El pasado 25 de noviembre la Universidad de Granada vivió una protesta que aún da que hablar. Durante la celebración en la sede del rectorado de un homenaje a las mujeres asesinadas por la violencia machista, un grupo de estudiantes irrumpió para tomar la palabra: interrumpieron los discursos institucionales y contaron diversos casos de violencia que muchas de ellas habían sufrido. Acusaron de falta de eficiencia a la Unidad de Igualdad y calificaron el Protocolo para la Prevención y la Respuesta ante el Acoso de papel mojado. De esa acción, de hecho, nació la idea de este reportaje.

Es el caso de Marta García, que sufrió una relación de maltrato psicológico, y en algunos casos físico, del que fuera su novio, un compañero de clase. Con el fin de la relación, el chico intentó crear divisiones entre sus amistades, además de esperarla habitualmente a la salida de la facultad y continuar con el acoso psicológico.

La alumna pidió ayuda a una profesora de Derecho Penal, quien le explicó la dificultad de demostrar en vía judicial su situación por lo que le propuso intentar cambiarse de clase. Poco después, Marta García decidió dejar la universidad unos meses. Enterada, la decana de su facultad se reunió con ella, le habló del protocolo, vigente desde noviembre de 2016, e intentó convencerla para no dejar los estudios. Ella no podía más y tenía decidido alejarse de Granada unos meses. Algunos profesores tampoco se lo pusieron fácil y a, pesar de conocer su situación, le negaron el derecho a examen final. Lamenta que nunca le facilitaran la posibilidad de escoger optativas en las que él no estuviera matriculado y que, en el fondo, todo el mundo le restara importancia al maltrato que sufría. Los problemas no acabaron hasta que el acosador no terminó la universidad.

“Me preocupa que la crítica, al margen de que no se ajuste a la realidad, está generando una desconfianza en la universidad y una duda en el protocolo que al final se traduce en que las propias víctimas nos llamen preocupadas por sus circunstancias, como ya nos ha ocurrido”, explica respecto a este caso Miguel Lorente, director de la Unidad de Igualdad. Según sus palabras, ninguna de las estudiantes que contaron sus historias había dirigido una queja a la Unidad de Igualdad, de modo que no entiende cómo podían criticar un protocolo que nunca habían intentado poner en funcionamiento.

Pikara Magazine ha contactado con algunas de las participantes en la protesta, quienes nos han contado su historia al detalle. Todas han sufrido el machismo que impregna a la universidad, aunque ninguna de las entrevistadas ha acudido a la Unidad, ya sea por desconfianza o por el desconocimiento de la existencia del protocolo cuando lo necesitaban. Varias, como Marta García, han recurrido a otras instancias universitarias y se han visto desprotegidas.

Un protocolo modelo gracias al procedimiento informal

La Universidad de Granada se puede vanagloriar de ser la universidad española que más veces ha activado el protocolo contra el acoso. Este dato, que en un primer momento pudiera sugerir una mayor violencia sexual en este centro, da cuenta de una realidad diferente: cuantas más veces se activa el protocolo más se está luchando contra ella.

La Unidad de Igualdad ha confirmado que ha recibido un total de 65 quejas desde que se aprobó el Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso. La mayor parte de ellas, entre el 60 y el 70 por ciento, motivadas por comentarios discriminatorios y de odio (sexistas, racistas, homófobos, hacia personas con diversidad funcional…). Un poco más del 25 por ciento son relativas a acoso de carácter laboral, mientras que se ha recibido algo más de un seis por ciento relacionadas a acoso de carácter sexual. Los porcentajes, que ayudan a dimensionar la cuestión, no son exactos para ofrecer cifras reales, ya que algunos casos se han catalogado en diversas categorías debido a sus características.

En todos los casos se ha activado el protocolo, que prevé varios tipos de protección que se aplican según las características de cada caso. Esta es una de las grandes particularidades de la Universidad de Granada, el contar con un procedimiento de carácter informal, además del típico procedimiento formal. Y de hecho, como se desprende del número de casos atendidos, parece hacerlo más efectivo que el resto de sistemas de las universidades públicas.

Básicamente se trata de un procedimiento que trata de establecer una conciliación, de manera amistosa, para evitar que las conductas puedan ir a mayores. No hay que olvidar que el servicio responsable se llama Unidad de Igualdad y Conciliación. Todo el proceso garantizará la confidencialidad de la víctima y no se le exigirá que presente pruebas acreditativas de la situación de acoso, también se le proporcionará un acompañamiento psicológico si fuese necesario. Una vez activado se informará a la persona a quien denuncia de “las consecuencias en términos de responsabilidad que tienen las conductas recogidas en la queja”.

Este procedimiento pionero en las universidades españolas está inspirado en el del Consejo General del Poder Judicial, destinado a resolver conflictos de acoso sexual entre jueces y juezas. “El protocolo formal reproduce todas las garantías del derecho: toda persona denunciada tiene derecho a saber quién le acusa, por qué, etc. Por eso es muy poco eficaz”, explica Miguel Lorente.

Existen tres niveles de actuación: primaria, para evitar la aparición de casos; seguncaria, para abordar los factores de riesgo que estén facilitando la existencia de acoso; y terciaria, para evitar la repetición de nuevas agresiones. El procedimiento informal se ha activado en el 92 por ciento de los casos. Y sólo cinco de las quejas, ninguna relacionada con acoso sexual, han sido finalmente derivadas a la Inspección de Servicios. “La filosofía es tratar de evitar que el caso llegue a las situaciones en que se produce la denuncia ya que implicaría que el caso es grave o muy grave”, añade el profesor.

Una Unidad escasa de personal y con nombre propio

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada tiene nombre propio: el de su director, Miguel Lorente. Este profesor de Medicina Legal y unos de los grandes expertos en cuestiones de Igualdad del país, fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género de 2008 a 2011. Su peso es tal que durante las entrevistas que se han realizado para este reportaje la mayoría de las personas que se referían a este servicio lo llamaban Unidad de Igualdad o Miguel Lorente, indistintamente. La mayoría de entrevistadas coinciden en alabar su compromiso y su formación.

También hay críticas. Como la escasez de personal. Tres personas desarrollan su labor en este departamento. “No estamos de acuerdo en que haya pocos efectivos, no al menos en relación con el trabajo que tienen ya que ahora mismo se están cubriendo perfectamente todas las necesidades que van surgiendo”, explican desde el Rectorado. Sin embargo, han hecho pública su intención de ampliar la plantilla de la Unidad en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que planean aprobar antes del fin del mandato de la rectora el próximo año. “Podría llegarse a doblar el número de trabajadores o en función de las necesidades ir un poco más allá”, añaden a la vez que aclaran que se introducirá el concepto de la flexibilidad en los puestos de trabajo, lo que supone que esta ampliación no pasa necesariamente por la ampliación del personal adscrito a la Unidad sino “que en momentos puntuales se puedan dedicar recursos humanos a cuestiones concretas sin necesidad de que esa dedicación sea permanente y definitiva”.

Un protocolo nacido de la negociación

El protocolo no es de la Unidad de Igualdad, es de toda la Universidad. Esta frase, que pudiera parecer un eslogan, la han repetido no sólo desde la Unidad de Igualdad sino también desde el profesorado y los sindicatos, incluso desde los sectores más críticos. La razón es cómo fue negociado y aprobado, ya que diferentes colectivos participaron en su redacción, como el movimiento feminista de la ciudad.

“Nosotros teníamos muchas dudas cuando lo estábamos negociando porque nos parecía que dejaba demasiados flecos sueltos. Si al final decidimos votar a favor fue porque una serie de compañeras profesoras nos pidieron que permitiésemos que saliese adelante. Ellas estaban seguras que iban a poder utilizarlo, que ellas canalizaban denuncias de sus alumnas y decían que hasta ese momento se encontraban casi sin instrumentos”, explican desde CCOO.

Una de estas profesoras es Victoria Robles. “Es un mecanismo que viene a ayudarte y no a culpabilizarte, no a silenciarte, no a pedirte que te calles o dejarte en la más absoluta soledad”, explica la docente de Pedagogía e investigadora en asuntos de género. Con 25 años de experiencia, Robles es una referencia en cuestiones feministas en la universidad, un apoyo para muchas alumnas que han acudido a exponerle sus problemas.

Dice que los machistas están en todas partes y que hay un mundo entre la Universidad hace dos años y ahora: “Las chicas con las que he hablado que han pasado por la Unidad se sentían confiadas y seguras, y no he visto que hayan vuelto a tener problemas con estos docentes. Lo que sí he visto es a otras chicas distintas tener de nuevo problemas con esos docentes ¿por qué? Porque el protocolo llega hasta donde llega. Un protocolo no cambia actitudes. Aunque tengo la impresión de que las llamadas que se han hecho a algunos de los compañeros, que he visto que son acosadores, han cambiado algo, uno de ellos se jubiló anticipadamente”.

Medidas revictimizadoras y desconocimiento generalizado

La Asamblea Feminista Unitaria de Granada, un colectivo combativo y de clase nacido al calor del 15-M, sigue trabajando y reuniéndose. “A nosotras nos llega un caso de acoso en marzo de 2016, es un caso que hicimos público. A raíz de ahí la Universidad aceleró los trámites para la redacción del protocolo. Nos reunirnos con la Unidad de Igualdad para dar nuestra perspectiva, aportaciones, críticas, etc. Algunas de nuestras reivindicaciones han sido incluidas y otras no”, explican. Y exponen alguna de sus críticas: “Lorente y la Unidad estaban muy por la labor de que se convirtiera en un espacio al que las mujeres pudieran acercarse para que les ofrecieran apoyo, no querían ser un lugar que impone castigos sino un lugar en el que las mujeres se sientan protegidas. La realidad es que las medidas de protección que se han ejercido en los casos que conocemos son revictimizadoras, como cambiar de clase a la alumna. Esto lo hemos llegado a analizar con Miguel [Lorente] y nos ha dado la razón y hay un debate sobre cómo arreglar esto en el futuro”. Las previsiones de la Unidad estiman que un nueva versión mejorada verá la luz en el primer trimestre del próximo año escolar.

La falta de plazos fijos o la definición de ‘acoso’ manejada, que exige que sea reiterado en el tiempo, son otras de las críticas de la Asamblea. Desde la Unidad sin embargo aseguran que fijar plazos se puede volver contra la víctima y que la repetición en el tiempo trata de respetar la formalidad jurídica, pero en la práctica no exigen que se trate de un comportamiento reiterado: “Estamos actuando sobre conductas que se producen un día en una clase. De hecho, nosotros queremos conocer los casos cuanto antes mejor, para así poder prevenir futuros”, explica el director.

También parece que nadie esté muy contenta con la difusión, a pesar de que fue presentado en varias facultades y la Unidad tiene una presencia activa en redes sociales. “No lo conocen ni las alumnas de las facultades donde se ha presentado”, confiesa Robles, quien considera que debería ser distribuido entre el alumnado, por ejemplo, a la hora de matricularse. Algo parecido opinan en CCOO: “Miguel Lorente dice repetidamente que se ha presentado el protocolo a lo largo de América Latina y que está muy bien valorado, pero a lo mejor la labor de difusión debe ser en la propia Universidad de Granada. Creo que las alumnas no lo conocen y así ocurre, que los profesores tienen normalizadas cosas como decirle a una alumna ‘quítate de la primera fila que tu minifalda me desconcentra’”. La Asamblea Feminista Unitaria confirma también este desconocimiento.

Los órganos sancionadores faltos de sensibilidad y de formación

Ilustración de Emma Gascó.

¿Qué pasa cuando el protocolo usa el camino formal, la prevención terciaria? Que el caso escapa de las manos de la Unidad de Igualdad para llegar al Defensor Universitario o la Inspección de Servicios. Lo que ocurre a partir de ese momento es sentencia unánime: una evidente falta de sensibilidad y formación de estos servicios. “Una vez en el procedimiento sancionador puede ocurrir de todo, porque eso ni está pensado, ni organizado, ni se tiene ninguna formación, ni sensibilidad, ni nada”, apuntan desde CCOO. El mismo diagnóstico dan desde la Asamblea Feminista Unitaria, donde consideran problemático que no incluya sanciones y que cuando se activa el procedimiento de carácter disciplinario escape de sus competencias.

Victoria Robles propone una solución sencilla: formación en feminismo. “He leído entrevistas a directores de departamento que niegan rotundamente la existencia del acoso. Estamos en un buen momento porque el protocolo está funcionando, moderadamente bien, pero hacen falta más medios, que toda la universidad tenga más conciencia y que quienes tengan las competencias de estudiar estos casos estuvieran formados”.

El Rectorado, una vez más, no comparte esta opinión y para demostrar la capacitación ponen un ejemplo que recientemente saltó a la prensa y que ha causado división en el seno de la Universidad: una sanción de suspensión de empleo y sueldo de 90 días a un profesor a raíz de una investigación iniciada a petición de una alumna, que denunciaba acoso sexual. Tras acudir a la Inspección de Servicios, el Rectorado inicia un expediente sancionador al profesor que queda en suspenso al conocer que la alumna había denunciado paralelamente por la vía penal.

Paralizado el proceso administrativo el profesor continuó dando clases. El Juzgado de Instrucción consideró que no había indicios racionales suficientes para imputar al profesor y el caso es sobreseído por la Audiencia Provincial. En ese momento, la Inspección de Servicios reabre la investigación que concluye con la citada suspensión de 90 días. El juez instructor que nombra la Universidad no es un especialista en cuestiones de género, sino en Derecho Laboral.

El Independiente de Granada ha seguido el caso y desvelado que el profesor citaba a la alumna para desayunar en su despacho y la recibía con bombones y cava, reiteraba el apelativo de “princesa”, hacía referencias a físico y usaba frases como “eres mi creación” y “no sueltes mi mano, serás muy grande”. El profesor dice que nada de lo que ocurre en su despacho existe, ya que se trata de un lugar “atemporal”. El incidente que motiva la denuncia es un intento de contacto íntimo.

El director del diario regional, Juan Ignacio Pérez, considera que la Inspección carece de sensibilidad en materia de género. La Universidad ha escrito al medio argumentando que no se trata de un caso de acoso sexual, sino “del hecho de que el profesor aprovechara su condición de prevalencia para cortejar a la estudiante. Es decir, se valora una conducta poco profesional, no un delito”. El expediente recoge que “los hechos probados conducen a concluir que el Sr.(…) abusa de su condición de Profesor —de empleado público— para establecer una relación de “cortejo” con una alumna, tratando de obtener un beneficio para sí, beneficio de tipo sexual”.

Para esta, falta tipificada como muy grave en el Estatuto de la Universidad, se prevén sanciones como el despido disciplinario, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares o la “suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años.” La suspensión de 90 días es considerada insuficiente por un importante sector de la comunidad universitaria. Además, según diversas fuentes, la rectora defendió esta sanción personalmente en el pasado claustro universitario del 19 de marzo, en el que argumentaba erróneamente que se trataba de la sanción máxima que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

La justificación que el Rectorado ha dado a este medio habla por sí sola del nivel de formación en feminismo: “En un caso estamos simplemente hablando de una cuestión administrativa, digamos un comportamiento carente de ética el plano meramente deontológico, lo que sería el comportamiento de un profesor que obviamente debe valorar a una alumna y al que se le supone una cierta objetividad respecto a ella, y que además en este caso ha obtenido un beneficio por ser una persona de referencia, una persona con la que se mantiene una relación de admiración o de cierta autoridad y que de alguna forma ha sacado partido para generar una relación personal con esta alumna, una persona joven que dependía de su conocimiento y de su evaluación. En ningún caso ha forzado el acusado a la estudiante a realizar ningún tipo de comportamiento que ella no quisiera realizar, que es lo que parece entenderse a partir de la sentencia, no hay en el sentido estricto un acoso que pueda ser punible desde el punto de vista legal”.