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Las políticas migratorias de la frontera sur española vulneran los derechos fundamentales gobierne quien gobierne. Defender el territorio se convierte así en un objetivo que está por encima de la vida en un país de migradas y de migrantes, que es tanto puerta de entrada como de salida de la Unión Europea. Las vallas, la militarización y las devoluciones se han normalizado.

Desde que en 1988 el fotoperiodista Ildefonso Serna tomara la primera imagen del cadáver de una persona migrante en la orilla de una playa de Tarifa, esta foto se ha repetido una y otra vez. Este hecho solo ha sido noticia cuando hay muertes. Muertes de personas sin nombre y sin historias que podamos recordar, que hagan memoria de dónde vienen, de por qué vienen. Qué les alegra y qué les preocupa. Poner cifras en lugar de caras ha sido la estrategia de unas políticas migratorias que quedan impunes ante la barbarie.

Desde Europa, hablar de la frontera sur española es mirar a un océano inmenso desde Canarias hasta el Sahara Occidental ocupado, y un mar que abarca todo el Mediterráneo, sobre todo la costa andaluza. Depende del punto y de lo despejado que esté el día, al fondo, incluso se puede ver el norte de Marruecos. A veces, la vida se arriesga en una distancia de 14 kilómetros y otras a más de 200, pero siempre es un riesgo subir a una balsa de plástico, a un cayuco, a una patera y dejarse llevar por la marea. Todo esto por la falta de vías seguras, pero sobre todo por la inexistencia de políticas que amparen y que cuiden de la gente.

Cronología de una masacre anunciada

Si en algo han estado de acuerdo estos años de idas y venidas del bipartidismo en la presidencia del Gobierno de España entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ha sido en militarizar las fronteras. Primero, por tierra. En 1998, José María Aznar mandó construir la valla que separa la parte española y la marroquí. No era cualquier alambrada. Al principio, solo una de tres metros de altura, luego, de doble separación. Hoy en Melilla tiene seis metros, mientras que en Ceuta alcanza los diez.

En 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se instalaron las concertinas, conocidas mejor como cuchillas. El 29 de septiembre de ese año, 700 personas intentaron sortear la alambrada desde Marruecos a Ceuta. Cinco hombres murieron. Dos por disparos por la espalda, tres enredados en las concertinas. Nunca fueron identificados, ni las víctimas ni los victimarios. Carmen Echarri, directora de El Faro de Ceuta, lo recuerda en un artículo titulado ‘Sí, las concertinas matan’, y apunta: “Los bomberos tuvieron que ser activados para poder desenganchar al fallecido”. Y añade: “Sí, las concertinas matan, desangran, cortan cuerpos y los marcan”.

El Gobierno de España no solo ha puesto cuchillas para evitar el tránsito de las personas, sino que, además, es referente y mentor de este modelo que ha exportado al resto del mundo

La historia de las cuchillas no acaba aquí. En 2007, el mismo Gobierno del PSOE decidió retirar una parte, pero en 2013, con Mariano Rajoy Brey al frente de un Gobierno bajo las siglas del PP, aumentaron de nuevo las concertinas en la valla de Ceuta y Melilla. “Son una medida no agresiva”, decía por aquel entonces el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, no estuvo muy de acuerdo con esto y pidió una y otra vez su retirada. “Son de una crueldad extraordinaria”, contraponía.

Tras muchas muertes en las fronteras, muchas devoluciones en caliente y muchos tirones de orejas al Gobierno, por fin, en 2020, Fernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior por el PSOE, anunció que se retirarían las concertinas. Lo que se quedó entre dientes es que esas mismas cuchillas no irían a la basura, seguirían en la misma valla, ahora en el lado marroquí.

El Gobierno de España no solo ha puesto cuchillas para evitar el tránsito de las personas, sino que, además, es referente y mentor de este modelo que ha exportado al resto del mundo. En 2015, con la mal llamada “crisis de los refugiados” que emprendían su viaje desde Siria, Afganistán, Marruecos, pasando por Turquía hasta la isla griega de Lesbos y de ahí atravesando Europa hasta Francia y Alemania, principalmente, las fronteras europeas se llenaron de militares con grandes armas bélicas y vallas con concertinas.

Devoluciones inminentes

No solo las cuchillas son el denominador común de un gobierno de derechas y un gobierno, el actual, que se hace llamar socialista y progresista, también lo son las devoluciones en caliente. Podría haber, incluso, un empate en vulneración de derechos. De una parte, eso sí, estas medidas son esperables, de acuerdo con su ideología. De la otra, sin embargo, se ha jugado a la narrativa del despiste, acompañada del silencio de Unidas Podemos, formación integrada por gente que un día fue parte de las plazas [cuando se escribió el artículo Unidas Podemos formaba parte del Gobierno, ahora es Sumar quien está en el Ejecutivo]. Esto frustra la idea de que sí se puede.

Las prácticas de las devoluciones en caliente ya no son algo de lo que el gobierno se avergüence

Las devoluciones en caliente en tierra existen desde que se apuntaló el último trozo de la valla de Ceuta y Melilla en 1999, según reconoció el capitán jefe de la Unidad de la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta, tras otra masacre en 2014: el caso Tarajal. Este hecho supuso un antes y un después en la historia de la frontera sur. 15 jóvenes murieron cuando intentaban alcanzar a nado la costa de Ceuta mientras la Guardia Civil disparaba material antidisturbios. El caso hoy está cerrado. Ni los familiares, ni los supervivientes, ni las víctimas de aquel día han podido abrazar la justicia.

A partir de esta respuesta violenta, las prácticas de las devoluciones en caliente ya no son algo de lo que el gobierno se avergüence. El Ejecutivo del PP comenzó a reconocerlas abiertamente bajo el nombre “rechazo en frontera”. El PSOE criticó está enmienda en su momento. Sin embargo, en 2018 y según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad dados en respuesta a una pregunta de la exsenadora de Podemos Maribel Mora (hoy del grupo parlamentario Adelante Andalucía), se registraron 658 devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Ese año ambos partidos estuvieron en el poder, primero con el PP al frente del Gobierno y, tras la moción de censura, el PSOE. Esta devolución, esta entrega inmediata al país de procedencia de las personas tan pronto como cruzan la frontera, no solo ocurre en las fronteras físicas como las vallas o los muros, también en el agua.

En el documental Paralelo 35º50’, la productora EntreFronteras desvela con audios inéditos como las autoridades marroquíes y españolas se reparten las labores de rescate e incumplen las normativas internacionales para el salvamento de personas náufragas, siendo esta coordenada la nueva frontera entre la vida y la muerte.

Con cada devolución en caliente al país del que vienen (que no el de origen), las personas que migran quedan sin identificar, sin contar sus circunstancias personales y sin que se les dé la opción de pedir asilo. Estas son garantías que están contempladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se violan con cada devolución en caliente. En 2017, el Tribunal de Estrasburgo dictó una primera sentencia en contra de estas expulsiones, basándose en el caso de dos personas migradas en la valla de Melilla y que concluía que los denunciantes no habían tenido posibilidad de solicitar asilo. La sentencia quedó anulada en 2020 y el Gobierno de España nunca llegó a ser juzgado por esto.

Marruecos y las vidas como moneda de cambio

La impunidad en las fronteras ha marcado la hostilidad en las políticas del control migratorio: la militarización, la violencia sexual hacia las mujeres, la separación de niñas y niños de sus familias (normalmente de sus madres), el mantenimiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), los discursos de odio, la persecución a las niñas y niños que migran solos. Las relaciones con Marruecos han jugado un papel fundamental.

El Gobierno de España tiene distintos acuerdos con Marruecos para gestionar los flujos migratorios. En 1992 ambos países firmaron un acuerdo que se usó por primera vez 20 años después, por el cual España podía devolver a Marruecos a aquellas personas que hubiesen entrado de forma irregular a territorio español y fuesen de otra nacionalidad diferente a la de estos dos países. En 2007, firmaron otro acuerdo sobre la readmisión de niñas y niños marroquíes no acompañados. Posteriormente, se firmaron acuerdos de cooperación policial transfronteriza y control migratorio. A cambio, Marruecos recibirá hasta 2027 unos 500 millones de euros de los fondos de la Unión Europea.

Las políticas migratorias en la frontera sur no han supuesto un choque entre gobiernos de diferentes ideologías. El racismo está presente tanto en gobiernos de derechas como en los de izquierdas

Las amistades y enemistades entre el Gobierno de España y el rey de Marruecos, Mohamed VI, también han marcado los tránsitos de personas que migran a través de vías no seguras. En esta relación, siempre está presente la postura del Ejecutivo español sobre el Sahara Occidental (la última colonia en África pendiente de descolonizar), ya que la provincia 53 de España fue abandona en 1975 y ocupada con violencia por Marruecos bajo la Marcha Verde que supuso para la población saharaui el exilio, la guerra y un genocidio que después de casi 50 años todavía no han tenido derecho a la autodeterminación de los pueblos, a pesar de que Naciones Unidas no reconozca a Marruecos como potencia administradora del Sahara Occidental.

Un ejemplo de esto fue la advertencia de Marruecos a España tras su acogida secreta del líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali, por cuestiones sanitarias en abril de 2021. 12.000 personas, en su mayoría niñas y niños sin acompañamiento, cruzaban por tierra y mar hasta la ciudad española con enclave en el continente africano en mayo de 2021, mientras la gendarmería marroquí en la frontera de Ceuta lo pasaba por alto. Nunca se pudo contabilizar cuántas fueron devueltas, pero al menos hay unos 195 casos a los que nunca se les aplicaron los protocolos de derecho internacional y de la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas para determinar cuál es el interés superior de cada niña y niño.

Desde entonces, la cuerda no ha parado de tensarse. Más fondos económicos, más muertes. El 24 de junio de 2022, al menos 27 personas – más de 40 según qué ONG las contabilice- fallecieron al tratar de sortear la valla de Melilla debido a la brutal represión de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Respuesta ciudadana

El Gobierno “más progresista de la historia” no solo quiere brindar con Marruecos por su trabajo en el control migratorio, sino que también lo hace por la persecución a defensoras de los derechos humanos. La defensora y activista almeriense Helena Maleno vivía en Marruecos cuando recibió una notificación para ir al juzgado. El Gobierno de España, desde Interior, había hecho un dossier que la acusaba de tráfico de personas y por el que pedía a Marruecos que le aplicaran cadena perpetua. Habían hurgado en su vida, en la de sus criaturas, en sus llamadas y hasta en su sexualidad. En el juicio esto no llegó a nada, pero más tarde Maleno fue expulsada de este país. “¿Quién defiende a quienes defienden?” recoge el trabajo de investigación periodística ‘Defensoras, sitiadas en el laberinto’ que cuenta la vida de Maleno y de otras defensoras, así como los patrones de criminalización que usa la Unión Europea para cambiar el foco sobre las políticas de migración y persecución que implementan. En este ambiente tóxico, las defensoras y la ciudadanía se encuentran cada vez más con un achicamiento del espacio cívico, y esto pasa en países donde gobiernan partidos con ideologías liberales, de derechas, conservadoras, de izquierdas y hasta fascistas. Entonces, ¿existe una derechización de las políticas migratorias en la frontera sur española?

Las políticas migratorias en la frontera sur no han supuesto un choque entre gobiernos de diferentes ideologías. El racismo está presente tanto en gobiernos de derechas como en los de izquierdas. Se pone de manifiesto que existen intereses de victimización, como ha sido tras la acogida de miles de personas que huyen de la guerra de Ucrania, lo que demuestra que sí podemos ser un país de acogida y que sí es posible cumplir con los derechos fundamentales para todas, si se quiere.