Intervención sobre fotocopia de NIE.-Sara Guerrero Alfaro

Una quiere hacer las cosas “bien”. Así que entras al portal electrónico de inmigración del Estado para regularizar tu estancia legal y te emocionas porque hay varias opciones. Seguro que alguna tiene que cuadrarte.

Primera: Tener miles de euros en tu cuenta bancaria como para no tener que trabajar. Uhm… No.

Segunda: Tener dinero para comprar una casa. Tampoco.

Tercera: Tener dinero para abrir un negocio. Menos.

Cuarta: Esperar tres años y conseguir un contrato de trabajo por lo menos por un año. Esta opción parece tan sencilla, que hasta pasa por ingenua. Si la mayoría de la población mundial está sumida en el infierno de los contratos temporales, ¿esperan que una persona indocumentada racializada encuentre a alguien dispuesto, no sólo a hacer un contrato por tanto tiempo, sino a pasar por todo el trámite burocrático que implica pudiendo contratar a otras personas sin tanto compromiso?

Quinta: Ser cónyuge de una persona residente u originaria de la Unión Europea. Pues vale, esa puede ser.

Sexta: En caso de ser originaria de Hispanoamérica, se podrá solicitar nacionalidad después de residir dos años dentro del estado español. Ah, pero la concesión de nacionalidad puede tardar más de dos años en ser concedida…  Eso terminaría sumando mínimo cuatro años… No, mejor me caso.

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Así como dice Julieta Paredes, tomamos las herramientas de las instituciones y gobiernos que nos oprimen para beneficiarnos y sobrevivir. Aun cuando no podamos desmantelarlos. Hay que tomarlas, aprovecharlas y cerrarles la puerta.

Yo nunca había pensado en casarme, pero cuando migras desde el sur y el matrimonio es la herramienta legal más “sencilla” para poder residir en un país con oportunidad de conseguir un trabajo digno, vivienda, seguridad social y demás lujos de la ciudadanía, detenerse a pensar en lo que el contrato conyugal implica y ha implicado para las mujeres y el orden social, se siente como una pérdida de tiempo. Ya lo han dicho antes con otras palabras: Primero el hambre, luego la moral.

Así que una encuentra la manera de casarse y cree que todo el lío del contrato matrimonial terminará allí, firmando en una línea bajo la cual su nombre es antecedido por un “doña/don”.

La sorpresa llega el día de la cita para retirar el nuevo DNI. Emocionada, lo recibes de la mano de la funcionaria y actúas como si no fuera uno de los días más esperados de tu vida. Sales para poder sentarte tranquila y mirar ese pedazo de plástico que te acaba de subir de “categoría social” como si fuera magia. Ahora sí, piensas, pídanme los papeles por la calle cuantas veces quieran.

Y entonces lo ves. El nombre de tu conyuge está presente también. ¿No era suficiente el tuyo? ¿Es que no eres una persona adulta que puede prescindir de tener otro nombre bajo el propio como si estuvieses bajo su responsabilidad?

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Cuando recién llegué al estado español y hablaba con amigas que habían migrado desde mucho tiempo antes, el tema sobre los exhaustivos trámites burocráticos salía a siempre a colación. Todas ellas me contaban cómo habían tenido que estudiar un curso tras otro para renovar su TIE, otras pedían préstamos para demostrar tener una cantidad de dinero en su cuenta y poder quedarse… pero, al final, la gran mayoría había resuelto el problema casándose.

Por suerte para ellas, casi todas se casaron con su verdadera pareja sentimental y no tuvieron que convencer ni pagar a nadie. Me enseñaban su tarjeta de identidad y yo me sorprendía al ver el nombre de su pareja escrito en la parte de atrás, ellas lo tomaban con naturalidad y hasta le atribuían cierto carácter lógico.

Quizás la relación afectiva tenía que ver con sus reacciones e impresiones sobre el tema. Pero, cuando te casas con una amistad o con alguien al que le pagaste, queda mucho más claro el gran paternalismo del Estado.

Las migrantes nos hemos jodido la vida tramitando papeles, consiguiendo trabajos o pagando el triple por la educación pública. Pero, a pesar de las mil cosas que tenemos que resolver cada mes y volviéndonos verdaderas expertas en trámites migratorios, somos a quienes se infantiliza. Como si provenir del sur global  o de cualquier sitio fuera de Europa significara que es complicado para nosotras entender el “primer mundo”.

El nombre de otra persona en la tarjeta de identidad propia, infantiliza y limita nuestra autonomía. ¿Por qué necesitaríamos contar con alguien que ejerza el papel de “responsable” de nosotras? Esto es una evidencia de la desconfianza sistemática (y por lo tanto racista) hacia las personas migrantes.

Y es que el asunto no es tan superficial como pudiera parecer. Porque alguien podría venir a decirme “es sólo un nombre impreso, déjalo, no tiene importancia”. Pero más allá de querer evidenciar el paternalismo racista del Estado, es importante ver que, al final, una TIE o un DNI es la materialización de tu identidad civil.

Hace poco una amiga me contaba que, durante la dictadura en Portugal, las identificaciones oficiales señalaban si eras un ciudadano (sic) de primera, de segunda o de tercera.

Los ciudadanos de primera eran les portugueses hijes de portugueses. Los de segunda, les portugueses nacides en Portugal pero hijes de extranjeres. Y, los de tercera, les inmigrantes. Intenté buscar fuentes que pudieran reafirmar esta información, pero no encontré ningún documento público. Sin embargo, la categoría “ciudadano de segunda” existe y se refiere a todas esas personas que tienen derechos legales y civiles limitados.

En el Estado español, no fue sino hasta el 2000 que en el DNI se añadió una línea que identificaba y categorizaba explícitamente a las personas con un “español/a” escrito con letras mayúsculas.

Con todo esto quiero decir que este sistema reconoce y limita la identidad de manera imparcial, resaltando sólo lo que le parece relevante al Estado. Sería ingenuo pensar que un nombre detrás de tu propia identificación, el cual evidencia tu situación legal, no fuera uno de los principales señalamientos administrativos en cualquier revisión o trámite. Es que no hay manera de no verlo.

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Cuando una de mis amigas decidió separarse de su pareja, cuyo nombre aparecía inscrita en su TIE, después de llorar la pérdida, comenzó a llorar porque divorciarse implicaba volver a resolver su regularización.

Cuando un compañero mexicano hijo de española quiso tramitar su nacionalidad por opción, le pidieron de manera obligatoria el acta de matrimonio de sus progenitores, así como las identificaciones oficiales de su padre. Mi compañero era mayor de edad y su padre había abandonado a la familia mi compañero desde que este nació. No hubo manera de que el trámite se pudiera llevar a cabo.

Las preguntas aquí parecen ser: ¿qué tipo de requerimientos tiene el Estado para aquellas personas que quieran formar parte de él? ¿Puede haber un Estado más patriarcal que uno que te exige provenir de un matrimonio funcional (o formar parte de uno) para poder residir en un país? ¿Cómo pueden justificar el hecho de que sólo por contar con una jugosa cuenta bancaria tienes automáticamente carta verde para formar parte de la ciudadanía?

No hace mucho tiempo que las mujeres necesitábamos casarnos para tener derecho a poseer bienes. Aún la seguridad social de muchas depende de su matrimonio. Ni hablar de cómo la paga por viudez sostiene a millones de mujeres que nunca tuvieron acceso al trabajo remunerado. ¿Hasta cuándo tendremos que dejar de casarnos para justificar en dónde queremos vivir?  ¿Cuándo dejarán de construir nuestra identidad basándose en nuestra nacionalidad, género, estado civil? ¿Le sirve al Estado para otra cosa que no sea discriminarnos?

Especial #PikaraLab

Este contenido se enmarca en ‘Feminismo desde mi piel’, una colaboración con Mujeres con Voz y Calala Fondo de Mujeres. Financiado por el Gobierno Vasco