Fotograma del anuncio ‘En un pueblo todo se sabe. O no’

“Qué voy a contar, si mis padres no podían hacer nada, solo preocuparse… Además, mi marido me tenía totalmente controlada, no salía para nada. Todo el día pegado. No podía decir nada”.

“Piensas que nadie te puede ayudar, que nadie te va a creer, que estás sola”.

“Estábamos en el campo, a dos kilómetros fuera del pueblo… Si me mata, ¿quién se va a enterar aquí? Vivimos en el campo, no hay nada al lado, ni una casa”.

Las violencias machistas en el mundo rural, aunque tiene el mismo trasfondo estructural que cuando sucede en entornos urbanos, suman unos condicionantes contextuales que las compañas de prevención e información y las políticas públicas no asumen. Y eso afecta a la percepción social y a la situación de las víctimas y de las supervivientes. Y también a su aislamiento.

La semana pasada, atendiendo a la medida 180 del texto refundido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, se presentó el informe ‘Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural’, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), constata que las mujeres que viven en el ámbito rural perciben habitualmente la violencia de género como una cuestión del ámbito familiar y privado más que como un problema social y estructural. “Un 61,35 por ciento de las mujeres ha sabido de un caso de violencia de género; un 40 por ciento afirma conocer los derechos civiles que tienen las víctimas de violencia de género”, recogen los resultados de las encuestas realizadas.

“El estudio no hace comparación del rural con respecto al urbano. No decimos que haya más en el ámbito rural respecto al urbano, solo constatamos”, cuenta en conversación telefónica la jurista coordinadora técnica del Programa de Violencia de Género de Fademur, Marta Torres.

La investigación, que sin embargo no recoge una muestra representativa de las víctimas de violencia de género de la llamada España vaciada, se ha realizado en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja, comunidades elegidas por su ruralidad y por su dispersión como variables más influyentes en la representatividad y utilidad de los datos, según indica el Ministerio de Igualdad en una nota. Las entrevistas se han realizado en municipios de hasta 20.000 habitantes y recogen 167 encuestas a mujeres y 333 a profesionales de la atención además de 23 entrevistas en profundidad a mujeres víctimas y usuarias de diversos servicios de atención, como servicios sociales, policiales, sanitarios y otros de atención a las mujeres.

El informe recoge que las entrevistadas viven mayoritariamente en entornos donde son habituales los modelos patriarcales, las creencias sexistas y las discriminatorias de género, tanto en las familias de origen de las víctimas, como en las del agresor. Casi la mitad las mujeres consideran a las familias de sus parejas o exparejas “machistas” y más del 80 por ciento de las encuestadas hablan de la existencia de machismo generalizado en el mundo rural.

Un machismo que no hay que achacar únicamente a las gentes que viven en estos contextos, ya que el abandono de las Administraciones públicas tiene mucho que ver. De hecho, las profesionales entrevistadas para el estudio señalan ciertas deficiencias como la falta de personal especializado, horarios limitados, así como falta de acondicionamiento de los centros o de accesibilidad.

“Lo que más me ha preocupado, y era una sospecha que teníamos, es la sensación de aislamiento que tienen las mujeres; no solo aislamiento geográfico, físico y familiar, obvio por las características del rural, sino que en situaciones de violencia también tienen la lejanía de los recursos, que temen que no sean confidenciales y también temen el qué dirán; y eso las aísla más”, resume Marta Torres.

Como se recoge en el monográfico Violencias machistas, recientemente publicado por este medio, “en gran cantidad pueblos no existen dependencias policiales en las que denunciar, por lo que muchas víctimas dependen del coche familiar, es decir, de su agresor, para hacer este trámite que se recomienda insistentemente. Y si dependen del transporte público, que suele pasar una vez al día, ya no se puede denunciar a cualquier hora”. Pero el ejemplo puede ser el contrario, lo que demuestra la paradoja y la singularidad del contexto”. Es decir, que no se va a denunciar porque quien atiende conoce a denunciante y a agresor.

Los datos del informe de Fademur son demoledores: las 23 mujeres entrevistadas en profundidad han vivido violencia psicológica, casi el 80 por ciento violencia física y más de la mitad, económica. La violencia sexual se ha identificado casi en un 40 por ciento de los casos. Y casi todas han permanecido en las relaciones de maltrato una media de 20 años. Las razones de la prolongación de esta situación en el tiempo son la dependencia económica, el miedo al qué dirán, el temor a la reacción del maltratador, el férreo control social y familiar, el desconocimiento de los recursos de protección y de atención así como la desconfianza hacia la efectividad de los mismos.

“Aunque podamos considerar que no hay diferencias significativas entre el medio rural y el urbano en cuanto a perfiles de maltrato: edades, situaciones laborales y familiares, niveles educativos, etc., sin embargo, lo que los datos están mostrando es que el medio rural acrecienta los efectos de la violencia. En primer lugar, porque hay una falta importante de reconocimiento de las situaciones de violencia y, por otra parte, porque exige un esfuerzo mayor para evitar y resolver dichas situaciones”, escribieron en 2015 Mª Ángeles Martínez García y Luis Alfonso Camarero en el informe ‘La Reproducción de la Violencia de Género: una lectura desde las áreas rurales’, recogido por la investigación de Fademur.

La feminización de la pobreza y la dependencia económica, la falta de información, la lejanía o inaccesibilidad de los recursos, la falta de perspectiva de ruralidad del sistema judicial y la cantidad de trámites jurídicos y burocráticos necesarios para denunciar y recibir apoyo son algunas de las especificidades de los entornos rurales que condicionan la situación de las víctimas de violencias machistas y el apoyo que reciben. Eso sí, cuenta Marta Torres, “se ha demostrado que son muy muy importantes las redes informales, las amistades, los vecinos, e incluso el médico”. Y añade: “Debemos de encontrar otras maneras de detección”.

¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. Fademur propone varias vías de acción divididas en seis categorías: atención integral a las víctimas de la violencia de género, prevención y sensibilización, formación de profesionales, coordinación y colaboración interinstitucional, análisis e investigación, y compromiso económico. Y concreta: aumentar los recursos especializados en violencia de género, agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida, y mejorar la coordinación entre recursos, para evitar su revictimización y mejorar la atención y protección de sus hijos e hijas. En definitiva, mirar qué pasa tras las puertas cerradas.

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