migrantes. Forma parte de la Red Humanitaria coordinada por el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) en Paso Canoas (Costa Rica), organización con la que colabora la oenegé vasca Alboan dando soporte a sus proyectos para atender las necesidades de las personas en tránsito, especialmente desde el aumento de la migración en 2023. La red está compuesta por gente que comenzó a atender a migrantes ofreciéndoles comida y artículos de higiene cuando acampaban, en condiciones de insalubridad, en esta ciudad fronteriza, recién llegados de Panamá en autobuses fletados por el Gobierno. Llegó a haber 4.000 personas acampadas en Paso Canoas, avivando el racismo del pueblo, donde se creó un grupo que se llamaba Defendamos la frontera. El racismo también creció en el resto del país: la gente de la capital, San José, se quejaba de ver a migrantes por sus calles. Desde el año pasado, el Gobierno de Costa Rica ha cerrado el circuito de la migración. Mediante un acuerdo con las autoridades panameñas, estas llevan a la gente directamente hasta el CATEM, Centro Temporal para Migrantes a 10 kilómetros de Paso Canoas, en un autobús que cuesta 60 dólares. Con un pabellón para unas 300 personas y capacidad para otras tantas al aire libre, es una antigua fábrica de Faber-Castell que todavía conserva algunas barandillas de madera de colores, imitando a pinturas de lápiz. “Nos han tratado como a animales”, decía una mujer que había pasado allí seis días. Dentro del CATEM solo tienen autorización para trabajar tres organizaciones: la OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El SJM ha solicitado poder entrar para seguir haciendo el trabajo de atención que realizaban en el campamento, pero de momento no han recibido el permiso. También tienen dudas, puede que entrar implique transigir con un sistema con el que no están de acuerdo.

Autobuses panameños con personas migrantes entrando en Costa Rica rumbo al CATEM. / Foto: Teresa Villaverde

Un autobús pasa la frontera de Panamá. Según decían, los coches aparcados esperan por si alguna persona migrante puede saltarse el circuito gubernamental y alquilar un viaje en coche. / Foto: Teresa Villaverde

El CATEM es un centro más o menos temporal dependiendo del dinero que tengas. Si tienes los 30 dólares que cuesta el trayecto que el Gobierno tiene habilitado para llegar al norte del país sales en seguida en autobús. Si no lo tienes puedes trabajar -hay quien se escapa a diario para hacerlo en el pueblo y pagar el billete- o esperar a que llegue el autobús supuestamente gratuito, que no pasa a diario. Sin embargo, el grupo que va con la mujer mencionada explica que no es exactamente sí. Han estado seis días, pero, dicen, no es cierto que el autobús sea gratuito, han tenido que trabajar dentro del centro en limpieza u otras labores para poder seguir el viaje. “Tenían sábanas y jabones, pero nos decían que no nos lo daban si no pagábamos. Teníamos a mi madre enferma, una señora mayor, y nos decían que les daba igual todo”, cuenta otra de ellas. Viajan también con varios niños y niñas. Dentro del CATEM los servicios no solo no son gratuitos, sino que son más caros, como las comisiones de Western Union para enviar o recibir dinero, que cuestan más del 10 por ciento, según cuentan quienes han pasado por ahí. En la ruta, también, todo es más caro de lo habitual, y los trabajos a los que pueden optar son irregulares y en malas condiciones. En la recogida de palma, por ejemplo, el salario es de 15 dólares diarios por trabajar de cuatro de la mañana a ocho de la tarde. Otra opción es la prostitución, ya que el turismo sexual, sobre todo de pensionistas gringos, está muy extendido. Los 15 minutos pueden salir por entre 30 y 100 dólares, dependiendo del tipo de trabajadora sexual.

“El cálculo que tenemos es que una persona puede gastar unos 20.000 dólares en todo el trayecto desde Colombia, antes del Darién, hasta Ciudad Juárez”

“Por un viaje de Paso Canoas a Ciudad Neily que cuesta tres dólares, los taxistas les cobran 20 dólares”, pone como ejemplo Juana Morales. “En Uvitas —donde los autobuses que cruzan el país hacen la primera parada y la gente llega, muchas veces, sin comer en dos días— está claro que hay algún acuerdo con el dueño del sitio, porque cuando la red propuso repartir allí comida, nos dejó si se la comprábamos a él”, cuenta Lucy Nájera. Ambas forman parte de la red del SJM. Las compañías de autobuses a las que el Gobierno cedió el monopolio de la migración sin mediar un concurso público son dos, que se repartieron el país para no competir: Tracopa y Chilsaca. La primera hace la ruta sur, desde el CATEM hasta Orotina donde, por ejemplo, un botellín de agua cuesta 1.000 colones (dos dólares), frente a los 600 colones que suele valer. Ahí, el pasaje cambia a un bus de Chilsaca que les lleva hasta Los Chiles para que pasen a Nicaragua. Se rumorea, además, que los conductores suelen cobrar 20 dólares a quienes no pueden pagar los 30 por un asiento y los llevan en el pasillo, embolsándose el dinero. Lo que se supone que es un trapicheo es, en realidad, un convenio permitido por el mismo Gobierno. En la parte de los mandos de un autobús, una orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes lo especifica: “Sentados, 55. De pie, 10”, cobrando las tarifas estipuladas por la autoridad reguladora de los servicios públicos.

“El cálculo que tenemos es que una persona puede gastar unos 20.000 dólares en todo el trayecto desde Colombia, antes del Darién, hasta Ciudad Juárez [México]”, explica Roy Arias, coordinador del SJM en Paso Canoas. “Es una nueva forma de esclavitud”, dice por su parte Lidieth Velázquez, también de la red. Es fácil distinguir un autobús de la compañía Tracopa que lleva a migrantes de uno que no los lleva. Los de la ruta migratoria tienen las ventanillas abiertas porque no tienen aire acondicionado. Los asientos están descoloridos y raídos. El dueño de la compañía, Raymond Salim Simaan Khachab, es conocido entre otras cosas por haber financiado partidos políticos en el país.

Lucy Carvallo y Sofía Donzon cocinan para unas 200 personas migrantes al día en Los Chiles. / Foto: Teresa Villaverde

“Estamos en un parque todos. Llueve mucho y hay muchos zancudos”, escribe Antonio. Él e Ibrain seguirán al día siguiente la ruta. Xiomara y Zaira también, por su cuenta. Lizeth y Victoria tendrán que quedarse para conseguir los 150 dólares que el Gobierno de Nicaragua pide para pasar su frontera. En el vídeo que envía se les ve cargando los móviles en un poste de luz. “Aquí vamos a pasar la noche”.

Un presidente “xenófobo y macho”

Costa Rica es considerada la Suiza de centroamérica. El país, con 5.229.000 habitantes, es un territorio próspero, con servicios sociales públicos fuertes. Sin embargo, el paraíso está empezando a venirse abajo. Su presidente, Rodrigo Chaves, es del Partido Progreso Social Democrático fundado en 2018. Desde que ganó las elecciones en 2022 aplica medidas liberales, ha reducido el dinero público invertido en educación o sanidad. “Criminaliza a las personas migrantes. Tenemos un presidente xenófobo y macho”, dicen desde la Colectiva Feminista Volcánicas, formada por mujeres exiliadas de Nicaragua por el régimen de Ortega y Murillo. Chaves se muestra cercano al presidente ultraderechista de El Salvador Nayib Bukele y tampoco censura la dictadura nicaragüense.

En respuesta al aumento de la migración en Costa Rica en 2023, Chaves ha publicado dos decretos para restar derechos a las personas extranjeras. Entre otras cosas, si antes una persona migrante podía trabajar de forma regular desde el momento en que entraba en Costa Rica, ahora tiene que esperar tres meses. Un tiempo que, aun así, es muy poco si se compara con las leyes de extranjería de otros países como España, que exige tres años en situación irregular para poder tener un permiso de trabajo. “Estados Unidos prometió que iba a frenar la migración del Darién, pero el programa que ha presentado de movilidad segura [para trasladar a gente desde países como Costa Rica hasta el país norteamericano] no es para eso, porque para poder aplicar tienes que tener condición de persona refugiada en Costa Rica, y eso no resuelve el problema del Darién”, explican desde Volcánicas. “Además, [el Gobierno estaounidense] no tiene en cuenta nada cuando te destinan a un sitio. A una mujer trans la enviaron a un sitio muy conservador y recibió violencia. Por suerte algo se traspapeló y pudo volver porque no había perdido su condición de refugiada en Costa Rica todavía”, añaden. A esto se une que ser del colectivo LGTBIQA+ no es un motivo para solicitar condición de persona refugiada según la ley costarricense. La coordinadora del área legal del SJM, Annie Rodríguez, explica que ley de extranjería y el reglamento de personas refugiadas “establece como una de las causas para solicitar refugio la pertenencia a determinado grupo social. Ahí podrían estar incluidas las personas LGTBI o por razones de género. Pero la ley no dice nada específicamente, así que muchas veces no se toman en cuenta estos motivos para la valoración de cada caso”.

En Casa Esperanza, refugio en Los Chiles. / Foto: Teresa Villaverde

No solo los datos y las cifras cuentan esta historia. También algunos silencios, como el de Victoria, mujer trans, en aquella mesa de Casa Esperanza. Cuando el resto habló de los motivos para migrar, económicos, ella se quedó callada. O el de Antonio, que no contesta al WhatsApp desde el 12 de junio. La última vez que lo hizo él e Ibrain estaban en Honduras, durmiendo en la casa de una señora que les había acogido por cinco noches. Igual no le apetece seguir contando miserias. Igual ya no tiene el móvil. Tampoco cambia la foto de perfil. Antes lo hacía casi a diario.