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Amazonía por la Vida

La pachamama, o la madre tierra para los latinoamericanos, tiene quien la defienda en una esquina de Ecuador. Desde diversas comunidades del país americano, se alza la voz desde hace varios años para para proteger sus entrañas y evitar que extraigan parte del petróleo que alberga en una zona del Parque Nacional del Yasuní, una de las mayores reservas de la biosfera. Una lucha que, partiendo de la sociedad civil, fue ganando adeptos hasta que el Gobierno de Rafael Correa la hizo propia y consiguió que la ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apoyara finalmente la Iniciativa ITT-Yasuní.

El fideicomiso firmado en agosto persigue dejar bajo tierra un 20% de las reservas petroleras de Ecuador, las de los parques Ishpingo, Tambococha y Tiputini (de ahí las siglas ITT). La contrapartida de no sacar 846 millones de barriles de petróleo y 407 millones de toneladas de dióxido de carbono (lo que emiten Francia o Brasil en un año) es que la sociedad internacional aporte 3.600 millones de euros, la mitad de lo que ingresaría Ecuador si efectivamente aprobara la extracción.

La contrapartida de no sacar petróleo es que la sociedad internacional aporte 3.600 millones de euros, la mitad de lo que ingresaría Ecuador si aprobara la extracción.

Detrás de esta defensa única de la pachamama hay varios nombres propios de mujer. “Si una persona tiene mérito individual en esta iniciativa es Esperanza Martínez(…). Mientras que María Fernanda Espinosa es en la actualidad la persona más importante para llevar adelante la iniciativa (…). Las mujeres indígenas huaroani son indispensables en las luchas de su pueblo, como Manuela Omari que ha estado apoyando firmemente la iniciativa”. Tres nombres clave en la lucha, a los que hay que añadir quien los pronuncia, Alberto Acosta, economista, exministro y expresidente de la Asamblea Constituyente.

Esperanza Martínez, activista ecologista y coordinadora de la campaña ‘Amazonía por la vida’ fue, junto con Acosta, quien empezó a trabajar hace años el concepto de la moratoria petrolera. “Su nombre hace honor a la esperanza que hemos ido construyendo para salvar lo que todavía se pueda salvar de vida en la Amazonía”, añade el economista ecuatoriano.

“Dejar el crudo en el subsuelo es la única forma de enfrentar la crisis del clima y de proteger los derechos de las poblaciones locales. El tránsito a una civilización post petrolera ya no es una elección, es una condición indispensable”, explica Martínez.

Los pueblos que habitan en la zona, como los huaoranis, se han opuesto a la presencia petrolera debido al coste ambiental y social que supone

En el Ejecutivo sobresale el nombre de María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio, cargo desde el que defiende el patrimonio natural del país andino, como ya hizo en su etapa como canciller. Maleta en mano, la ministra está buscando personalmente apoyos para la iniciativa: “Siempre vimos la Iniciativa como el emblema de una nueva comprensión y respuesta a los problemas del cambio climático, como un mensaje al planeta de que otro mundo es posible”.

Del lado de la sociedad civil también destaca la lucha de los pueblos que habitan en la zona, como los huaoranis, que se han opuesto a la presencia petrolera en su territorio debido al coste ambiental y social que eso supone. Manuela Omari Imaomene, presidenta de la Asociación de Mujeres Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, afirma: “Queremos vivir libremente pero las petroleras vinieron a nuestras casas. Nosotros no vamos a ensuciar la casa de ellos, queremos vivir como antes”.

Tres ejemplos, tres nombres ligados a la iniciativa ITT-Yasuní, un nuevo marco que deja caduco a Kioto, porque el meollo de la cuestión no es reducir emisiones -como se hace ahora- sino evitarlas. “Se trata de corresponsabilidad”, insiste Acosta. Un concepto al que añade los de deuda ecológica y bienes comunes públicos globales y que supondrá, según el exministro, una nueva forma de cooperación internacional y un cambio en las relaciones entre países.

Una postura también apoyada por la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Rebeca Grynspan, quien ha afirmado que  “la estructura y funcionamiento del fondo es una ruptura de los paradigmas tradicionales de relación entre países de norte y sur y de la cooperación internacional”.

Un arca de Noé
Todas estas propuestas teóricas cobran de nuevo vida cuando el discurso regresa al Yasuní, declarado por la Unesco en 1989 como Reserva Mundial de la Biosfera. Además, es una reserva del Pleistoceno, porque la última glaciación no cuajó en esta zona del planeta, que supone el 0,15 por ciento de la Amazonía. Dentro de una hectárea se han encontrado tantas especies de árboles como en todo Estados Unidos y Canadá juntos y se estima que contiene 100.000 especies de insectos, la diversidad más alta estimada por área de unidad en el mundo entero para cualquier grupo de planta o animal. Allí están también el 33% de las especies de reptiles del mundo, el 34% de las aves y entre un 27 y un 33% de los mamíferos.

Sin olvidar que en esta zona viven los huaoranis, la población indígena que más se implicó en la lucha de la conservación desde los años 70, además de los tagaeris y los taromenanis, los dos últimos pueblos no contactados de Ecuador. De este modo, proteger el Yasuní significa garantizar el derecho de los pueblos y proteger la biodiversidad. Proteger a la pachamama, en definitiva.

Un antecedente para olvidar

Además de todos los argumentos utilizados habitualmente, el antecedente de la petrolera Texaco en Ecuador es otra premisa que justifica esta novedosa iniciativa. Cuando Texaco se retiró del país, hace más de una década, dejó tras de sí un desastre ambiental mayor al provocado por BP en el olfo de México. Los demandantes, afectados por los treinta años de actividad extractiva, estiman que la reparación del daño puede costar alrededor de 30.000 euros, aunque hay voces que elevan la cifra hasta los 67.000.

Todo esto sin contar el daño psicológico y físico, sobre todo violaciones, a decenas de mujeres por parte de trabajadores de la compañía, como queda documentado en el estudio ‘Las palabras de la selva’, del instituto vasco sobre desarrollo Hegoa. “La mayor parte de las veces estas violaciones se dieron en condiciones de vulnerabilidad a la presión y coacción contra las mujeres”, recoge el estudio hecho en 2009con enfoque psicosocial. El estudio también afirma que “la distribución de los casos de violencia sexual es suficientemente amplia para no poder ser atribuida a acciones aisladas de algunos trabajadores. Además, dichas agresiones sucedieron en diferentes contextos y lugares. Según la información recogida en los grupos focales, las violaciones fueron en los casos indígenas más frecuentes, y varias veces colectivas, con consumo de alcohol y en contextos de indefensión de las mujeres”.

Denuncia a BP en Ecuador

El pasado 26 de noviembre se presentó en la Corte Constitucional del Ecuador una demanda contra la empresa British Petroleum (BP) por haber violado los Derechos de la Naturaleza y los Derechos del Mar, consagrados en la Constitución del Ecuador (única en el mundo que recoge esto), al permitir el derrame de al menos cinco millones de barriles de petróleo tras el hundimiento en el olfo de México de la plataforma Deep Water Horizon el pasado 20 de abril.

Según informa ‘Amazonía por la vida’, la demanda ha sido presentada por ecologistas de diferentes partes del mundo, Vandana Shiva, reconocida ecofeminista a quién se le otorgó en el año 1993 el Right Livelihood Award, considerado como el Premio Nobel Alternativo, por su lucha en defensa del medio ambiente. Entre las peticiones a la empresa constan recomendaciones como que se ordene a BP dejar represada en el subsuelo una cantidad equivalente en crudo a la derramada en el Golfo.