Por Metzi Rosales Martel

Alejandra Burgos (segunda por la derecha) en un foro para exponer la ley.

La teóloga y doctora en Filosofía Alejandra Burgos, coordinadora además de la Estrategia de Protección Integral a Mujeres Defensoras en la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local desde 2012, defiende en esta entrevista la importancia de que El Salvador cuente con una Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos.

Las constantes ataques a las personas defensoras -157 agresiones registradas entre 2014 y 2016- hicieron que la Mesa por el Derecho a Defender Derechos presente el anteproyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa, siguiendo los pasos de países como Colombia, México y Honduras que ya cuentan con una legislación especial.

¿Cómo surge el anteproyecto de Ley, presentado el 6 de septiembre de 2018?
El anteproyecto de ley ha sido un proceso de construcción colectiva. Lo hemos venido trabajando desde un espacio que se denomina Mesa por el Derecho a Defender Derechos, conformado por 14 expresiones de movimientos de defensa de derechos humanos. Este espacio ha pasado por distintas etapas y lo que ha buscado es poder tener una propuesta de ley con la cual nos sintamos identificadas e identificados desde las distintas expresiones de movimientos; pero sobre todo, buscamos que sea una propuesta de ley que no solamente proteja sino que también reconozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Esta propuesta de ley parte del reconocimiento de que la protección debe de ser integral, es decir que, no solamente sea una protección reactiva sino también preventiva de las agresiones; por eso hablamos de la responsabilidad tanto del Estado como de la ciudadanía de promover la protección y la defensa de quienes defienden derechos humanos.

¿Qué aspectos no son negociables en la propuesta de ley?
Hay algunos elementos como, por ejemplo, la perspectiva de género en la aplicación de las medidas de protección; o las medidas de no discriminación y también el planteamiento de que cuando las medidas sean reactivas se parte de una justicia que sea restaurativa o una justicia que no se quede solamente en un ámbito punitivo sino que se convierta en medidas de no repetición

¿Por qué es importante una ley que para las defensoras de los derechos humanos?
Esta ley es importante porque defender derechos humanos en El Salvador, como en el resto de Mesoamérica o de América Latina, se realiza en condiciones de alto riesgo. En el marco de la violencia social que existe, de la impunidad histórica, de la corrupción y sobre todo en el marco de la desconfianza hacia las instituciones públicas desde la ciudadanía, las personas defensoras de derechos humanos lo hacen en un contexto donde ser una mujer defensora o ser una persona LGTBI defensora te pone en mayor situación de riesgo. Precisamente porque es una labor que se realiza en un marco de absoluta penalización del aborto, en un marco social de mucha discriminación hacia las mujeres y hacia las personas LGTBI.

Ya existen otras leyes que buscan garantizar los deberes y derechos de las personas, ¿qué diferencia existe entre esta propuesta y la legislación con la que ya contamos?
Esta ley busca reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos y exige al Estado que nos proteja. Y garantizar que todas las personas tenemos derecho a tener acceso a nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. En ese sentido, esta ley entra en la categoría de ley especial; no se trata de que sea una legislación sacada de la manga o un invento de una organización o de las organizaciones que hemos estado en el proceso de elaboración, sino que esta ley resultado de un análisis comparativo de otras leyes que existen en la región latinoamericana, como es el caso de Colombia México y Honduras. Pero, lamentablemente, en estos tres casos anteriores, ha sido justamente el resultado de un compromiso adquirido por parte de los Gobiernos, también como una medida a tomar después de una sentencia que ha mandado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o después de una recomendación o compromiso que los Estados han adquirido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, han sido el resultado de que los estados de esos países han tenido que asumir su responsabilidad en la impunidad en casos de personas defensoras. En este caso, el anteproyecto de ley presentado en El Salvador es la primera propuesta en América Latina que viene desde la sociedad civil, que se ha trabajado desde la sociedad civil, y por eso es importante y por eso se diferencia o se distancia de otras propuestas que han surgido en este caso.

En el anteproyecto proponen crear una institucionalidad, ¿de dónde saldrían los fondos para crearla dados los problemas presupuestarios en El Salvador?
Esta propuesta no implicaría la creación de una institución específica, sino que lo que se podría hacer. Y es lo que estamos planteando partir del artículo 31 de la propuesta, es que las instituciones que ya tienen habilidad en este sentido, pueden delegar un equipo de personas que puedan dar seguimiento a esta realidad, a este problema complejo que tenemos en El Salvador. Precisamente porque todavía no existen las suficientes denuncias es que no existe un marco normativo que indique dónde poner esa denuncia. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, no distingue un caso de vulneración de derechos cuando sos una persona defensora y cuando sos una persona particular. En la legislación actual, existen dos figuras jurídicas en las cuales podría vincularse cuando hay una agresión en tu contra por ser una persona defensora: Protección a Testigos o Protección a las Víctimas, que no necesariamente las personas defensoras coinciden con ese marco. En ese caso, no estaríamos hablando de nuevo presupuesto a asignar para la creación de una nueva institución; estaríamos hablando que el Presupuesto General de la Nación ya integre como una responsabilidad estatal y que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para poder llevar a cabo la labor que implicaría la defensa y la protección del derecho a defender derechos. No estamos hablando de nuevo recursos, estamos hablando de que las instituciones cumplan su responsabilidad y generen espacios específicos en materia de coordinación; y, en materia de articulación con sociedad civil para el cumplimiento de esta responsabilidad estatal.

¿Desde cuándo funciona la Red Salvadoreña de Defensoras? ¿Quiénes la integran?
Funciona desde el 2012, e iniciamos con 60 mujeres defensoras. A partir de 2013, pasamos a ser defensoras de derechos humanos de las mujeres a un espectro más amplio que es ser mujeres defensoras de derechos humanos.

El colectivo reporta un total de 157 agresiones a defensoras, de 2014 a 2016. ¿En qué circunstancias se han dado estas agresiones? ¿Quiénes han sido los agresores?
En la mayoría de los casos, los agresores han sido representantes de cuerpo uniformado; en muy pocos casos han sido personas desconocidas. Es decir, el trabajo o la labor que realizan las defensoras de derechos humanos, generalmente se ve obstaculizado por personas que deberían de garantizar su protección y su integridad. Las agresiones se han dado tanto en el ámbito rural como en el urbano; muchas de estas agresiones han estado vinculadas a amenazas, ultimátum, a criminalización y a hostigamiento psicológico. En algunos de estos casos han habido campañas de desprestigio que buscan deslegitimar la labor de las mujeres defensoras y su muerte civil para que no continúen defendiendo derechos humanos. La gran carga de misoginia o de discriminación al hacer visible la orientación sexual o las prácticas sexuales que puede tener una mujer defensora son situaciones que lo que buscan son ponerlas en riesgo, sabiendo que decir esto o compartir alguna información sensible en contextos fundamentalistas y conservadores las pone en riesgo.

¿Qué país es el más complicado para una defensora, de acuerdo con las denuncias recibidas? ¿Y el país ideal para ser defensora?
Es difícil pensar dónde es más difícil. En los casos de Guatemala y Honduras, las agresiones están dirigidas hacia mujeres indígenas y hacia mujeres que defienden los bienes comunes o los derechos ambientales. Para el caso de El Salvador, las mujeres que mayoritariamente enfrentan amenazas y agresiones son quienes defienden los derechos ambientales y los derechos sexuales y reproductivos.

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