El próximo 30 de enero hará dos años que se hizo pública la infiltración de policía DHP, Dani, entre 2020 y 2022, en los movimientos libertarios y autónomos de Barcelona. DHP fue solo un policía más entre un goteo de casos que, a día de hoy, nos ha hecho conocer, como mínimo, nueve policías nacionales infiltrados en diferentes movimientos sociales del Estado español en los últimos años. Hecho que pone en evidencia el carácter estructural y sistemático de estos operativos.

Personas afectadas por este caso creamos ACCIÓ contra l’espionatge d’estat para denunciar y afrontar colectivamente los efectos y consecuencias de esta herramienta represiva del Estado. Paralelamente, algunas compañeras decidieron interponer una querella criminal contra DHP, sus superiores jerárquicos y el Ministerio de Interior, como una vía más, pero no la única, de responder a una vulneración tan grave. Conscientes que el sistema judicial no reparará los daños ni los impactos causados, la acusación judicial pretende poder generar un precedente, como pasó en el caso de UK.

El Juzgado de Instrucción inadmitió a trámite la querella interpuesta, acción judicial que ha quedado avalada por la Audiencia Provincial de Barcelona, de manera que unos hechos tan graves no se van a investigar. Tanto el Juzgado como la Audiencia han avalado y hecho propio el discurso de Fiscalía, que alega que investigar el caso “podría poner en peligro la seguridad del Estado”. Así pues, se prioriza una cuestión de supuesta seguridad antes que nuestros derechos fundamentales. Por eso, en el marco de esta querella, el pasado octubre 6 compañeras interpusieron un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

Las infiltraciones policiales y las prácticas que las sustentan son tortura y, además, en este caso han ido de la mano de agresiones sexuales perpetradas por el policía infiltrado, es decir, lo que podríamos definir como violencia institucional sexualizada. Todas estas prácticas atentan contra la dignidad y la integridad de las personas y conllevan unos daños y secuelas personales irreparables. Exigimos que se investiguen los hechos y que se acabe con estas prácticas abusivas.

Dos años después de saber quién se escondía detrás de Dani, seguimos aquí, juntas y organizadas, denunciando y visibilizando el espionaje de Estado

Compañeras afectadas por otros casos de infiltración en Girona y en los últimos días en València, también han interpuesto querellas a raíz de infiltraciones policiales descubiertas en sus entornos más próximos, denunciando así también su carácter represivo e ilegal. A día de hoy, ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional han dado ninguna respuesta. Tampoco se ha abierto ningún proceso de investigación sobre los hechos, unos hechos y actuaciones que el ordenamiento jurídico no recoge, más allá de la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, una ley franquista en la que amparan sus silencios.

Dos años después de saber quién se escondía detrás de Dani, seguimos aquí, juntas y organizadas, denunciando y visibilizando el espionaje de Estado para que ninguna otra compañera sea vulnerada por este tipo de prácticas, que son tortura.

Agradecemos a La Directa el incansable trabajo de investigación que nos ha hecho conocer la verdadera identidad de quién accedió a nuestros espacios colectivos, asambleas, casas y lugares más íntimos de nuestras vidas. Enviamos un fuerte abrazo a las compañeras afectadas por el resto de casos del Estado. También queremos hacer una llamada a la solidaridad y al apoyo mutuo para generar una respuesta colectiva ya que, más allá de las personas directamente afectadas, estas infiltraciones policiales son una vulneración que nos afecta a todas. No normalicemos ni acatemos los ejercicios de violencia en manos del Estado: el conjunto de casos destapados hasta ahora nos demuestran la gran amplitud de colectivos, espacios, organizaciones y personas que podemos ser objetivos.

Tenemos una campaña abierta de recogida de fondos para sufragar los elevados costes del proceso judicial y poder seguir denunciando las infiltraciones policiales.

Os animamos a compartir información del caso y a sumar en la generación de debate público y denuncia sobre los métodos de infiltración y sus impactos.