Fue el pasado 22 de marzo. Después de que el 8 de marzo se hubieran prohibido todas las acciones previstas en Madrid, 12 mujeres decieron darse cita en el arzobispado de la capital para darse de baja de la Iglesia Católica. “Llegaron escalonadamente y cumpliendo las medidas de seguridad por la Covid-19, no portaban pancartas ni alteraban el orden público de ningún modo, ni fueron en ningún momento más de 20”, por lo que no era necesario comunicar manifestación o concentración alguna, explica el comunicado de Apostasía Feminista. Esto no impidió que se produjera lo que califican de “sorprendente despliegue policial: dos furgones de la Policía Nacional apostados frente al arzobispado de Madrid con instrucciones de identificar a cualquier mujer que pretendiera acceder”.

Las integrantes del colectivo Apostasía Feminista señalan la arbitrariedad de las sanciones e identificaciones policiales y denuncian el abuso de autoridad al que fueron sometidas, “con clara intención de obstaculizar el trámite”. Por ello, han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo “denunciando el uso indebido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger los intereses de la Iglesia Católica”. De momento no han tramitado una denuncia en la Policía porque su objetivo es, primero, “que la Administración se retracte y no llegue a emitir las multas”. De hecho, ni las 12 identificadas ni las dos mujeres que recibieron el acta de denuncia en el momento han recibido todavía la sanción.

“Solicitamos al Defensor del Pueblo que indague la causa de esta injustificada actuación policial y que inste a la delegada del Gobierno en Madrid -Mercedes González- a rcvocar unas sanciones que se impusieron siguiendo las órdenes represivas de su predecesor en el cargo, conocido por las feministas, José Manuel Franco. La queja al Defensor del Pueblo denuncia igualmente la actitud intimidatoria y coactiva de la Policía Nacional frente a las mujeres, e incluye documentación gráfica del momento y cientos de firmas recogidas hasta la fecha en apoyo.

“Esta acción de acoso se añade a la prohibición que ya sufrimos el pasado 8 de marzo en la capital”, añaden. Denuncian que la Delegación  de Gobierno “vigila” sus redes sociales para conocer las acciones que planean. La burocracia que se existe para un acto administrativo de este tipo “está concebida precisamente para que nos echemos atrás”, “se nos intenta amedrentar” con la policía, “mientras que cada día hay numerosas concentraciones y manifestaciones (con y sin autorización), turistas viajando, emborrachándose y haciendo fiestas en total libertad, iglesias aborratodas en las que no se guardan ni medidas sanitarias ni de distanciamiento, etcétera”, señalan.

El colectivo Apostasía feminista se creó siguiendo los pasos de las feministas argentinas. En el verano del 2018 la Iglesia Católica movilizó al Senado argentino para que votara en contra de la aprobación de la ley del aborto, lo cual provocó una apostasía feminista colectiva. Apostatar es un acto individual, pero las feministas argentinas consiguieron transformarla en acto político. El carácter internacionalista de las feministas hizo que desde Madrid se siguieran los pasos de las argentinas para llevar adelante así mismo acciones en este sentido.

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