Los ¨avances¨ en materia migratoria que el Gobierno presenta como propios son el resultado del trabajo de incidencia política del Movimiento #RegularizacionYa y de las organizaciones que dieron su apoyo a la ILP [Iniciativa Legislativa Popular] para la regularización de más de medio millón de personas que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular.

Hasta ahora, ni las izquierdas ni las ONGs que dicen luchar por los derechos humanos han estado a la altura de las organizaciones migrantes de base para defender la ILP. No lo ha hecho el PSOE y tampoco los partidos autonómicos como Junts o PNV que impiden que se apruebe nuestra demanda.

El 18 de diciembre se conmemora el día internacional de las personas migrantes, una jornada que no puede convertirse en una farsa vacía de significado. No se trata de hablar de ‘vías legales y seguras’, se trata de aprobar el único mecanismo de democracia directa que garantizaría el acceso a derechos de las personas en situación administrativa irregular que ya están en el país.

El 17 de diciembre, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso se reunió para seguir trabajando en las enmiendas a nuestra ILP sin ningún avance. Tras cuatro años de lucha, es imperativo que todos los partidos que mencionan los derechos humanos, la justicia social y la solidaridad en sus programas electorales consigan que esta propuesta de ley sea debatida y aprobada en el pleno del Congreso. Es inaceptable la falta de capacidad de los representantes del pueblo para alcanzar acuerdos dejando de lado sus intereses partidistas. La propuesta de ley para una regularización administrativa de personas migrantes no pertenece a ningún partido político; esta iniciativa parte del movimiento social de base migrante y de la sociedad civil que demostró su apoyo con las más de 700.000 firmas recolectadas a pie de calle. Esta propuesta de ley necesita coherencia ética y política. No podemos llegar a 2025 con miles de personas desprovistas de derechos básicos debido a la irregularidad administrativa forzosa. En este contexto de catástrofe climática, ante el avance de la extrema derecha, la firma del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, hemos sido capaces de sostener el trámite parlamentario de la ILP Regularización y presionar al Gobierno para llevar adelante todas las reformas relacionadas en materia migratoria, incluso la última del reglamento, la cual consideramos insuficiente y que recortan derechos en materia de protección internacional y asilo.

Dentro del paquete de medidas estatales para dar respuesta a la catástrofe ocasionada por la dana se sigue dejando atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular

Dentro del paquete de medidas estatales para dar respuesta a la catástrofe ocasionada por la dana se sigue dejando atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular, tal como sucedió durante la covid, ya que:

• No identifica explícitamente las necesidades particulares de las personas migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo o refugiadas, ni contempla medidas específicas para atenderlas en situaciones de emergencia.
• No menciona cualquier tipo de regularización, ni siquiera la posibilidad de otorgar autorización de residencia temporal en circunstancias excepcionales por razones de interés público a las personas en situación administrativa irregular afectadas por la dana que se encontraran residiendo o trabajando en zonas críticas.
• Se exige, como mínimo, autorización de residencia para acceder a las ayudas públicas, excluyendo automáticamente a las personas migrantes en situación irregular. No se contempla alternativa para aquellas personas que no disponen de estos documentos, lo que impide su acceso a ayudas en situación de emergencia y catástrofe.
• Los requisitos para acceder a las ayudas públicas, como acreditar tener una vivienda, estar empadronado, tener una cuenta bancaria o una póliza de seguros, etcétera, eliminan el acceso a estas prestaciones para las personas migrantes en situación irregular.
• No se contemplan vías alternativas para acreditar la identidad o la residencia de las personas sin documentación formal. Directamente, no dan alternativas para personas sin empadronamiento formal, algo muy habitual entre las personas migrantes en situación irregular y/o solicitantes de asilo.
• La solicitud de ayuda pública exige proporcionar un número de cuenta bancaria (IBAN), algo que no siempre está al alcance de las personas en situación irregular o de aquellas que no pueden acceder al sistema financiero formal.
• No se abordan explícitamente las barreras adicionales que pueden enfrentar mujeres migrantes, menores o personas mayores en situación irregular.

Durante cuatro años, hemos trabajado incansablemente para la aprobación de esta ILP. Un trabajo de base y de incidencia política basado en un mecanismo de participación ciudadana, la Iniciativa Legislativa Popular, que no puede ser desatendido en un contexto democrático que respete los derechos humanos y la Constitución que dice representar.

Las personas migrantes aún no formamos parte de pleno derecho en la sociedad civil y la ciudadanía del Estado español. La falta de voluntad política de quienes nos gobiernan no puede derivar en la anulación permanente de nuestros derechos.

Este 18 de diciembre, día internacional de las personas migrantes, queremos dejar claro que sin la aprobación de la Regularización Ya, el Gobierno estará incumpliendo su mandato democrático.