Nota de las editoras: Este reportaje se escribió en 2021 para el número 9 de Pikara en papel, que puedes comprar en nuestra tienda online. Es, por tanto, anterior a la reforma de la ley del aborto de 2023, cuyo objetivo principal es precisamente implementar esta prestación en centros sanitarios públicos. Para ello, una de las medidas más anunciadas y esperadas fue la creación de un registro de profesionales que se declaran objetores de conciencia, de forma que su derecho individual no colisione con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Como se puede leer en reportajes recientes en Público o Newtral, el Gobierno no ha cumplido aún con esa asignatura pendiente. La hemeroteca de El Salto también da cuenta de los últimos ataques de los sectores ultraconservadores a este derecho.

“Derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo, y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”. Este es uno de los puntos que aparece en la Ley Orgánica 2/2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) del Estado español. La normativa extendió el aborto libre hasta las 14 semanas, 22 en caso de riesgo grave para la vida de la embarazada.

Existen hospitales públicos que son objetores de conciencia por entero, no porque todo el personal se haya declarado objetor, sino por imposición

Aunque a escala legislativa este derecho está plenamente reconocido, es en el momento de afrontar su ejercicio cuando las mujeres se topan con numerosas dificultades, objeción de conciencia generalizada del personal sanitario incluida. Si en Murcia se han registrado varias denuncias por el trato degradante que algunas mujeres sufrieron cuando quisieron abortar, la experiencia de otras muchas en distintas Comunidades Autónomas evidencia situaciones similares. Por uno u otro motivo, todas las mujeres entrevistadas que han decidido voluntariamente interrumpir su embarazo han tenido alguna dificultad en algún momento del proceso, lo que evidencia que el ejericio del derecho al aborto es, hasta cierto punto, una quimera.

Women’s Link Worldwide lleva años denunciando distintas problemáticas. “Hoy, no existe una información pública de calidad en las webs de las Consejerías de Sanidad que explique de manera clara qué debe hacer una mujer para acceder al aborto en cada comunidad o provincia. La escasa información disponible es muy técnica y no aparece en varios idiomas. Por otro lado, cuando las mujeres van a informarse a su centro de salud o médico de cabecera se pueden encontrar con que el personal sanitario no conoce cuál es el procedimiento que deben seguir o, abiertamente, las desinforman diciéndoles que el aborto no es legal”, explica Estefanny Molina, abogada de la organización.

Maribel Picazo (nombre ficticio) ha abortado en dos ocasiones. La primera fue en una clínica privada de Madrid, en 2010, con la nueva ley recién aprobada. “El trato, en general, fue chulesco y despectivo, como si hacer su trabajo resultase una molestia y no tuviese derecho a estar allí, aun pagando”, explica. La segunda vez lo hizo en un hospital público de Shangay (China), hace cuatro años, mientras vivía allí. “El trato fue completamente distinto, todo el mundo fue muy amable y trataban el aborto como una intervención totalmente rutinaria, me dijeron que podían realizar la intervención ese mismo día si así lo deseaba, y tuvieron la delicadeza de preguntar si quería o no ver la ecografía; nada que ver con el sistema español y su ‘jornada de reflexión’, algo que me parece infantilizante, humillante y completamente gratuito”. Según su experiencia, el sistema sanitario chino le pareció “infinitamente más humano, ágil y respetuoso”.

Los datos de Salud Pública recogen que en España más de 99.000 mujeres abortaron en 2019, la mayoría en una clínica privada, ya que aunque la sanidad pública se hace cargo del gasto, en muchas comunidades las intervenciones se derivan a clínicas privadas. La ley de 2010 contemplaba la opción de derivar a la sanidad privada de manera excepcional, pero esa excepción se ha convertido en la norma. Entre 2010 y 2018 el 91 por ciento de los abortos se realizaron en clínicas privadas concertadas, ha publicado Newtral.

“El acceso al aborto en la sanidad pública para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular es un grave obstáculo del que nadie está hablando”

“Creemos que se trata de una objeción de conciencia institucional, algo no permitido por la ley. Es decir, existen hospitales públicos que son objetores de conciencia por entero, no necesariamente porque todos los médicos a nivel individual se hayan declarado objetores, sino por una imposición de las direcciones de los servicios de ginecología, del propio hospital o de las consejerías de Sanidad. Esto es algo que han denunciado asociaciones feministas, como el Movimiento Feminista de Salamanca”, sostiene la abogada de Women’s Link. Otra de las trabas que apuntan desde la organización consiste en la “discriminación geográfica”, es decir, que en muchas localidades o provincias no existan clínicas concertadas acreditadas y las mujeres tengan que desplazarse cientos de kilómetros para poder abortar. Así pasa, por ejemplo, en La Rioja, desde las mujeres son derivadas a Navarra, principalmente.

Muchas de las que escriben solicitando ayuda a Women’s Link son mujeres migrantes que, pese a llevar años en España, no tienen tarjeta sanitaria y no encuentran opciones para acceder a una IVE segura. “El acceso al aborto en la sanidad pública para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular es un grave obstáculo del que nadie está hablando. Si no tienes acceso a sanidad pública, tampoco tienes acceso al aborto gratuito”, añade Estefanny Molina. En 2019, la organización, junto a la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, denunció esta situación ante el Defensor del Pueblo en Madrid. La respuesta no hizo referencia directa al aborto. El organismo público quedaba pendiente de una recomendación a la Consejería de Sanidad madrileña para que dictase “instrucciones y directrices sobre asistencia a mujeres migrantes que requieren asistencia al embarazo y tengan riesgo de explotación sexual y trata”.

Segundas veces

Alrededor de una cuarta parte de las mujeres que abortaron en 2019 ya lo había hecho anteriormente, como Ana López Fernández, que ha vivido tres veces este proceso. Las dos primeras fue en México y la última vez en Madrid, en plena pandemia: “Primero fui a la Seguridad Social y el trato no fue bueno, me vinieron a decir que qué estaba haciendo con mi vida, que ya me valía. Es personal sanitario y no tiene por qué decirme eso, y menos de esa forma”. Reconoce que si le hubieran trasladado la información de una forma más informativa que acusativa, le habría parecido bien.

“En ley del 2010 no existe ningún tipo de restricción en cuanto al número de veces que una mujer puede acceder al aborto. No debería ser un motivo de discriminación, sin embargo, en la sociedad española el derecho al aborto aún conserva estigma. Es un tema que todavía incomoda y debido a ese estigma y a los estereotipos de género relacionados con la maternidad, las mujeres siguen siendo juzgadas por acceder a su derecho”, afirma Estefanny Molina. “Una mujer puede necesitar acceder a un aborto en varios momentos de su vida y siempre debería poder hacerlo, sin discriminación ni prejuicios. Es necesaria una mayor formación de los profesionales sanitarios en el sector público”, añade.

“Quieren implantar el aborto farmacológico porque libera a médicos y beneficia a farmacéuticas; pero es un calvario”

Entre los métodos de interrupción del embarazo se encuentran el farmacológico y el instrumental. El primero se suele recomendar si aún no han pasado siete semanas, pero la información que se ofrece sobre este no siempre es completa. Francesca Antini tuvo una experiencia negativa cuando interrumpió voluntariamente su embarazo precisamente por el método utilizado, la conocida píldora abortiva. Le dispensaron una en el momento y al día siguiente se tomó la segunda dosis. Tuvo unos dolores fortísimos.

“Sangré muchísimo, terminé yendo a la clínica y me hicieron una aspiración de urgencia”, apunta. “Me arrepentí un poco, te lo venden como facilísimo y no es así, es muy duro, te dura el aborto tres días. Hay que preparar a las personas. Puede que haya situaciones en las que sea mejor utilizar la píldora, pero nadie te previene desde el punto de vista psicológico, no te dicen que va a ser tan duro”, añade. Un punto en común con la vivencia de otras mujeres es el desdén en el trato que recibió en un primer momento, en este caso en un hospital público.

Eva Puig, creadora del proyecto Kora, se muestra crítica con el método farmacológico frente a la vía quirúrgica. “Ahora quieren implantar el aborto farmacológico durante las primeras semanas de embarazo, porque libera a médicos y beneficia a farmacéuticas; pero un aborto farmacológico es un calvario, las mujeres sangran durante horas o días, tienen unos dolores del nivel de un parto, pero les dicen que va a ser como el de una regla”.

Contar la experiencia

“El aborto sigue siendo un tema tabú en la sociedad española y conlleva muchísimo estigma a su alrededor, más aún cuando existen obstáculos, por lo que es difícil que las mujeres quieran hablar después de pasarlo tan mal debido a las barreras a las que se enfrentaron”, indica Molina. Aunque desde 2010 se considera que no existen obstáculos para abortar, la realidad es muy distinta.

Carmen Rosales (nombre ficticio) no le contó a nadie sus tres experiencias, solo a su pareja de entonces, que no la apoyó con la decisión. “No quería que me dieran otras opciones, yo sabía lo que quería hacer; tener algo dentro que no quieres tener es la peor experiencia de mi vida”, cuenta. Antini, por su parte, se muestra crítica con la visión idílica que la sociedad muestra de la gestación. “Tengo la sensación de que cuando estás embarazada tienes siempre que ser ‘guay’, es una buena noticia en general y no se entiende mucho no tenerlo, incluso aunque expliques tus razones”, indica. Cuenta que a su familia nuclear se lo contó medio año después de abortar y su reacción no fue nada comprensiva.

“El aborto sigue siendo tabú en la sociedad española y conlleva muchísimo estigma a su alrededor, más aún cuando existen obstáculos”

“Hay gente a la que le digo que he abortado una vez, o dos veces, depende de la persona. Ahora me importa menos, pero antes no lo contaba, porque sentía que me decían ‘no aprendes’, y entonces yo también me lo decía a mí misma. Parece que haces algo que está mal, que está fatal”, explica Ana López Fernández. Hablar de este proceso con las personas cercanas a veces resulta difícil, lo que provoca que en muchas ocasiones estas experiencias se compartan con un número muy reducido de personas y que se traten como un tabú. Algo que le sirvió para confirmar la nebulosa en la que está inmersa esta cuestión fue cuando le contó a su prima que había abortado y se enteró entonces de que ella también lo había hecho. “Luego te vas enterando de otras muchas mujeres, pero es algo de lo que apenas se habla, está muy invisibilizado, más de lo que parece”, apunta.

“No se lo dije a casi nadie, no es algo de lo que hablo normalmente; me he sentido muy sola, en parte porque yo lo elegí, en parte porque no me sentía cómoda para contarlo”, indica por su parte Antini. Asegura haber escuchado muchas conversaciones en las que, al hablar sobre el tema, la opinión se resumía en un “me parece bien, pero yo no lo haría”: “Con esta frase estás juzgando, no sabes la situación de las mujeres que deciden hacerlo; nunca me arrepentí de la decisión que tomé, de lo que me arrepentí fue de contárselo a gente cercana, si volviera atrás no lo haría”.

Acompañamiento

Eva Puig lleva cinco años acompañando en interrupciones voluntarias del embarazo. Formó un grupo llamado Las Apolo, para servir de sostén en este tipo de procesos. Comenzó a vincularse con el duelo gestacional y perinatal. Después se centró en el duelo por interrupción voluntaria y se decidió a empezar a hacer acompañamientos. “No solo es invisibilizado sino también condenado, y las mujeres pasan por infiernos personales tremendos”, explica. “Cuando se habla de duelo gestacional, y la interrupción del embarazo iría incluido, ese no reconocimiento de un duelo cuando lo decides tú es estigmatizante y criminalizador”, continúa. Puig añade que el aborto es algo mucho más complejo que esa parte legal, “es una experiencia que puede suponer una crisis”. Y añade: “La culpa se incrementa cuando hay más de un aborto”.

Aunque la legislación la ampare con todos sus derechos, una interrupción voluntaria del embarazo suele acarrear numerosas contrariedades a la hora de llevarlo a la práctica. “ En lo público, como ciudadanas y contribuyentes, tenemos derecho a la mejor atención médica y trato que podamos conseguir, y a que se respeten nuestras decisiones como adultas, sin juicios morales, periodos de reflexión, trato despectivo, ni trabas de ninguna clase”, concluye Maribel Picazo.