‘Nicaragua no nos deja de doler’. Así se titula un reporte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras) que recoge que, tras la consolidación en el país de un Estado totalitario, miles de personas ha vivido el exilio o han sido desterradas, centenares de organizaciones feministas o con trabajo por los derechos de las mujeres han sido canceladas y decenas de mujeres son criminalizadas o están en condición de presas políticas, además, las agresiones contra defensoras continúan y se diversifican. Desde el inicio de la crisis socio-política en abril de 2018, hasta el 19 de julio de 2024, en Nicaragua se han registrado 11.493 agresiones contra 1.528 defensoras y 365 organizaciones. Durante este 2024, desde el 1 de enero hasta el 19 de julio, se han documentado 1.534 agresiones contra 121 defensoras y 6 organizaciones, lo que representa casi el doble de las agresiones registradas durante el mismo período en 2023; en todo el año se documentaron 805.

Año tras año, la IM-Defensoras ha constatado una escalada de la violencia política en contra de las defensoras en fechas cercanas a efemérides emblemáticas, como el 18 de abril —inicio de las protestas sociales de 2018— y el 19 de julio —conmemoración oficial del triunfo de la revolución sandinista—.

El reporte señala que en 2024 hay una tendencia al alza en relación a agresiones de carácter personal, como la vigilancia y hostigamiento contra defensoras y activistas excarceladas, el patrullaje digital, los desplazamientos forzados y nuevos patrones de represión migratoria; mientras que persisten las agresiones de carácter colectivo, como campañas de estigmatización y desprestigio en entornos digitales; y continúan de los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las presas políticas.

Violencia digital

Destaca especialmente la violencia digital, ya que 85 por ciento de las agresiones registradas en el transcurso de este año se han dado en entornos digitales. Las más frecuentes son: divulgación de hechos falsos, los cuestionamientos o puesta en duda del liderazgo, profesionalidad o ética de la defensora, la ridiculización de las defensoras y las actividades que realizan y la violencia verbal o psicológica. Estas agresiones son principalmente perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, sin embargo, por su contenido se identifica como sospechosos tanto a personas afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como a integrantes de grupos de derecha, fundamentalistas religiosos y antiderechos.

Desplazamientos forzados

Otras violencias especialmente graves que enfrentan las defensoras son los desplazamientos forzados. Entre el 1 de enero y el 19 de julio de este año se han identificado 13 casos de mujeres defensoras y activistas que se han visto obligadas a abandonar su hogar debido a la persecución política que enfrentan; sumando así 165 las defensoras desplazadas forzosamente desde el inicio de la crisis socio-política en 2018. También se han identificado nuevas modalidades de represión migratoria como la utilización de mecanismos coercitivos y amenazas para que la defensora tome la decisión de no ingresar al país por miedo a represalias contra ella o integrantes de su familia.

“Muerte civil”

Las defensoras que continúan en el país, así como expresas políticas y familiares de defensoras exiliadas o desterradas, siguen enfrentando distintas agresiones. Durante los primeros siete meses de 2024 se documentaron 65 incidentes de hostigamiento, 46 de vigilancia y monitoreo de las prácticas de la vida cotidiana, así como 23 amenazas en contra de estas mujeres. Estas violencias, junto a otras como la negativa a renovar documentos de identidad y otras arbitrariedades en ámbito administrativo y financiero, las coloca de facto en situación de “muerte civil”, con graves impactos sobre sus vidas y medios de subsistencia.

Datos de IM-Defensoras.

El reporte también señala cómo durante los meses de junio y julio se dio una nueva ola represiva contra el periodismo independiente, registrándose ocho casos de violencia contra periodistas y personas vinculadas al ámbito de la comunicación. Estas agresiones, que afectan a mujeres periodistas y comunicadoras, así como a defensoras del derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión, incluyen casos de desaparición forzada, allanamientos y amenazas que han obligado a muchas de ellas a desplazarse para resguardar su seguridad física.

Finalmente, el reporte denuncia las graves condiciones de privación de libertad vividas por las presas políticas —entre ellas 15 mujeres activistas o defensoras de derechos humanos, la mayoría de las cuales fueron excarceladas y desterradas del país este 5 de septiembre, junto con más de un centenar de presos políticos, tras una negociación entre los Estados de Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos. Tal y como sucedió con las presas políticas excarceladas anteriormente, a estas mujeres tras desterrarlas se les ha despojado de su nacionalidad y sus bienes han sido confiscados, con las graves implicaciones que ello supone tanto para ellas como para sus familias. Extremadamente preocupante es, para la IM-Defensoras, la situación en que quedan las mujeres que siguen presas en el país, que continúan privadas de libertad bajo las inhumanas condiciones documentadas por el reporte y corroboradas por diversos testimonios públicos de presas excarceladas el 5 de septiembre.