Marcha por el derecho al aborto./ Feministas Tramando.

Emilia Laura Arias Domínguez/ La Serena (Chile)

Entre 160.000 y 200.000 mujeres abortan al año en Chile, según estimaciones de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. Lo hacen a escondidas, con miedo a ser detenidas y al desprecio social. En Chile abortar es absolutamente ilegal en cualquier supuesto y en cualquier momento, y eso lo convierte en una práctica clandestina y, muchas veces, peligrosa.

No hay cifras oficiales pero, según Patricia Cocq, del colectivo Feministas Tramando, “deben de ser muchas más de las que pensamos, porque cada día nos llegan correos de mujeres buscando información para interrumpir su embarazo”. En materia de legislación sobre el aborto, Chile se encuentra al nivel de Somalia o el Estado Vaticano, que lo sancionan sin admitir excepción.

“En materia de legislación sobre el aborto, Chile se encuentra al nivel de Somalia o el Estado Vaticano, que lo sancionan sin admitir excepción, ni violación, ni enfermedad grave, ni riesgo para la madre. Si aborta y es descubierta puede ser condenada hasta a 5 años de cárcel. Actualmente hay una decena de mujeres en la cárcel”

“Si al feto le detectan una enfermedad grave, existe riesgo para la futura madre o la mujer es víctima de una violación con resultado de embarazo, debe llegar al parto de igual manera”, afirma Natalia Flores, portavoz del Observatorio Género y Equidad Chile. Si aborta y es descubierta puede ser condenada hasta a 5 años de cárcel. Actualmente hay una decena de mujeres en la cárcel por interrumpir su embarazo.

“Hay mujeres que han llegado a un hospital con un sangrado fuerte tras abortar en casa y han sido esposadas a la cama durante su recuperación”, cuenta Cocq, activista feminista y comunicadora chilena. “Una amiga llegó con pérdidas naturales al cuarto mes. Le trataron muy mal y no puede ni hablar sobre el tema. Cuando salió, una enfermera le dijo que debía agradecer que salía caminando”, relata Verónica Díaz Ramos, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Chile.

Una chica joven cae al suelo desmayada en la sala de espera de un hospital y todo el mundo pide ayuda. La enfermera sale y dice: “Déjala. Ha abortado”. Es otro de los relatos de Díaz, quien lleva más de 10 años trabajando este tema. Una experiencia personal le hizo pasar de pensar que las mujeres que abortaban eran “malas” a dedicar su vida “a apoyar, orientar e informar”. “Al día me llegan hasta cuatro peticiones de información. Me llaman hasta a las dos de la mañana”, cuenta.

Verónica Díaz, activista también en Miles (Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo en Chile), asegura que, cuando una mujer llega a un hospital tras un aborto, “si hay riesgo para su vida, el equipo médico denuncia, porque si ella muere, el personal es cómplice y será procesado”. “Si no existe riesgo para su vida no le denuncian, pero muchas veces le castigan allí mismo”.

“Mi cuerpo es mío. Yo decido”./Kena Lorenzini

“¿Te gustó abrirte de piernas, asesina? ¡Ahora sufre!” es una de las frases que más impactó a Díaz. “Desde el portero del hospital hasta la dirección se sienten con derecho a maltratarlas. Las castigan. Evidentemente hay médicos que no actúan así”, concluye.

Acceso desigual

Chile, con 17 millones habitantes, es el segundo país con más desigualdades sociales de la región por detrás de Brasil. El 10 % de los hogares más ricos tiene un ingreso per cápita 78 veces mayor al del 10% más empobrecido, según datos aportados por el Gobierno en 2011. Estas diferencias también se sienten a la hora de interrumpir un embarazo o acceder a métodos anticonceptivos.

“En las clínicas privadas se hace disfrazando esta práctica de una operación de ovarios u otra cosa. Cuesta cerca de dos millones de pesos –unos 3.000 euros- y solo tienen acceso las que tienen dinero. Hay clínicas que por ideología no denuncian y lo hacen de forma segura. El problema está con las mujeres empobrecidas. Ellas van presas”, denuncia Patricia Coqc.

Las clases medias, las estudiantes y quienes tienen acceso a la información recurren al Misoprostol, pastillas que se venden en el mercado negro. Las pobres toman cloro, se introducen agujas de tejer, sondas, soluciones salinas, plantas…

Las clases medias, las estudiantes y quienes tienen acceso a la información recurren al Misoprostol, pastillas para interrumpir el embarazo que se venden en el mercado negro, “Es una de las prácticas más generalizadas en Chile”, según el Observatorio Género y Equidad de Chile. “Las mujeres de los sectores más pobres toman cloro, se introducen agujas de tejer, sondas, soluciones salinas, plantas…”, relata la activista de Feministas Tramando. Por su parte, Verónica Díaz rememora la historia de una mujer que “se metió alambres oxidados que le hicieron puré el útero”.

“Recuerdo el caso de una mujer que no quería ser madre de nuevo y estaba desesperada. Le pidió a su hijo mayor que le diese patadas en la tripa. No abortó. Nació una niña y la dio en adopción”, añade.Según esta activista, quien cursó Teología en la Universidad Católica de Chile, “Si tienes plata parece que debes ser madre porque puedes permitírtelo. Es legítimo no quererlo”. Tal y como ella afirma, lo más doloroso es “la hipocresía salvaje”: ”Debo conocer entre feministas y no feministas a unas 100 mujeres que han abortado y no están traumadas ni sienten culpa. Es la decisión que tomaron por distintas razones. La carga terrible es cómo lo vivieron a consecuencia de la clandestinidad. La soledad es lo que más les duele”.

“La despenalización no es posible ni a corto ni a medio plazo”

En Chile existen cinco fuentes de derecho vinculadas a la regulación del aborto actualmente. El artículo que amparaba el aborto terapéutico fue derogado por la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1989, momento en que se cerró la puerta a la única vía posible para la interrupción del embarazo de forma legal. En aquel momento comenzó la lucha por la despenalización que, con matices sobre el cuando y el porqué, une a todas las feministas del país.

“Somos uno de los países latinoamericanos y del mundo más resistente a liberalizar su postura frente al aborto. Todos los gobiernos han evitado el tema o se declaran abiertamente en contra. El actual presidente, Sebastián Piñera, vetó la discusión en el Parlamento”, cuenta Paula Santana, integrante de la Red Chilena contra la Violencia Sexual.

El Gobierno de Michelle Bachelet, actual presidenta de ONU Mujeres, no cambió la legislación al respecto, y Sebastián Piñera no genera mucha esperanza en los movimientos de despenalización. “Con Piñera es imposible. No es un tema a legislar para él. La mujer que promueve este gobierno es la misma de la dictadura, la madre”, asegura Patricia Cocq.

Según Natalia Flores González, portavoz del Observatorio Género y Equidad, el aborto tiene una baja aceptación social en Chile, “situación que varía a más del 50% de aprobación cuando se habla de aborto en caso de violación y llega al 72% en el caso de riesgo para la madre o el feto”. Estos porcentajes no han hecho que el tema avance en el Congreso y “desde la vuelta de la democracia se han presentado más de 20 proyectos que tienden a la despenalización del aborto. Sólo uno ha podido avanzar y se encuentra en este momento a la espera de ser votado en la sala del Senado”, recuerda la portavoz de esta organización.

Flores González recuerda que “la penalización es una violación grave de los derechos de las mujeres chilenas en torno a su libertad de reproducción y de proyectar su vida.Y supone además un grave incumplimiento de la CEDAW, compromiso firmado por este Estado.” La Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, por su parte, considera que el aborto “es violencia institucional, al ser el Estado y la sociedad quienes niegan un derecho: el derecho a decidir a las mujeres exponiéndoles a discriminaciones, daños a su salud y sus vidas.”

Pintadas en una pared de Valparaíso./ E.L. Arias Domínguez

Alternativas feministas; el “Fonoaborto”

Las feministas chilenas han buscado dar respuestas y alternativas a las restrictivas leyes para apoyar a las mujeres en lo que entienden se trata de un tema de salud pública y derechos humanos. En 2009, La Red Salud Mujeres de Chile lanzó el Fonoaborto. Este número de teléfono buscaba informar sobre el Misoprostol. Según declararon en su momento, se trataba de “dar información y evitar riesgos en los miles de abortos clandestinos”. El Misoprostol, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuesta 40.000 pesos chilenos (unos 60 euros) y su comercialización se remite a una estricta receta médica como tratamiento para la úlcera. En Chile se consiguen en el mercado negro y en Internet abundan las ofertas.

Patricia Cocq recuerda que “las chicas del Fonoaborto cambiaron de números porque sintieron cierta persecución. Funcionó durante seis meses y sirvió para posicionar el tema.” Verónica Díaz participó en aquella acción. Ella lleva más de 10 años respondiendo al teléfono a título personal y no como miembro de Católicas por el Derecho a Decidir. “Yo no promuevo el aborto, yo apoyo e informo a las mujeres que están asustadas y desorientadas”, aclara. En Chile promover el aborto también es delito. Ella suele dar la referencia de Women on Waves, organización holandesa que construyó un barco clínica hace 10 años para apoyar a mujeres practicando abortos en aguas internacionales. A través de la web de esta organización se puede conseguir el Misoprostol de forma segura. Se rellenan unos formularios y ellas envían por correo el protocolo de uso con toda la información. No hay restos de la pastilla en sangre 24 horas después de la toma y “por eso es una manera de evitar a la justicia”, explica Díaz.

Ni aborto ni educación sexual

Patricia Cocq, de Feministas Tramando, revela otra clave: “Ni siquiera se habla de educación sexual o anticoncepción. Se aprobó la distribución de la píldora del día después en los consultorios públicos. La derecha lo llevo al constitucional, masculinizado, de derechas y conservador, y se derogó. Ahora las municipalidades tienen la capacidad de darla pero en la práctica es difícil conseguirla”.

Otra cuestión es que no todas las chilenas pueden pagar los 15.000 pesos que cuesta la píldora del día después, además de pagar la consulta. Las feministas promovieron como respuesta el ‘Método Yuspe’, que consiste en tomar varias pastillas anticonceptivas a la vez. En la web de Feministas Tramando es el banner más visitado.

El gobierno de Michelle Bachelet hizo un intento de instaurar unos cursos de “educación afectiva”, que no sexual, en las aulas. Los sectores conservadores mostraron su absoluto desacuerdo y ahora está en manos de los colegios, católicos en su mayoría, impartirla o no.

“Cuando tenía 15 años nos llevaron a ver un video sanguinolento, con pedazos de fetos, sangre y trozos de bebés por todas partes…Todo en Chile te lleva de la mano hacia la maternidad”, recuerda Verónica Díaz.

“Las mujeres y los hombres deben tener educación sexual y no la alternativa que propone la jerarquía católica: castidad, matrimonio o abstinencia”, critica la directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

Las feministas han impartido talleres sobre anticoncepción y maternidad voluntaria, han marchado por las calles y han llamado a todas las puertas. Hasta que las chilenas puedan decir sobre sus cuerpos de forma legal, los colectivos feministas seguirán ofreciendo respuestas que les permitan ejercer sus derechos.

• Entrevista a Karen Espíndola: “Fue injustificado que mi bebé viviera para puro sufrir”
• Descárgate el informe “Violencia sexual y aborto. Conexiones necesarias” de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual