La reubicación de Emakunde rompe el consenso sobre las políticas de igualdad en Euskadi
Feministas autónomas, académicas e institucionales, así como media plantilla de Emakunde han reclamado al lehendakari Urkullu que rectifique su decisión de mover el Instituto Vasco de la Mujer de Presidencia a un Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. A pesar de que la coalición PNV-PSE lo reduzca a una cuestión de forma, están convencidas de que el cambio anticipa pérdida de influencia política y de eficacia técnica.
Nota: Las cinco técnicas de igualdad que han participado en este reportaje (tres trabajadoras de Emakunde y dos de otras administraciones vascas) han pedido ser citadas con nombre ficticio para evitar consecuencias laborales.
“Estupor, incomprensión y mucha incertidumbre”. Son los sentimientos que fueron aflorando en Estibaliz cuando se enteró por la prensa el pasado 6 de septiembre de que el Instituto Vasco de la Mujer pasa de ser un organismo adscrito a la presidencia del Gobierno vasco a integrarse en el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales dirigido por la jeltzale Beatriz Artolazabal. Estibaliz es una de las 14 trabajadoras de Emakunde que se han adherido al comunicado de denuncia y sanción pública al Gobierno Vasco emitido por la coordinadora Bizitzak Erdigunean —creada el pasado marzo con el objetivo de hacer incidencia política y articular respuestas feministas ante la crisis de la Covid-19—.
En el texto, respaldado por más de un centenar de colectivos feministas y sociales y por más de 70 técnicas de igualdad de administraciones vascas, se denuncia que “ahora que toca arremangarse para gestionar una situación compleja, en la que urge atender cuestiones relacionadas con el sostenimiento de la vida”, el Gobierno ha decidido sacar las políticas públicas para la igualdad “del espacio de mayor rango jerárquico e influencia y relegarlas a un segundo plano, tratándolas como políticas específicas para resolver ‘los problemas de las mujeres’, y restándoles su capacidad de influir en la totalidad de la práctica del Gobierno”.
Estibaliz señala que con esta decisión política se ha roto un consenso que había entre la administración pública, el movimiento feminista, el tejido asociativo de mujeres y las feministas que trabajan en el ámbito académico: que la ubicación del organismo de igualdad en presidencia es clave para materializar la estrategia del gender mainstreaming, transversalidad de género, adoptada por el feminismo institucional en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995).
Cuatro de las mujeres que han estado al frente de Emakunde en anteriores legislaturas también han criticado públicamente esa decisión política y han pedido al lehendakari que rectifique. La primera directora de Emakunde, Txaro Arteaga Ansa, y su secretaria general hasta 1999, Itziar Fernández Mendizabal, emitieron el pasado miércoles un comunicado conjunto en el que señalaban que su ubicación en presidencia es la “seña de identidad” del instituto desde su creación en 1988. “Fuimos pioneras y por ello Emakunde, y también nuestro país, tienen que seguir siendo lo que siempre fue en las políticas feministas: un referente”, emplazan.
Dos días después, El Correo y Diario Vasco publicaron en tribuna libre un artículo de María Silvestre y Arantxa Elizondo, directora y secretaria general de Emakunde, respectivamente, entre 2009 y 2012: “¿Por qué se equivoca Urkullu al desprenderse de Emakunde?”. En él advierten de que ese cambio de adscripción orgánica “no es un detalle menor” y que la ubicación en presidencia “era una cuestión admirada y valorada por la literatura especializada en políticas públicas de igualdad, ratificada por la evaluación de los organismos similares y por instancias internacionales como ONU-Mujeres o el European Institute of Gender Equality de la Comisión Europea”.
¿Forma o fondo?
Las únicas declaraciones públicas de Izaskun Landaida, directora en funciones de Emakunde, tuvieron lugar el pasado jueves para dar a conocer los compromisos que le había trasladado la nueva consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales: que el instituto seguirá siendo un organismo autónomo, que reforzarán su estructura y que el lehendakari Iñigo Urkullu seguirá presidiendo su consejo de dirección: “Esta es una cuestión muy importante para nosotras porque la implicación de los lehendakaris de las distintas legislaturas ha sido clave para el avance de las políticas de igualdad en nuestro país y para impulsar su transversalización”. El departamento de prensa de Emakunde ha respondido a este medio que la directora pide tiempo para poder hacer una valoración de esta medida política.
El mensaje oficial contrasta con el disgusto y el desconcierto que se respira dentro de la casa. Las trabajadoras se enteraron de la decisión por los medios y no tienen más información que los compromisos de la consejera, que ponen en duda. “Si la dirección de Emakunde está en contra de este cambio, me gustaría que expresara su malestar públicamente”, solicita otra de las técnicas que ha firmado la denuncia de Bizitzak Erdigunean, Arene. Su compañera Ziortza no entiende que Landaida no haya presentado su dimisión, “por dignidad”, teniendo en cuenta que el cambio en el organigrama “le resta peso político y capacidad de negociación” y que la consejera no le ha garantizado su continuidad al frente del instituto.
Las declaraciones el pasado lunes de la nueva vicepresidenta del Gobierno, la socialista Idoia Mendia, llamando a “poner el acento en el fondo más que en la forma” y pidiendo “un voto de confianza” para demostrar que “el vector de la igualdad va a atravesar todas las políticas” ha indignado aún más a Bizitzak Erdigunean. “Toman esta decisión sin dialogar con la institución y sin tener en cuenta a los agentes sociales involucrados. Nos están pidiendo que cerremos los ojos”, critica Leia Gartzia, integrante de la plataforma feminista. Pero, además, subraya que lo que está en juego no es la forma sino “las estructuras que posibilitan ejecutar ciertos contenidos” clave en un contexto de crisis en el que las mujeres están teniendo una mayor exposición corporal ante la enfermedad debido a su mayor implicación en los trabajos relacionados con los cuidados. “¿Y qué hace el Gobierno vasco en una legislatura orientada a resolver esta crisis? Relegarnos a políticas sociales, un enfoque que buscar paliar los efectos pero que no resuelve el origen de la desigualdad”, abunda.
El lehendakari Iñigo Urkullu defendió la decisión ayer en una entrevista en EITB con una retórica vacía, hablando de “voluntad de evolución”. Destacó que el Gobierno incluya por primera vez un Departamento de Igualdad permitirá “mejorar su proyección”, y argumentó que las políticas de género seguirán siendo transversales gracias a las unidades de igualdad con las que cuentan todas las consejerías. A las trabajadoras de Emakunde consultadas no les convence ese argumento y dan los suyos: que la directora pasa de tener línea directa con el lehendakari, con reuniones semanales, a que esa relación esté mediada por la consejera, que el rol de las técnicas de Emakunde de coordinar las unidades de igualdad se puede ver afectado y que presidencia es una posición más estratégica para el liderazgo político.
Lee el comunicado de Bizitzak Erdigunean en respuesta_a las declaraciones del Gobierno vasco.
Una decisión nula de derecho
A diferencia de otros organismos autónomos, Emakunde no fue puesta en marcha mediante un reglamento sino mediante la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del “Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea”. “Se creó con [José Antonio] Ardanza pero fue con [Juan José] Ibarretxe cuando se le dio un giro muy importante, con la creación en todos los departamentos de agentes de igualdad, por exigencia de la Ley de Igualdad de 2005”, recuerda Arantza Campos, profesora de la Universidad del País Vasco especializada en teoría feminista del derecho y codirectora del Máster para la Igualdad.
Campos es una de las expertas que está analizando la posibilidad de iniciar una causa de nulidad del decreto de creación del nuevo Gobierno. El artículo 1 de la Ley 2/1988 establece lo siguiente con el epígrafe ‘Naturaleza y régimen jurídico’: “Se crea el Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer como Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Presidencia o Lehendakaritza”. Campos argumenta que “el lehendakari es competente para estructurar el Gobierno como quiera pero, en este caso, el decreto para crear el nuevo Gobierno contradice el espíritu de la ley y, por tanto, sería nulo de derecho”. El problema es que el procedimiento administrativo para lograr declararlo nulo es muy caro, pero confía en que explorar ese camino sirva para presionar al Ejecutivo. La profesora de la UPV/EHU es también integrante de la plataforma política feminista Plazandreok, que está preparando una pregunta parlamentaria como otra de las estrategias de presión.
Fuentes del Departamento de Igualdad, Justicia y Asuntos sociales consultadas por Pikara Magazine para este reportaje apuntan a la necesidad de reformar esa ley fundacional de Emakunde y señalan el uso sexista del lenguaje para justificar que está obsoleta.
El compromiso del lehendakari
Desde el departamento argumentan que la reubicación de Emakunde en una consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales dará un mayor impulso y visibilidad del que podía ofrecer Urkullu. Ese argumento no convence a ninguna entrevistada para este reportaje, por tres motivos.
En primer lugar, todas señalan que vincular las políticas de igualdad a asuntos sociales retrotrae a una concepción “del siglo pasado, cuando las mujeres eran un colectivo (no la mitad de la población) al que había que ‘atender’ y ‘resolver’ sus problemas’”, explica Leia Gartzia.
En segundo lugar, a Beatriz Artolazabal, especialista en economía internacional y desarrollo, no se le conoce formación, experiencia ni vinculación alguna con las políticas de igualdad ni mucho menos con el movimiento feminista. “Y el mainstreaming es una cuestión técnica compleja que requiere de habilidades y conocimiento”, señala Arantza Campos. Las trabajadoras de Emakunde también critican que la consejera no habla euskera, lo que puede afectar a la política lingüística del instituto.
Por último, la cartera que dirige Artolazabal absorbe también otros organismos hasta ahora adscritos a Lehendakaritza a través de la extinta Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. “Había dos grandes modelos posibles: Emakunde en presidencia para garantizar la transversalidad y la presencia en espacios decisorios o bien una consejería de grandes dimensiones, exclusiva para Igualdad, con más envergadura, dotación presupuestaria y ampliación de los recursos humanos —interpreta Estibaliz—. El modelo impuesto no es ni una cosa ni la otra: mantiene Emakunde como organismo autónomo pero lo reubica en un departamento de políticas sectoriales, con el riesgo de que Igualdad quede diluido”.
Las feministas consultadas solo encuentran una razón para entender que el PNV, el partido que gobierna, haya roto un consenso que además le daba prestigio en materia de igualdad: que en un contexto de crisis asociada a la pandemia, “el lehendakari quiere quitarse de presidencia aquellas áreas que le sobran, cuya importancia no asume, porque cree que ahora no se puede permitir una presidencia ‘bien queda’”, opina la integrante de Bizitzak Erdigunean Laia Gartzia.
La lectura de Bizitzak Erdigunean es clara: “Esta decisión del lehendakari Iñigo Urkullu muestra una vez más que en momentos de crisis las mujeres (y parece que también las políticas de igualdad) tienen que volver a ‘su sitio’: a la cocina, al hogar a cargar ellas con todo el cuidado, al contrato parcial, y a la precariedad más precaria de las sin contrato y secuestradas en el régimen de internas, secuestros auspiciados y patrocinados por la Ley de extranjería”.
Este cambio de rumbo contradice además lo acordado en el proyecto de ley para modificar y ampliar la Ley para la Igualdad de 2005, al que los grupos feministas y organizaciones sociales estuvieron haciendo aportaciones durante la pasada legislatura. En él se recogía que las unidades de igualdad de todas las administraciones públicas vascas “deben de tener una posición orgánica y una relación funcional adecuada, que les permita incidir de forma efectiva en la toma de decisiones políticas, así como una dotación presupuestaria suficiente para el cumplimiento de sus fines”. Gartzia trabaja como técnica de igualdad en otra administración pública y considera que el cambio de adscripción de Emakunde “manda a todas las instituciones de la comunidad autónoma el mensaje de que ya no hace falta que las políticas de igualdad se ubiquen en presidencia, a pesar de que así lo establezca el proyecto de ley y que era un argumento que usábamos a la hora de crear nuevas unidades”.
A Arene, trabajadora de Emakunde, le parece que esa contradicción y el estancamiento del proyecto de ley suponen una falta de respeto hacia el trabajo realizado por las organizaciones feministas y un retroceso incomprensible teniendo en cuenta “la fuerza que ha cogido el movimiento feminista en los últimos años”.
No es el único síntoma de retroceso. La composición del nuevo Gobierno no es paritaria sino que está formada por siete hombres y cinco mujeres. Además, el acuerdo de Gobierno entre el PNV y el PSE-EE publicado el 3 de septiembre afirma que “se fomentaran las iniciativas del movimiento asociativo de mujeres y del mundo feminista”. La vaguedad de la expresión “el mundo feminista” ha sido señalada con sarcasmo por integrantes del movimiento autónomo en redes sociales.
Traduzco: “Se fomentaran las inciativas del movimiento asociativo de mujeres Buenas y Sumisas que no nos tocan el escroto y tambien las inciativas del Planeta Feminista que orbita en el multiuniverso de los hombres dolidos que oyen campanas y no saben donde” #AcuerdodGobierno2020 https://t.co/hKdvUbQWgZ
— Jule Goikoetxea (@JuleGoi) September 3, 2020
Una auditoría feminista
Clara Murguialday, consultora en género y desarrollo, escribió el siguiente comentario en una red social: “Además de reivindicar el estatus perdido de Emakunde, con lo que estoy de acuerdo, no estaría mal una auditoría feminista crítica, del desempeño histórico y actual de Emakunde”. Estela, una técnica de igualdad de un municipio vasco consultada para este reportaje, también echa en falta en la denuncia del movimiento feminista un análisis crítico sobre el enfoque de las políticas del Instituto Vasco de la Mujer, un “mujer” en singular que deja afuera a trabajadoras del hogar, refugiadas, lesbianas o trans. Opina que estar adscrito a lehendakaritza solo tiene un valor simbólico si no cuenta con una apuesta feminista transformadora: “Me cuesta decir ‘Emakunde se queda’ cuando para mí Emakunde no está. Si no hace las cosas bien, lo que tiene para transversalizar no tiene potencia aunque esté ubicada en presidencia. Si tiene potencia, da igual dónde esté situada”.
Arantza Campos cree que, “entendiendo los límites de un organismo del Gobierno que responde a la ideología conservadora del PNV”, estar en presidencia se estaba traduciendo en incidencia en todas las políticas públicas. “Por ejemplo, en el departamento de Seguridad ha generado una herramienta para hacer un seguimiento de los datos de participación y representación de hombres y de mujeres. Si hace esa política es porque tiene una unidad de igualdad que actúa a instancias de Emakunde”.
Desde Bizitzak Erdigunean, Leia Gartzia considera que son dos cuestiones diferentes. “Podemos valorar críticamente lo que ha hecho Emakunde en materia de transversalidad; eso ha ido variando de unos años a otros en función del equipo político, del equipo técnico… No sé si es el momento ahora. Pero ahora estamos hablando de un modelo que se ha roto. Es decir, se han eliminado las condiciones de posibilidad”. Subraya que esta medida no responde a un debate sobre cuál es la mejor estrategia para desplegar la transversalidad de género en las políticas públicas, sino a la decisión política de “meter las políticas de igualdad en un cajón”. Y apela a la responsabilidad de Emakunde en un “debilitamiento” de la institución que ha quedado de manifiesto en que su dirección no ha sido consultada sobre el cambio de adscripción.
Fumero entiende el argumento de que depender de presidencia implica a priori una mayor relevancia política y una mayor capacidad de permear en todos los departamentos. Pero cree que la realidad es otra: “De nada sirve si el equipo de presidencia no se toma en serio la igualdad, no dota esas políticas con los recursos económicos y humanos necesarios y no supervisa que se cumpla con la transversalidad”. Defiende por ello que el Instituto Canario de la Igualdad está promoviendo ahora de forma más efectiva y decidida el mainstreaming que en la ubicación anterior.
La Red Feminista de Canarias no ha consensuado una valoración sobre las implicaciones de este cambio de adscripción.
Cleia Montesdeoca es agente de igualdad e integrante de Draga Espacio Feminista-LGTBIQ*, una asociación que no participa en la Red. Sin entrar a cuestionar el trabajo del Instituto Canario de Igualdad, desde este colectivo consideran que las políticas de igualdad tienen una mayor entidad y potencial de transversalización si se ubican en presidencia, por lo que les parece “un salto cualitativo a peor” que en la Comunidad Autónoma Vasca y en Canarias se hayan movido a consejerías. Reclaman una protección a las políticas públicas para que su dotación presupuestaria y su capacidad de acción esté garantizada y no dependa de la voluntad política del equipo de gobierno de turno.