Este artículo fue publicado inicialmente en el mongráfico de Odios, en 2022, que puedes encontrar en nuestra tienda online.

“Me atrevo a decir, sin exagerar, que es un acto histórico”. Con esas palabras presentaba el entonces diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros el acto titulado ‘Las otras víctimas. Consecuencias reales de la ley de violencia de género’ que tuvo lugar el 20 de julio de 2022 en el Congreso y donde participaban integrantes de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID). ANAVID, inscrita en el registro de asociaciones en enero de 2022, se describe en su página web como una organización que surge para “luchar porque haya una ley igual para todos, para que se trate igual a todas las víctimas, y se condene a todos l@s agresor@s”. La descripción de su actividad en la ficha del registro de asociaciones que consta en el Ministerio de Interior es “igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres”. Una descripción irónica, porque tras esas siglas lo que hay es una asociación que el 22 de julio, en esa mesa, desplegó todo el paquete argumental de prejuicios y falsedades que se vienen utilizando contra la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la ley más emblemática del paquete normativo por la igualdad de género en España.

Entre los colectivos que difunden este discurso está la Asociación de Padres de Familia Separados, creada en 1993 y que dice ser la “la primera asociación que se creó en España para defender los derechos del padre (hombre) separado y divorciado”. A partir de 2004, este tipo de asociaciones se diversifican territorialmente y ponen el foco en la denuncia de una norma que, consideran, les perjudica. En torno al mantra de la “igualdad real”, estas organizaciones son clave en la construcción de un discurso antifeminista al que el contexto actual dota de una difusión sin precedentes.

Los orígenes

Miguel Lorente empezó a especializarse en el análisis de la violencia de género a finales de los años 80. Entonces, la violencia contra las mujeres aún no estaba conceptualizada como una violencia diferenciada, pero sí existía ya un pujante movimiento feminista que colocaba en su agenda la visibilización de la violencia machista.

En 1997, un asesinato machista sirve de revulsivo: el de Ana Orantes, a quien José Parejo golpeó, ató y quemó solo 13 días después de que ella diera su testimonio de violencia continuada en un programa de televisión. Ana Orantes estaba en proceso de separación y había denunciado ante un juzgado que era víctima de violencia, pero el juez dictaminó que Parejo tenía derecho a seguir viviendo en la misma casa. A partir de ahí, toma fuerza la demanda de una ley integral que llegaría en 2004.

Ya antes habían empezado a darse cambios —por ejemplo, movimientos para garantizar el pago de las pensiones compensatorias, reconocidas en la Ley del Divorcio de 1981— que provocan algunas reacciones de hombres que se sienten amenazados. Lorente cree que, en esos primeros momentos, los hombres que se revolvían lo hacían movidos por una cuestión individual o por la animadversión hacia sus exparejas: aún no tenían una diana clara en la que focalizar su descontento ni habían desarrollado un argumentario.

Cuando, en diciembre de 2004, cristaliza el trabajo de las feministas en una ley integral de violencia de género, “empiezan a surgir posiciones masculinas, hombres muy agresivos, muy violentos”, dice Lorente. Muchas de ellas se agrupan en torno a la demanda de la custodia compartida impuesta. Ese mismo año se funda la Federación de Asociaciones por la Custodia Compartida.

En 2010 se crea la Plataforma Ciudadana por la Igualdad al amparo de las tesis del juez Francisco Serrano, que ya era conocido por sus decisiones judiciales machistas y que difunde a través de su plataforma un argumentario que hoy calca Vox (“a más denuncias, más subvención”, decía el juez, inaugurando el bulo de los “chiringuitos feministas”).

Genmad, Avilegen, Hombres maltratados y denunciados en falso, SOS Papás son otras denominaciones que focalizan su acción en torno a lo que consideran el enemigo común: las leyes de igualdad y, en concreto, la ley contra la violencia de género, una normativa aprobada entre aplausos y por unanimidad en el Congreso.

Como repasa Lorente, estas organizaciones “tuvieron la habilidad de colocar estratégicamente a muchas mujeres: había madres y, sobre todo, nuevas parejas”. De ese modo, este tipo de organizaciones mantienen una cara amable en público, lo que los diferencia de organizaciones abiertamente beligerantes como las que se agrupan en torno a la consigna de Stop Feminazis de la organización Projusticia. Sin embargo, confluyen en sus intereses y, sobre todo, en “el cuestionamiento de la transformación que estábamos viviendo”, en palabras de Lorente.

Una ley unánime con oposición en la judicatura

El 7 de octubre de 2004, el Congreso aprueba La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Así reflejaba el momento una crónica del día siguiente en El País: “Los aplausos estallan antes de que se anuncie el resultado. En el panel luminoso se leen 320 síes y 320 votos emitidos. Las casillas del no y de la abstención están apagadas. Una explosión de júbilo y otra de alivio recorren los escaños del PSOE, con sus diputados en pie. El proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género queda aprobado por unanimidad, tal como anunciará instantes después el presidente del Congreso, Manuel Marín”.

Como recoge Beatriz Gimeno en su libro Misoginia judicial, la guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022), la ley se plantea en torno a la idea fundamental de diferenciar la violencia machista de otras violencias porque “debajo de los actos de violencia contra las mujeres subyace un sistema de dominación que tiene en esa violencia uno de sus pilares”. La cuestión importante, dice Gimeno, es que se reconoce la especificidad de esa violencia y también la estructura que la permite y la alienta.

“Algunos jueces y juezas, sin embargo, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y de ese modo se convirtieron en activistas en su contra y la aplican, aun ahora, de manera desigual”, refleja la feminista Beatriz Gimeno en el libro. La ley recibió tras su aprobación docenas de cuestiones de inconstitucionalidad y más de cien fueron admitidas. Argumentaban una posible violación del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. En mayo de 2008, el Tribunal Constitucional avaló la ley integral dando respuesta por primera vez a estos cuestionamientos de inconstitucionalidad. La sentencia recoge: “Una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas, y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone una mayor lesividad para la víctima”. Pero los argumentos ya estaban ahí, servidos en bandeja a los sectores reaccionarios.

Los mantras del negacionismo

“Hacer un argumentario que sea creíble requiere un cierto trabajo”, dice Gimeno con ironía. “Ahora hay muchos argumentarios funcionando porque hay una corriente global que ya los maneja, pero hace unos años, cuando salió la ley de violencia, no era tan habitual y tuvieron que ser ‘expertos’, entre comillas, los que hicieran ese trabajo y diseccionaran la ley con prejuicios y con mala fe —mala fe judicial también— y de forma muy patriarcal”, reflexiona. Porque a partir de la idea de la supuesta conculcación del derecho a la igualdad se construyen los mantras del discurso antifeminista.

El primero es el de la supuesta defensa de la “igualdad real”. Este adjetivo, “real”, se contrapone a otro, “efectiva”, que se utiliza por ejemplo en la ley de igualdad de 2007, del 22 de marzo. Las leyes de igualdad parten de la idea de que, pese a que la igualdad formal es ya un hecho, aún no se ha hecho “efectiva”, por lo que hay que tomar medidas para corregir esa desigualdad. Las posiciones antifeministas ignoran la necesidad de acabar con esos obstáculos para blandir machaconamente el artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley”, ignorando que cualquier medida que sea igual para contextos completamente diferentes estará promoviendo la desigualdad.

El segundo de sus mantras es el de que “la violencia no tiene género”, que se rige por la misma lógica de aderezar con un supuesto igualitarismo su argumentario antifeminista. Los datos indican que la mayor parte de los actos violentos en el mundo son cometidos por hombres y que existen violencias específicas que se dirigen a las mujeres por el hecho de serlo.

El tercer mantra es el que asegura que existen numerosas denuncias falsas, algo que los datos desmienten año tras año. En la memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2020 se recoge que del total de 150.785 denuncias por violencia de género interpuestas en ese año ninguna se demostró falsa, si bien los negacionistas de la violencia de género identifican intencionadamente sobreseimientos —casos que se cierran por no poder probarse— con denuncias falsas.

Este mantra enlaza de manera directa con uno de los prejuicios más extendidos sobre las mujeres: que mienten, que manipulan, que tergiversan, para buscar su propio beneficio.

Las brujas de Infancia Libre

Mil veces explicados o desmentidos, estos mantras hoy calan en una sociedad que, según Miguel Lorente, “está siendo más receptiva a considerar como creíbles afirmaciones definidas por los mitos de la perversidad y la maldad de las mujeres”. La predisposición a creer que las mujeres mienten se ve reforzada periódicamente por casos mediáticos que el machismo selecciona como supuesta prueba de que sus mantras son verdad. El caso de Juana Rivas es uno de ellos. Pero si hay un caso que ha alimentado como ninguno el mito de la mujer perversa es el de Infancia Libre.

El 1 de abril de 2019, María Sevilla era detenida en la casa de un pueblo de Cuenca donde se ocultaba con su familia, después de que la denuncia de abusos sexuales contra el progenitor de su hijo fuera archivada. El 13 de mayo fue detenida Patricia González, que vivía con su hija en un pueblo de Madrid, oculta de su exmarido, al que había denunciado por abusos sexuales contra la hija de ambos, denuncia también archivada. El 22 de mayo, el nombre que alimentaba los titulares era el de Ana María Bayo. Ella no se había ocultado con su hija, pero la Policía fue a buscarla a su puesto de trabajo para entregarle una orden de búsqueda y captura cursada en 2018. Hubo una cuarta mujer a quien se trató de implicar en el caso investigado por la Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla. Así empezó el caso Infancia Libre. La Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla elaboró un informe que trataba de implicar a docenas de mujeres en casos que ante la prensa calificó como similares y que no lo eran tanto, como concluyó la Fiscalía en enero de 2020 al desestimar el informe policial por estar lleno de contradicciones. No había caso, pero los mensajes ya estaban colocados en todos los medios conservadores y en todas las televisiones, y las exparejas de estas mujeres ya estaban organizadas en una plataforma. Daba igual que fuera mentira que un grupo de malvadas mujeres se había organizado para denunciar en falso. Un titular de El Español concentra bien cómo fueron tratadas estas madres en los medios: ‘Las ‘brujas’ de Infancia Libre: pediatra, psicóloga y Prozac al servicio de las secuestradoras’.

Miguel Lorente y Beatriz Gimeno coinciden en señalar a la extrema derecha y a sus medios afines como responsables de la turbopropulsión que ha experimentado el discurso negacionista de la violencia de género y que utiliza casos como estos para desparramar sus prejuicios. Sin embargo, el alcance de este discurso no puede entenderse sin otro factor más: unas redes plagadas de influencers machistas dispuestos a servir de multiplicadores. Un ejemplo de cómo las diversas capas se retroalimentan lo encontramos en torno al caso Infancia Libre: Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla e integrante de ANAVID, puso en marcha un crowdfunding de 10.000 euros para recaudar fondos para denunciar a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien acusa de vulnerar su derecho al honor. Después de que el canal de Un Hombre Blanco Hetero lo promocionara, la campaña llegó a recaudar en pocos días 100.000 euros. [El Tribunal Supremo condenó a Irene Montero a indemnizarlo con 18.000 euros]

“Hay un odio latente en la sociedad ante los cambios culturales y se pone en marcha cuando sientes que tu referencia está siendo cuestionada”

Precisamente en el Ministerio de Igualdad dirigido por Montero encontraron las asociaciones de hombres y todo entramado machista uno de sus blancos preferidos. Porque, si entre 2008 y 2010, fechas de existencia del primer Ministerio de Igualdad, dirigido por la socialista Bibiana Aído, los ataques de medios conservadores y las críticas de asociaciones fueron frecuentes, en la anterior legislatura estos ataques se multiplicaron. Así lo ve Miguel Lorente, que fue Delegado para la Violencia de Género en el primer Ministerio de Igualdad. “Tuvimos alguna concentración, se presentaban en alguna conferencia, se vestían como presos de Guantánamo, se levantaban en un acto a modo de boicot… Pero creo que era diferente: ahora buscan la provocación y la demostración de fuerza con planteamientos más violentos porque saben que tienen eco; habrá quien rechace estos planteamientos pero saben que con ellos están movilizando”.

Odio latente

Lorente explica que las asociaciones antifeministas “forman parte de un contexto amplio en el que cada uno juega su papel”. En ese engranaje hay tuiteros anónimos, youtubers, abogados, políticos y asociaciones de hombres que se dicen víctimas de la leyes de igualdad: “No tienen por qué estar comunicados directamente ni hay nadie que los dirija, pero todos se van retroalimentando”. De fondo late la misma idea misógina: la de que las mujeres son responsables de que ellos no tengan las relaciones que quieren y de esa manera legitiman la respuesta contra ellas. Mientras tanto, añade Gimerno, los partidos de derecha parecen querer ahondar en una guerra que antes era marca de la extrema derecha y con la que ahora coquetean otros grupos políticos.

Sobre si las asociaciones de hombres promueven el discurso de odio, Lorente hace algunos apuntes. “Este tipo de discursos son esenciales porque consiguen tres cosas necesarias dentro de la estrategia del odio: una, la cosificación (de las mujeres), la culpabilización (se presentan como víctimas directas) y la transformación de la impotencia en acción”. “El odio no es solo el discurso explícito contra algunas personas, sino que está siendo alimentado de muchas formas. Hay un odio latente en la sociedad ante los cambios culturales y se pone en marcha cuando sientes que tu referencia está siendo cuestionada”, añade.

Gimeno pide cautela ante “el discurso de los discursos de odio”, que llevan fácilmente a la petición de medidas punitivistas con las que, dice, no se siente cómoda. Aclarado esto, explica que el discurso de odio contra las mujeres se llama “misoginia” y está identificado desde hace siglos: “En todos los discursos de odio lo que late debajo es el miedo a la pérdida de privilegios”. “Son discursos que han estado siempre y que pueden estar más o menos dormidos”, reflexiona. Hoy, sin duda, están despiertos y preparados para convertirse en pesadilla.