Manifestación de mujeres chavistas. /Foto: www.el-carabobeno.com/

Desde que Venezuela comenzó el camino bolivariano con la Constitución de 1999, no ha dejado de estar acosada por fuerzas restauradoras internas y externas. Venezuela se transformó de proveedor de petróleo más confiable de Estados Unidos a una amenaza inusual y extraordinaria, como la calificó el entonces presidente estadounidense Barak Obama en su orden ejecutiva del 9 de marzo de 2015. El enfrentamiento sin cuartel de la antigua clase política aliada a grupos económicos dominantes con el proceso bolivariano tiene su explicación en la disputa por la renta petrolera -históricamente quien ha tenido el poder político se adueña de los recursos que el petróleo proporciona a la nación-, a lo que se agrega un acendrado desprecio de las clases altas y medias por el pueblo más pobre y sus necesidades.

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia venezolana significó la visibilización de esa masa constituida por las y los postergados de siempre, quienes no tenían voz ni rostro. El país cambió y las mujeres venezolanas con él. Fuimos incorporadas en todo el texto constitucional, a través del lenguaje inclusivo y fue reconocido explícitamente nuestro derecho a la igualdad. Los movimientos de mujeres apoyaron con fuerza el cambio, y las mujeres del común se sintieron convocadas por las nuevas organizaciones comunitarias y se entregaron con fuerza a la participación popular. De las primeras organizaciones fueron las mesas técnicas de agua, que se plenaron de mujeres; el agua y las mujeres tienen una antigua relación.

Se concretaron algunos sueños y proyectos de las mujeres organizadas como la afirmación del Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de la Mujer, y normativas como la Ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y otras. La participación de las mujeres sobre todo en los sectores populares fue creciendo, hoy es vital. De allí deriva la afirmación “el chavismo tiene rostro de mujer”.

En estos 20 años que ha cumplido la Revolución Bolivariana, hubo golpes de Estado declarados (2002), paro petrolero y locaut prolongado (2003), insurrecciones militares focales (2004), movimientos estudiantiles opositores, episodios prolongados de violencia callejera (guarimbas) (2013, 2014, 2017), asesinato de líderes campesinos, asesinato de lideresas comunitarias, acoso y cerco económico constante. Desde la muerte de Chávez, el nivel de violencia opositora aumentó, y también su expectativa de tomar el poder. Durante todo este tiempo, la injerencia de Estados Unidos ha estado presente, aunque de manera encubierta. Desde 2005, USAID (la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional) y la NED (las siglas en inglés de la Fundación Nacional para la Democracia, también estadounidense) han venido financiando “la formación de líderes estudiantiles y juveniles, para crear un movimiento estudiantil inspirado y entrenado en las estrategias de Gene Sharp”. A este grupo pertenece Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. En este momento, Estados Unidos ya no oculta su intromisión y se ha puesto al frente del golpe de Estado en desarrollo que estamos viviendo.

En los últimos cinco años, Venezuela ha venido atravesando una crisis económica cada vez más complicada, con alto impacto en la cotidianidad de la gente y en el funcionamiento de la sociedad en todas sus dimensiones. Hay un proceso hiperinflacionario agravado por la escasez de alimentos y medicinas, y los servicios públicos fundamentales para el funcionamiento básico de la vida (salud, educación, transporte, electricidad, gas, entre otros) presentan enormes dificultades y deterioro. Para las mujeres, gestoras principales de la vida familiar y comunitaria, la vida se ha hecho más difícil, implica mayor exigencia personal y social, así como postergación de la realización personal y de la satisfacción de derechos. Una gran parte de los programas sociales que se mantienen, como los CLAP –programa de distribución de alimentos subsidiados-, se vehiculizan a través de una mano de obra femenina gratuita. Para ampliar la descripción del impacto de la crisis en las mujeres, puede verse el informe ‘Desde Nosotras’.

Este complejo cuadro económico y social tiene una de sus raíces en las medidas coercitivas unilaterales tomadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que han limitado severamente el acceso de Venezuela al financiamiento y al mercado internacional, tanto para vender como para adquirir productos como medicinas y alimentos. Otra causa es la ineficacia en la política económica del Gobierno. Las medidas económicas no se han tomado a tiempo, no han sido acertadas o tienen una lentitud de aplicación que las transforma en inoperantes. El burocratismo y la negligencia se han apoderado de la gestión del Estado, y gran parte de las instituciones no cumplen sus funciones. No puede ocultarse el descontento que se ha venido instalando en el pueblo venezolano.

Sin duda, aprovechando este contexto y una situación internacional de avance de las derechas, en especial en América Latina, nuevamente la oposición venezolana cree que ha llegado su momento de hacerse con el poder. El año pasado, el 20 de mayo de 2018, se realizaron elecciones presidenciales, en las que la oposición más radical no se presentó y llamó a la abstención argumentando nula confiabilidad en el Consejo Nacional Electoral. Esas elecciones fueron ganadas por el presidente Nicolás Maduro, si bien con una alta e inusual abstención. Él debía asumir su nuevo mandato, de 2019 a 2025, a partir del 10 de enero 2019, día en que se juramentó.

A partir de allí se fueron desencadenando los episodios que conforman un golpe de Estado en desarrollo, impulsado y apoyado por Estados Unidos: la Asamblea Nacional de mayoría opositora desconoce al presidente Maduro, argumentando ilegitimidad. Y el 23 de enero, su presidente, el diputado Juan Guaidó, se autoproclama presidente en la calle, frente a una manifestación. Inmediatamente lo reconocen como tal, Estados Unidos y los países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú), a ellos se suma Canadá. Claramente, y así lo ha reconocido la propia oposición, se habría hablado y conversado anticipadamente con Washington, y comienza una etapa de presiones internacionales y amenazas liderada por Estados Unidos. Aunque sin éxito para la oposición, se plantea el caso Venezuela en la OEA (Organización de Estados Americanos) y en la ONU. La Comunidad Europea, con España a la cabeza, pretende dar un ultimátum para que se hagan nuevas elecciones, y finalmente reconoce a Juan Guaidó como presidente.

Sin embargo, el 24 de enero, las Fuerzas Armadas manifiestan su apego a la Constitución, denuncian la voluntad opositora de crear un caos nacional, repudian la autoproclamación de Guaidó y reafirman su lealtad al presidente Maduro.

Se inaugura una nueva etapa de manifestaciones callejeras, tanto del Gobierno como de la oposición. Y aparecen focos de fuerte violencia sembrada y financiada en zonas populares. Queda de esto un saldo de alrededor de 30 víctimas fatales.

Mientras tanto, la injerencia y la presión de Estados Unidos no se detiene: han bloqueado los activos y cuentas de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A) en el territorio americano; se prohibió a las empresas estadounidense tener negocios con Albanisa, petrolera nicaragüense que tiene un 51 por ciento del accionario de PDVSA; se congelaron los bienes de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, que posee de tres grandes complejos refinadores y de unas 5.500 estaciones de gasolina en Estados Unidos; mientras se sigue presionando a Gobiernos de la región para que reconozcan a Juna Guaidó. China y Rusia, por su parte, hacen público su apoyo al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Se comienza a escenificar nuevamente una guerra fría, que tiene su epicentro en Venezuela.

Y los medios de comunicación y la acción opositora han posicionado la idea de que Venezuela sufre una crisis humanitaria, y se pretende usar como ariete para la intervención una supuesta ayuda humanitaria que Estados Unidos envía a la frontera colombiana. El pasado 23 de febrero, se escenificó una lucha en los puentes que unen Colombia y Venezuela. La oposición prometió que la ayuda humanitaria enviada por Washington entraría en Venezuela, sugiriendo que de alguna manera esta entrada era el fin del Gobierno de Maduro. La expectativa era tal que los presidentes de Chile y de Colombia se trasladaron a la frontera para apoyar la operación.

Ese día hubo una agresión de la soberanía territorial venezolana cometida desde Colombia. No hubo combate entre ejércitos pero sí entre mercenarios y cuerpos seguridad del Estado. La supuesta ayuda humanitaria no entró ni tampoco entraron los insumos de la ayuda, uno de los camiones que pretendían pasar fue incendiado en territorio colombiano. Juan Guaidó partió en una gira por diferentes países de América Latina. Estos episodios pueden verse como un fracaso de la estrategia opositora. El presidente Maduro sigue gobernando, las Fuerzas Armadas lo siguen apoyando. Todos los países latinoamericanos, y el Grupo de Lima en especial, han declarado que no apoyan ninguna intervención militar extranjera en Venezuela y que la solución debe ser dialogada.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump y otros voceros de Estados Unidos han reiterado que todas las opciones están sobre la mesa, y la oposición en la vocería de Juan Guaidó sostiene que no tiene contemplado el diálogo. La única propuesta en tal sentido que hay sobre la mesa es el Mecanismo de Montevideo, que han impulsado Uruguay y México, con el apoyo de Bolivia y una reticente colaboración de la Unión Europea. Sin embargo, no ha avanzado después de la reunión inicial que se celebró ya hace un mes. Mientras tanto, la solidaridad de los pueblos se ha seguido manifestando de manera contundente: en muchas ciudades de América Latina y el mundo ha habido manifestaciones de calle contra la intervención y montañas de declaraciones de apoyo han llegado por múltiples vías.

Las mujeres socialistas en general, y las feministas en particular, vivimos esta realidad con una gran preocupación: tememos una invasión o una guerra civil. Hoy vemos la violencia y la muerte acechando muy cercanamente nuestras vidas. Mientras, las dificultades cotidianas se agudizan y cada vez resulta más complicada la alimentación, todo ello en un contexto donde los salarios están completamente desfasados del costo de los productos. La calidad de la alimentación sigue en franco deterioro ya que los alimentos que subsidia el Estado de forma más frecuente (a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP) no incluyen ningún tipo de proteínas. Sin embargo, la mayoría sigue resistiendo con variadas estrategias de sobrevivencia.

Apostamos con fuerza por el diálogo y la paz, aunque sabemos que es bien difícil que haya diálogo sincero, mientras se mantenga la injerencia que no tiene horizonte de eliminación. Tememos por la vida tal y cómo la conocemos, sabemos que toda guerra produce una destrucción y fracturas que duran años en sanar. La solidaridad de nuestras hermanas latinoamericanas y del mundo en general nos llega con fuerza y nos conforta. Seguiremos trabajando por la paz, que es condición indispensable para la construcción de la sociedad más justa e igualitaria en la que estamos empeñadas.

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