Cuando Jessica Bonus, empleada del sector de la electrónica y presidenta del Sindicato de Trabajadoras en Filipinas, empezó a trabajar en una fábrica de semiconductores no recibió una formación de seguridad laboral. Tampoco fue informada sobre los riesgos en la salud que acabaría comportando su nuevo puesto de trabajo. Después de más de una década como especialista en operaciones de soldadura, le diagnosticaron un dedo en gatillo. Un año después, un quiste ovárico. Antes de que la trasladaran a otra unidad en la que poder realizar tareas más ligeras, tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas y, en última instancia, fue necesario extirparle el útero.

Jessica Bonus es una de las muchas mujeres que realizan trabajos manuales en las fábricas de productos y componentes electrónicos en el sur global y que cuya salud se ve sacrificada en beneficio de las grandes empresas que configuran uno de los sectores más importantes de la economía mundial. Filipinas, como muchos otros países, produce y exporta una gran cantidad de componentes electrónicos y microchips que son necesarios para la fabricación de los productos electrónicos que más se comercializan en todo el mundo. Esta deslocalización permite a las grandes empresas reducir costes económicos externalizando el trabajo intensivo en países dispuestos a aplicar regulaciones laborales más laxas. Una coyuntura que hace posible que las trabajadoras que ocupan las primeras fases de la cadena de producción de esta multimillonaria industria realicen largas jornadas laborales sin conocer los impactos en su salud que pueden producirse por la exposición a materiales tóxicos y a la que se enfrentan de manera forzada y sin conocimiento si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. “Trabajando tantas horas dentro de la fábrica, nos ponemos enfermas, también debido a los distintos productos químicos que utilizamos. Muchas de nosotras hemos tenido enfermedades relacionadas con los pulmones y a veces abortos involuntarios”, explica Jessica Bonus.

El Global Slavery Index de 2023 situó a la industria de la electrónica como el sector con más volumen de productos vinculados a la esclavitud moderna

Esta historia no es un caso aislado. Según revela una investigación publicada por la Asociación SETEM, con la colaboración de distintas entidades de la sociedad civil filipina, en las fábricas de producción de este país situado en el Sudeste Asiático, la mayor fuerza de trabajo manual recae sobre las mujeres, las cuales sufren precarias condiciones laborales e importantes riesgos en la salud asociados a su puesto laboral. El Instituto para el Desarrollo de la Seguridad y la Salud Laboral de Filipinas (IOHSAD), tras realizar una investigación en la empresa donde Jessica Bonus trabaja, descubrió que otras 19 mujeres de las 100 personas entrevistadas respondieron que sufrían problemas de salud reproductiva, como quistes, cáncer, miomas, pólipos o fibrosis. De hecho, el Global Slavery Index de 2023 situó a la industria de la electrónica como el sector con más volumen de productos vinculados a la esclavitud moderna durante el año 2021.

Ilustración de Alba Juanola.

Deslocalización, esclavitud y violencia de género

La mayoría de los productos electrónicos que consumimos, como los ordenadores, los teléfonos o las tablets, contienen centenares de pequeños componentes que, antes de llegar a la fase de montaje final, pasan por cadenas de suministro muy complejas ubicadas en países como Filipinas. La industria de la electrónica se estableció en este país, uno de los países más vulnerables a la esclavitud moderna de la región Asia-pacífico, fruto de un proceso de deslocalización que muchas de las grandes marcas del sector iniciaron a mediados de los años 70, con la finalidad reducir su estructura interna de costos. Durante aquella década, el sector tan solo empleaba a unas 5.000 personas. Pero con los años el número se ha disparado. En 2022, las exportaciones acumuladas de materiales electrónicos llegaron a los 19.000 millones de dólares estadounidenses (más de 17.000 millones de euros), empleando en Filipinas entre 2,2 y 3,2 millones de personas, con 920 empresas y 261 fábricas de producción.

La alta demanda de trabajo en las fábricas por parte de las mujeres es utilizada por los empresarios para ofrecer salarios más bajos y peores condiciones laborales en comparación a los hombres

Hoy este país es un gran exportador de componentes electrónicos. Una industria sostenida, en sus primeras fases de producción, principalmente por mujeres, como resultado de la creciente feminización del trabajo de manofactura en el mundo. Las empresas se benefician en la actualidad del hecho de que muchas de las trabajadoras tienen menos acceso a la educación y menos alternativas laborales respecto a los hombres. Muchas proceden de zonas rurales y ven el trabajo remunerado en la fábrica como una opción laboral viable y mejor pagada respecto a otras alternativas como el trabajo doméstico no remunerado o el trabajo en el campo. Es un hecho que se extiende más allá de la industria de la electrónica y afecta a más sectores. Esta alta demanda de trabajo en las fábricas por parte de las mujeres es utilizada por los empresarios para ofrecer salarios más bajos y peores condiciones laborales en comparación a los hombres, quienes tienen mayores oportunidades laborales en otros ámbitos. Además, son las mujeres quienes asumen en gran parte el trabajo de cuidados en el hogar, lo que desencadena dobles jornadas laborales con graves consecuencias en su salud, física y mental.

Zonas económicas especiales, un paraíso de la impunidad

La mayoría de las fábricas de electrónica establecidas en Filipinas se sitúan en las llamadas Zonas Económicas Especiales. Son regiones regidas por normas diferentes a las del resto del país, con las que, a través de una flexibilización de las normativas y las exigencias, se facilita a las empresas vulnerar los derechos humanos, con total impunidad.

Según Kamille Diligente, directora del Centro Sindical y de Derechos Humanos (CTUHR), estas zonas “tienen su propio mundo y sus propias reglas. Por eso, es mucho más difícil crear sindicatos para organizarse. Estas zonas están muy vigiladas, no solo por guardias privados, sino también por guardias empleados por la autoridad económica”.

Las violaciones de derechos laborales más frecuentes que han sido denunciadas por las trabajadoras incluyen jornadas laborales por encima de los límites establecidos por la ley nacional, salarios que no permiten llevar una vida digna, despidos disciplinarios por cometer errores o participar en un sindicato, exposición a sustancias tóxicas sin la protección adecuada y desinformación sobre los riesgos asociados a sus puestos de trabajo. También se han identificado casos de acoso sexual que no han sido investigados.

Humans Rights Watch ha identificado 72 asesinatos extrajudiciales de sindicalistas desde 2016 en Filipinas

Por otro lado, las empresas no tratan igual a las trabajadoras fijas que a las temporales. Las segundas tienen peores condiciones laborales: ni siquiera disponen de prestaciones por maternidad o vacaciones, y asumen de manera generalizada la presión de hacer horas extras para mantener el contrato.

Persecución sindical

En Filipinas la libertad sindical no está garantizada. Las personas que lideran los sindicatos o que se afilian son asediadas, perseguidas o, incluso, agredidas o asesinadas. La organización de derechos humanos Karapatan ha documentado 427 ejecuciones extrajudiciales entre 2016 y 2021, incluyendo casos que afectaban a defensores y defensoras de derechos laborales. Humans Rights Watch, por su parte, ha identificado 72 asesinatos extrajudiciales de sindicalistas desde 2016 hasta la actualidad.

“Me visitaron en casa y me aconsejaron que me diera de baja del sindicato”

El Gobierno actual ha ido desarrollando una estrategia para desacreditar a los sindicatos, vinculándolos a grupos terroristas. “Volvieron a venir el día siguiente. Siete hombres, dos soldados con uniforme militar, dos policías y tres funcionarios de Barangay, acompañados por el presidente de nuestra comunidad de propietarios, me visitaron en casa y me aconsejaron que me diera de baja del sindicato”, relata Jocelyn Garcia, trabajadora del sector en Filipinas y responsable del comité de mujeres de un sindicato cuyo nombre no se puede revelar por cuestiones de seguridad.

Ilustración de Alba Juanola.

¿Existe una electrónica justa?

Según datos del Global Slavery Index de 2023, los países que conforman el G20 importan 468.000 millones de dólares (más de 426.000 millones de euros) en productos vinculados a la esclavitud moderna al año, con el sector de la electrónica como protagonista. Esta industria cuenta con el volumen de productos más alto relacionado con la esclavitud, comercializando en 2021 un total de 243.600 billones de dólares (más de 222.000 billones de euros). Claudia Bosch, responsable de la campaña Electrónica Justa de SETEM, afirma que “todavía no existe una electrónica de comercio justo que tenga la garantía de que los productos se han fabricado respetando los derechos humanos y el medio ambiente. Tenemos que seguir visibilizando estas vulneraciones de derechos y exigir que las cadenas de suministro sean más transparentes”.

No existe aún un escenario en el que las empresas del sector de la electrónica tengan la obligación de respetar los derechos humanos de sus trabajadoras

Es necesario contar con marcos reguladores vinculantes que vigilen la actividad y la vulneración de derechos humanos de las empresas, añade Bosch. Actualmente, existen distintas propuestas de la sociedad civil, como el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, o, de carácter mundial, el tratado vinculante en materia de empresa y derechos humanos de Naciones Unidas, aún sin aprobar. La directiva de diligencia debida aprobada recientemente en Europa es un paso positivo en la buena dirección, porque busca que las grandes empresas den a conocer y hacer accesible la información relativa a todas las compañías implicadas en su cadena de valor, así como su actividad. Esto es un punto de partida para identificar riesgos y evidenciar casos de violaciones de derechos humanos por parte de estas empresas. Pero lo cierto es que en una sociedad cada vez más digitalizada, no existe aún un escenario en el que las empresas del sector de la electrónica tengan la obligación de respetar los derechos humanos de sus trabajadoras en cualquier región del mundo. Especialmente de las mujeres, que son las que cargan en sus cuerpos con las consecuencias de una industria que tiende a priorizar los beneficios económicos por encima de la vida y la integridad de las personas. Más allá de una necesaria obligatoriedad legislativa es básica una ciudadanía consciente que no se deje llevar por el marketing de las empresas que nos invitan a cambiar de móvil con cada novedad del mercado. Que repare. Que reutilice. Que pida responsabilidades.

Jessica Bonus, desde Filipinas, lanza un mensaje muy claro: “Trabajamos para vivir, no para morir”.