Este texto forma parte del monográfico Prostitución, publicado en 2021 y que puedes conseguir en pdf en nuestra tienda online.

La idea era hablar de las cifras que mueve la prostitución cuando se planteó este texto de apertura del monográfico. A quién beneficia, cuánto, cuántas mujeres, quiénes son. Pero los números no están claros. A medida que se han ido desgranando los textos, leemos que las estadísticas y los discursos mezclan prostitución con trata con fines de explotación sexual, de forma más o menos interesada: para cumplir con los objetivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre el desmantelamiento de redes de trata, por interés político o por confusión. Lo explica Sara Guerrero cuando escribe sobre racismo y prostitución. Lo cuenta Mª Ángeles Fernández al analizar el discurso de los medios de comunicación.

Si buscamos en los informes de la ONU podemos encontrar cifras, más o menos actualizadas, sobre trata con fines de explotación sexual. Por ejemplo, según el informe ‘Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual’, extraído de otro más amplio realizado entre 2008 y 2011, hay unas “140.000 víctimas de trata al año” entre Europa occidental y central. El número anual de víctimas nuevas es alrededor de 70.000. El negocio movía entonces unos 3.000 millones de dólares anuales. Y esto solo en trata organizada para consumir en Europa. Estas cifras de la ONU hablan de eso, de trata. Pero los medios se hacen eco de estos números intercalando esta expresión y la de prostitución indistintamente.

De hecho, en los medios de comunicación del Estado español suele cifrarse en torno a un 90 por ciento la cantidad de mujeres que ejercen la prostitución como víctimas de trata. Según el informe de la ONU, en cambio, solo una de cada siete mujeres que ejerce en Europa lo hace de esta manera. Es decir, la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen fuera del sistema de trata, pero el porcentaje repetido del 90 por ciento falsea la realidad. Así, las mafias se sitúan como eje del problema —y no es un problema menor, eso no se discute—, cuando el grueso del mismo se encuentra en todas esas mujeres, seis de cada siete, que se dedican a otro tipo de prostitución. Estas no están contabilizadas en la mayor parte de los informes que circulan en los medios y sus problemáticas quedan invisibilizadas.

Las cifras también varían de un organismo a otro. Por ejemplo, en 2007 se celebró una Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades del Congreso de los Diputados de España. Como resultado se elaboró un informe sobre la situación de la prostitución en el país. Los números que se manejan en este documento especifican que las mafias ganan con la prostitución 7.000 millones de dólares anuales en todo el mundo. No señalan las fuentes, pero la cantidad que aportan a escala mundial es poco más del doble que la marcada por la ONU para Europa occidental y central. Según el mismo texto de la comisión, la asociación de propietarios de clubes de alterne de España aseguraba entonces que el negocio movía 18.000 millones de euros anuales en el país. La diferencia al alza respecto al monto anual mundial hace suponer, porque no se especifica, que los propietarios de clubes no hablan de trata -o no hablan solo de trata- y están incluyendo otras formas de explotación o de trabajo sexual al hacer la suma. Pero, de nuevo, son solo suposiciones. También se recoge que, en España, “para los ‘empresarios’ del sector los ingresos por prostituta y año suponen de 45.000 euros”; en Europa, “cada trabajadora sexual deja un beneficio de 100.000 euros por año a cada proxeneta y cada uno de ellos regenta al menos de 20 a 25 mujeres”. Si diéramos por buena esta cifra, querría decir que una prostituta autónoma, sin proxeneta explotador de por medio, podría ganar esa cantidad al año, más de 8.000 euros al mes, lo cual está lejos de la realidad de la mayoría de las trabajadoras sexuales. De hecho, según el mismo informe de la comisión, la mayoría de las mujeres que se prostituyen son pobres, migrantes e indocumentadas. Según el estudio de 2014, ‘La prostitución femenina en España. Construyendo un perfil del cliente’, realizado por Águeda Gómez Suárez y Rosa María Verdugo Matés en la Universidad de Vigo, esta situación podría deberse a “la proliferación de la industria del sexo en la variante de clubes de alterne, que se extendió a partir del año 1995 en España, motivada por la despenalización del considerado ‘proxenetismo coercitivo’”. Es decir, la despenalización supuso que los clubes se extendieran por el país, contribuyendo a una mayor necesidad de mujeres que “garantizara esta actividad en los burdeles”. “Desde entonces —continúa el estudio— la cara de la mujer prostituida pasó a ser la de una mujer que se encuentra en situación de necesidad: inmigrante, en situación de pobreza y con cargas familiares”. La investigación Consentimiento y coacción. Prostitución y Políticas Públicas, realizada entre 2010 y 2012 y liderada por la académica feminista Rosa Cobo, señala también la globalización capitalista y el crecimiento económico de España durante los años 90 como factores que han influido en el aumento de mujeres prostitutas de origen migrante. “Sin embargo, la cantidad de mujeres españolas en dicha situación también ha aumentado a raíz de la crisis, según nos muestran los datos”, señalan. Los informes, escasos y poco actualizados, señalan que el debate de la prostitución no trata sobre acceder a sexo, sino sobre precariedad y feminización de la pobreza y de la supervivencia.

“Aproximadamente cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas mundialmente, con el objeto de forzarlas a la prostitución, la esclavitud o el matrimonio”, explica el informe de la comisión. De nuevo, tres formas de explotación sexual y con sesgo de género que se entrelazan y que deberían abolirse, pero que, al mezclarse, impiden atender a las circunstancias de cada una de ellas y, por tanto, complican definir las estrategias para liquidarlas. “El negocio de la prostitución —reza el informe— es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas”. Tres actividades que se benefician de la existencia de fronteras, como bien señala Patricia Simón en este monográfico, y de las opresiones de género y raza que vertebran las clases sociales para que siempre haya explotadores y explotadas.

De estas actividades, el tráfico de drogas y la prostitución se incluyen en el PIB del Estado español desde 2014. Sí. En el Producto Interior Bruto. Según una noticia de El Mundo de entonces, estos cambios que el Instituto Nacional de Estadística (INE) introdujo en la contabilidad nacional elevaron “la riqueza producida por los españoles al incorporar como inversión el gasto en I+D, el armamento o las actividades ilegales como la prostitución, el tráfico de drogas o el contrabando de tabaco en 26.193 millones más en 2013. El PIB nominal por tanto de este año alcanzó los 1.049 billones frente a los 1.023 billones que figuraban hasta ahora en las cuentas oficiales”.

¿Cuánto de estos negocios puede cuantificarse y cómo, si la mayoría de sus actividades son ilegales y no están registradas, y las vidas de quienes las ejercen tienen que ser clandestinas en muchos casos? El INE desagrega la Contabilidad nacional anual de España por ramas de actividad, pero no recoge estas actividades. Tampoco se especifica en las Cuentas anuales no financieras. Para saber exactamente cuánto aportan al PIB, dicen desde el organismo, habría que solicitar y pagar un informe ad hoc. En el acta de la sesión de las Cortes, se recoge una mención a esta cifra —antes de que el INE incluyera la actividad de forma oficial—: “Se estima, que sobre el PIB, las cifras de prostitución representan del dos al cuatro por ciento”.

El informe de 2007 de las Cortes Generales recoge que, en la Unión Europa, el número de personas que trabaja ilegalmente “en la llamada ‘industria del sexo’ fluctúa entre 200.000 y 500.000; dos terceras partes provienen de Europa oriental”. Se entiende que al hablar de trabajo ilegal, la cifra no incluye a las prostitutas autónomas, puesto que ejercer la prostitución de esta forma no es delito en España, es alegal. Verónika Arauzo ejerce este tipo de trabajo sexual y, en la entrevista que Joana García Grezner le hace para este monográfico, detalla las implicaciones que puede tener la nueva ley que prepara el Gobierno estatal, conocida como “ley del solo sí es sí” [las medidas sobre esta cuestión no se incluyeron al final]. La nueva norma reintroduce la tercería locativa, según la cual los dueños de los lugares donde se ejerce la prostitución también estarán penalizados. Pero el límite de esta propuesta normativa es difuso y Araúzo pide que se especifique: ¿si alguien vive en un piso de alquiler y ejerce en él, la persona propietaria del inmueble puede ser acusada de proxenetismo? Berta Gómez dedica un artículo al análisis de esta ley y alude al mismo punto.

“La prostitución es alegal en España”, suele repetirse hasta la saciedad. Pero lo cierto es que el delito de prostitución existe. El Código Penal penaliza al proxeneta o chulo que se lucra de la prostitución de otra persona. Además, las normativas ciudadanas de cada municipio pueden sancionar su ejercicio en la vía pública. De hecho, si observamos los datos del INE sobre los delitos cometidos por tipos en España, en el apartado de delito de prostitución y corrupción de menores se recoge que en 2019 hubo un total de 620 delitos de este tipo, 565 cometidos por hombres y 55 por mujeres. Si desagregamos los datos por nacionalidad, la mayoría (502) fueron cometidos por personas con nacionalidad española. Por comparar, en el caso de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual se contabilizaron 105 delitos, 54 cometidos por personas con nacionalidad española.

El informe de las Cortes continúa con los medios de comunicación para señalar otro sector que sale beneficiado con el negocio de la prostitución. En un día laboral de 2007, las ediciones de los cuatro principales periódicos del país, publicaban un número de anuncios “considerable”: El País, 702 anuncios llamados de contactos; El Mundo, 672; ABC, 225 y La Razón, 91. “El periódico con más tirada de este país ingresa en torno a cinco millones de euros anuales”, especifica la comisión. Conviene recordar que, a pesar de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que la publicidad de contactos era ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad de 1988, esto no se cumplía ni entonces ni ahora, puesto que se considera que la decisión de incluir este tipo de publicidad es responsabilidad del propio medio. El artículo 3 es ambiguo y señala como ilícita, entre otras, “la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer”. Si ni en el seno del movimiento feminista estamos de acuerdo en convenir si la prostitución es o no un trabajo, si atenta o no contra la dignidad de quien lo ejerce, ¿realmente se puede esperar que en virtud del artículo 3, ambiguo y general, todos los medios pongan por sí mismos freno a esta fuente de ingresos? Por ejemplo, El País dejó de admitir este tipo de publicidad en 2017.

¿50 millones de euros diarios en el consumo de prostitución?

La radiografía del informe de las Cortes Generales también señala a los consumidores y aporta otra cifra tremenda: en España se gastan 50 millones de euros diarios en consumo de prostitución. Esto supondría que, poniendo el servicio en una media de 50 euros, un millón de hombres consume prostitución al día en nuestro país. Y hablamos de hombres porque ellos constituyen el grueso del grupo de consumidores: cuatro de cada diez hombres consumen prostitución en España, recoge Raquel F. Novoa en su reportaje sobre chaperos. “Cada consumidor gasta unos 100 euros al mes”, dice el informe. Es decir, ese millón de hombres diarios rota, no son siempre los mismos. Solo “el seis por ciento de la población española es consumidora habitual de prostitución”, sentencia el informe. En aquel momento el número de varones “potenciales clientes” era de 15 millones, por lo que hablamos de 900.000 clientes habituales. Se estimaba, además, que había 400.000 prostitutas en España, una por cada 38 hombres. En cualquier caso, como se especifica en el acta de la comisión, los datos que se ofrecen no están lo suficientemente contrastados. Por terminar con el consumidor, el estudio señala que tienen entre 16 y 64 años. June Fernández aborda en su texto ‘El reportaje abortado de los puteros’ el perfil o, más bien, la infinidad de perfiles de hombres que consumen prostitución.

El baile de cifras y lo opaco de esta actividad nos lleva a hablar de conceptos. Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, uno de los tres protocolos de Palermo adoptados por Naciones Unidas en el año 2000, la trata con fines de explotación sexual es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos”. Y, sin embargo, como explica la prostituta y activista Linda Porn, hay mujeres que vienen sabiendo que van a ejercer, sabiendo que entrarán en una red. ¿Es necesario aludir a la falta de agencia de una mujer para calificar a las mafias y al negocio como lo que es, una red de explotación de cuerpos, en su mayoría de cuerpos de mujeres? La agencia para decidir un recorrido vital puede estar marcada por la falta de oportunidades, pero sigue siendo agencia. ¿Quién puede decir que elige libremente? Resumiendo, toda la trata es prostitución, pero no toda la prostitución es trata. Ni toda la prostitución que se da fuera de la trata está exenta de explotación. Proxenetas, clubes y chulos completan la ecuación fuera de las grandes mafias.

Más allá de cómo se ejerza este oficio, dice en este monográfico la socióloga Beatriz Ranea Triviño, debemos poner el foco en el consumidor. El pago por un servicio sexual implica entender el cuerpo de otra como un bien de consumo, como una persona con la que no tenemos que negociar, con la que podemos poner en práctica nuestros deseos sin atender a los suyos. Supone un apuntalamiento de la masculinidad hegemónica. Legalizar esta práctica implica asumir que es lícito consumir cuerpos de esta forma. Que es lícito practicar un sexo que nada tiene que ver con el sexo, como explica la sexóloga Flor Arriola en estas páginas. Hablar de prostitución es hablar de un modelo de sociedad patriarcal en el que el deseo de los hombres se sitúa en la cúspide de las relaciones.

Volviendo a los conceptos, la definición de prostitución es escueta. Según el Diccionario de la Real Academia es la “actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero”. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Con qué porcentajes de dinero en el reparto? Conocer las condiciones específicas en que se enmarca este trabajo no supone relativizar, sino comprender las estrategias de erradicación de cada caso. Mi configuración feminista respecto a la prostitución parte de un regulacionismo naif, pasando por un abolicionismo férreo hasta el abolicionismo actual, en el que entiendo que es el marco legal el que hay que pelear, atendiendo a cada una de las formas de ejercicio de la prostitución. Prueba de ello es que, como se puede leer en este monográfico, esta nunca es una práctica aislada de las normas que configuran las sociedades. La ley de extranjería atraviesa este tema como atraviesa los cuerpos de todas las migrantes que ven en el trabajo sexual un salvavidas. Aun así, en este monográfico no damos respuestas, más bien reflexiones, preguntas, análisis y periodismo. No está todo y no damos el debate por cerrado.