La policía impidió a las feministas terminar la marcha del 8 de marzo./ Programa Feminista La Corriente

En la mañana del 8 de marzo, las feministas que se acercaron al punto en el que comenzaba la marcha por el Día Internacional de las Mujeres en Managua se inquietaron al ver que las principales rotondas de la ciudad estaban ocupadas por las juventudes sandinistas. Portaban banderas rojinegras y vestían las camisetas de propaganda del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): “Bendecidos, prosperados y en victorias”. Ningún símbolo, bandera o pancarta en alusión a los derechos de las mujeres. Su objetivo, temieron las feministas, era “boicotear la marcha de las mujeres”.

Las agentes antimotines en primera fila eran mujeres, los de la retaguardia eran varones; “una clara provocación para que unas mujeres agredieran a otras en el 8 de marzo”

Pese a esa señal de anormalidad, la manifestación del 8 de marzo arrancó alegre y reivindicativa, pero cuando se acercaba a la rotonda de Metrocentro (donde estaba previsto, con autorización institucional, que terminase la marcha y se leyese el comunicado), un cordón policial intentó interrumpir su paso. Las mujeres lo rebasaron, pero pocos metros después, toparon con otro cordón policial, tres veces mayor, incluidas dos filas de antimotines (antidisturbios), vestidos y armados con rifles de balas de goma y bombas lacrimógenas. Las agentes antimotines situadas en la primera fila eran mujeres; los de la retaguardia eran varones. Las feministas interpretaron esta estrategia como “una clara provocación para que unas mujeres agredieran a otras en el día internacional de celebración de nuestras luchas”.

Es la primera vez que las nicaragüenses no pueden disfrutar de la emblemática celebración del 8 de marzo. Llenas de rabia e impotencia, gritaron a los y las agentes: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”. Les cantaron: “Vamos a quemar la policía nacional por machista y patriarcal” y lamentaron la responsabilidad de la directora del cuerpo de policía, Aminta Granera. A medida que pasaban los minutos y la policía no cedía, cada activista pasó el rato a su manera: hubo quien hizo pedagogía con las policías (“usted no tendría este trabajo si no fuera por las feministas, usted debería estar de nuestro lado”), quien les intentó regalar un libro de poesía, quien les ofreció agua y conversación sin éxito… La tensión se elevó cuando algunas manifestantes intentaron romper el cordón policial; a un par de activistas que intentaron llamar a la calma les cayó algún porrazo. Finalmente, las feministas se fueron dispersando, al ritmo de los chicheros (charangas) y coreando lemas para reducir el mal sabor de boca.

A los tres días contraatacaron mediante un plantón frente a la sede de la Policía Nacional, al que acudieron cerca de un centenar de activistas, algunas disfrazadas de antimotines, para gritar que no van a renunciar a la presencia en las calles ni al derecho a manifestarse.

Escalada de la represión

Daniel Ortega volvió al poder como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 2006. El mismo presidente y el mismo partido que lideró la Revolución de 1979, pero cuyo triunfo electoral 27 años después fue posible gracias a sus pactos con la Iglesia católica y con Arnoldo Alemán, presidente liberal entre 1997 y 2002, recordado como uno de los diez jefes de Estado más corruptos del mundo. Quienes pusieron fin a la dictadura de los Somoza, hoy acumulan poder, cambian la Constitución para poder ser reelegidos indefinidamente, aumentan el peso del Ejército y combinan su mensaje hippie de paz y amor con un clima de represión y criminalización de la protesta social.

Las organizaciones feministas desempeñan un destacado rol disidente, criticando con perspectiva de género las últimas reformas del Gobierno del FSLN: la de la Constitución, la de la seguridad social que implica tener que cotizar más para acceder a una pensión de jubilación o la aprobación del Código de Familia, que explicita que familia es la formada por un hombre y una mujer con fines reproductivos, negando el reconocimiento de la diversidad familiar.

“Tienen miedo, porque saben que vamos a hablar de la verdadera dizque igualdad de la que presumen. Igualdad que reprime el aborto, igualdad que no permite que las mujeres digamos públicamente lo que pensamos”

“El Gobierno sabe que el principal movimiento social que denuncia sus políticas represivas es el movimiento de mujeres”, explica Milagros Romero Meza, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua. Añade que la actuación del pasado 8 de marzo se enmarca en “una escalada de las agresiones a las expresiones de resistencia popular”, entre las que destaca los ataques a estudiantes y personas mayores durante las movilizaciones para reclamar la pensión reducida para las y los jubilados que no completaron las semanas de cotización que requiere el sistema de seguridad social, así como la represión de las protestas de los trabajadores y habitantes del ingenio azucarero San Antonio afectados por insuficiencia renal crónica. A Romero Meza le inquieta especialmente que por primera vez los sandinistas hayan confrontado a las feministas con contramarchas, en connivencia con la Policía Nacional.

Ya en el Encuentro Nacional Feminista celebrado el pasado febrero en Matagalpa, las asistentes alertaron que “se está acentuando la criminalización de la protesta social en general y de las feministas en particular”. Lo ocurrido el pasado 8 de marzo lo evidencia. “Se enojaron los señores y las señoras con poder en el país, por la libertad que ejercemos con nuestras demandas y planteamientos. Tienen miedo, es indudable”, concluye la periodista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, Patricia Orozco.

¿Líder en igualdad?

En el plantón de ayer, las feministas leyeron un comunicado en el que criticaron la retórica de un Gobierno que “promete restitución de derechos a las mujeres mientras reprime a las organizaciones de mujeres que históricamente hemos defendido tales derechos”.

El Foro Económico Mundial presentó el pasado octubre un informe que situaba a Nicaragua como el décimo país del mundo en el que se ha logrado una mayor equidad entre mujeres y hombres; el primero de América Latina. El estudio tiene en cuenta el acceso a la salud y a la educación, y la participación en la vida política y económica del país, pero no valora datos abrumadores como que Nicaragua es el país latinoamericano con mayor tasa de embarazos adolescentes o que en 2013 fueron asesinadas 73 mujeres.

Orozco relaciona la actuación policial del Día Internacional de las Mujeres con que el Gobierno ve en las feministas una amenaza contra su discurso triunfador en materia de igualdad: “Tienen miedo de dejarnos hablar en tranquilidad, que era nuestro propósito, porque saben que vamos a hablar de la verdadera dizque igualdad de la que presumen. Igualdad que reprime el aborto [ilegalizado completamente desde 2007], igualdad que no permite que las mujeres digamos públicamente lo que pensamos”.

La política en materia de igualdad de Daniel Ortega es contradictoria, reflejo de un partido que mantiene la retórica socialista, combinada con un discurso explícitamente religioso y una política económica neoliberal

La política en materia de igualdad del Ejecutivo de Daniel Ortega es contradictoria, reflejo de un partido que mantiene la retórica socialista, combinada con un discurso explícitamente religioso y una política económica neoliberal. Una muestra de ello es lo ocurrido con la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada en 2012. Si bien fue una de las legislaciones más completas y avanzadas del mundo para actuar contra las diferentes expresiones de violencia machista (incluidas la económica y la patrimonial), apenas un año después, las presiones de los grupos religiosos -que afirmaban que la ley acabaría con la familia tradicional- provocaron que la Asamblea Nacional aprobase una reforma que contempla la mediación entre el agresor y la víctima cuando se trate de delitos considerados menores.

La penalización total del aborto es otra de las consecuencias de la injerencia de las Iglesias evangélicas y católica en un país que, según la Constitución, no tiene religión oficial. Daniel Ortega y su influyente esposa, Rosario Murillo, “han logrado naturalizar los embarazos en niñas y adolescentes”, subrayaron las participantes en el Encuentro Nacional Feminista. Un caso paradigmático fue cuando, en plena contienda electoral de 2011, una niña de 12 años embarazada tras ser violada, y que presentaba síntomas de preeclampsia e hipertensión, fue obligada a dar a luz. Murillo, responsable de la campaña electoral de su marido, afirmó que ese nacimiento “es un milagro, un signo de Dios”. “No existe voluntad política para garantizar los derechos de las mujeres, no existe coherencia entre las instituciones, y la alianza con la Iglesia es un obstáculo clave”, concluyeron las activistas reunidas en Matagalpa.