Varias mujeres hacen un altar para recordar a las personas desaparecidas. 

Rojo intenso y luminoso en su blusa. Pantalón blanco. Horquilla con forma de mariposa y tonos rojos brillantes. María Densy Murillo cuenta tres hermanos desaparecidos en Buenaventura, localidad situada en la costa pacífica colombiana y donde se levanta uno de los puertos más importantes del país, uno de los más sofisticados de América Latina. También territorio de mayoría afrodescendiente, con el 80 por ciento de su población empobrecida. Los datos los ofrece la Comisión de la Verdad, entidad del Estado nacida tras los Acuerdos de Paz firmados hace cinco años entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo).

Que María Densy Murillo vista de rojo no es casualidad. Está en Cali, en un acto de entrega de un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo de justicia también surgido tras los Acuerdos. La investigación recoge las desapariciones forzadas en Buenaventura, allí donde no puede vestir de rojo. Ni de negro. “Necesitamos de corazón que se haga justicia y se sepa la verdad, que se nos haga visible la reparación colectiva a nuestro territorio. Estamos cansadas de luchar y caminar y que no se sepa nada. No me rindo, pero necesito respuestas”, clama esta integrante de la asociación Madres por la vida.

En el distrito de Buenaventura hay al menos 1.200 personas desaparecidas, según los datos recabados por la asociación Madres por la vida y por la Fundación Nydia Érika Bautista (FNEB). Pero las cifras, como todo lo que tiene que ver con el conflicto colombiano, no son nítidas y varían en función de quién cuente la historia. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica cifra en 697 las personas desaparecidas forzadamente entre 1997 y 2021. El Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal las eleva hasta las 768 y la Fiscalía General de la Nación tiene registrados 1.128 procesos por este delito, según recoge un especial del periódico El Espectador. El baile de números continúa cuando los datos se extrapolan al ámbito nacional. Desde las 54.000 de la Fiscalía hasta las más de 120.000 que remarca la FNEB, en una estimación que abarca desde los años 70 hasta a la actualidad.

Con la entrega del informe ‘Desaparición forzada en Buenaventura. Dignificar las vidas negras y la lucha de las mujeres’, Madres por la vida y la FNEB exigen a la Jurisdicción que investigue todo lo ocurrido en Buenaventura y solicitan la apertura de un macrocaso sobre desapariciones forzadas en todo el país que se sume a los siete que hay abiertos en la actualidad. “Los testimonios directos de las víctimas sobre los que se alimentó este informe muestran una alarmante impunidad, discriminación racial y por el origen social, incluida de la administración de justicia y serios obstáculos para acceder a los derechos a la verdad y a la justicia que profundizan la discriminación histórica y estructural de familias y comunidades afrocolombianas, y en su calidad de víctimas del conflicto armado interno, que continúa devastador en la región”, recoge el documento al que ha tenido acceso este medio.

“Este informe demuestra el impacto diferenciado étnico y de género, así como la lucha incansable y solitaria de las mujeres, los riesgos a los que se exponen por la búsqueda, y la pérdida de identidad que están sufriendo”, subrayó en el acto celebrado en Cali la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero. Esta pérdida de identidad se traduce en la imposibilidad de realizar sus rituales en duelos, enterramientos, cantos y alabanzas. De Rivero también pidió reforzar la investigación policial y que disminuya “la impunidad estructural”.

Integrantes de Madres por la vida entregan el informe a la magistrada Reinere Jaramillo. 

Colores prohibidos

María Densy Murillo no es la única que viste de rojo. Laura Rosa Vélez también ha elegido ese color. Leyda Moreno va de negro. Un desafío que en su ciudad les traería problemas. “Buenaventura es una locura. A una le da risa, porque privarle una persona cómo debe vestir, hasta dónde ha llegado el sometimiento, hasta dónde nos hemos deshumanizado”, expone Luz Dary Santiesteban, integrante de la junta directiva de Madres por la vida. Da la impresión de que no puede ni explicar lo que vive su territorio, como que las palabras no fueran suficientes para describir ese horror.

“¿Por qué las víctimas seguimos siendo revictimizadas y sigue habiendo desapariciones forzadas después de los acuerdos y entregas de las armas? ¿Qué pasa con Buenaventura?, ¿con las mujeres negras, mestizas, empobrecidas y llenas de enfermedades por buscar desaparecidos? Y no solo está la búsqueda, sino que tenemos que arrastrar con un desplazamiento interno por toda la disputa territorial que existe en el puerto”, continúa. Desamparo, exterminio, víctimas, dolor, defensoras de derechos humanos, espiritualidad, terror o ancestralidad son las ideas que emanan de su ronca y potente voz.

Junto a Santiesteban están sus tres compañeras de la directiva. “La desaparición forzada es el flagelo que más ha dañado a las mujeres, porque hablamos de cuerpo-territorio y del territorio nuestro”, apunta Leyda Moreno, quien remarca que “todo lo que se usó en la colonización son las herramientas que están trayendo para recolonizarnos”.

El escenario de la entrega del informe fue una calurosa mañana de septiembre en Cali. Más allá del simbolismo jurídico y de la búsqueda de justicia, la ceremonia fue una alegoría de la cultura y de los saberes de las mujeres negras de Buenaventura. Flores, música, cánticos y alabanzas erizaron los pelos a las personas presentes, entre ellas, una decena de integrantes de la JEP.

“Ante la desaparición forzada de sus seres queridos, las mujeres rompieron el silencio. Pero preguntar y buscar la verdad y el paradero se constituyó en una transgresión a los códigos del terror impuestos por los victimarios, que fue sancionado sin fórmula de juicio con amenazas, ejecuciones sumarias, violencia sexual”, advierte el estudio.

“Golpes en la tierra, hasta la tumba”, clama uno de los estribillos más repetidos, acompañado por fuertes golpes en el suelo y en los corazones de las Madres por la vida. Los abrazos y las lágrimas brotaban a modo de redención. “Lo más importante es que fuimos escuchadas a través de la magistrada y que se puso en el zapato de nosotras; la sentimos humana en ese momento. Es una voz de esperanza”, cuenta Santiesteban, con dos hermanos desaparecidos.

Toga negra hasta los tobillos y con un ribete verde bordado en los puños, la magistrada de la JEP Reinere Jaramillo fue la encargada de recoger las peticiones de las “patidescalzas”. Así se autodenominan estas mujeres de Buenaventura que acostumbran a caminar sin calzado. “Mi corazón se arruga después de escuchar su valentía. La guerra nos ha querido paralizar, pero ustedes están contando al país y a la JEP que no están paradas. La justicia colombiana tiene la obligación de darles una respuesta y juzgar a los máximos responsables. En la JEP hemos dicho que el conflicto armado ha tenido riesgo por condición de género. El impacto ha sido más grande y diferente en las mujeres, y más en las indígenas y en las negras, por lo que el enfoque debe ser interseccional”, intervino la magistrada visiblemente emocionada.

Una zona estratégica con casas para desmembrar personas

“Buenaventura es el Pacífico, y el Pacífico colombiano se ha convertido desde el año 96 es una zona estratégica. Antes era una zona marginal y olvidada”, contextualiza en Bogotá Danilo Rueda, coordinador Nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Su explicación llega justo un día antes de partir hacia la zona del río San Juan, cerca de Buenaventura, para intentar mediar y acompañar a una comunidad de unas 2.000 personas que está a punto de ser desplazada por la violencia paramilitar. Porque las violaciones de derechos humanos continúan vigentes en Colombia. Los asesinatos, los desplazamientos y las desapariciones no son cosas del pasado.

Jóvenes juegan en el mar en Buenaventura. / Foto: Javier Solé

Una vez firmados los Acuerdos de Paz, líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, al igual que exguerrilleros de las FARC desmovilizados continúan desapareciendo. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2021, 1.241 liderazgos fueron asesinados en Colombia, según los últimos datos publicados por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El último informe de Global Witness sobre ataques a personas defensoras de la tierra y del medioambiente, publicado en septiembre, recoge que, por segundo año consecutivo, en 2020 el país registró el mayor número de asesinatos: 65 seres humanos. Las cifras oficiales dan cuenta de que 276 exguerrilleros de las FARC corrieron idéntico destino.

Mientras todo esto continúa sucediendo en Colombia, el Gobierno español ha concedido la Gran Cruz Isabel la Católica al presidente Iván Duque. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación explican a El Salto que se trata de una “práctica habitual” al recibir visitas oficiales de jefes de Estado extranjeros.

La inconfundible y potente voz de Luz Dary Santiesteban pide “un llamado de oreja al mismo presiente de la República”, porque -cuenta- las zonas que dejaron las FARC tras su desmovilización “debían haber sido protegidas por el Estado y se las dejó desamparadas. Hoy se ha restructurado todo de una forma impresionante y hay todavía más grupos al margen haciendo lo mismo que hacían atrás”. Y sentencia: “Es un exterminio contra el negro. Están matando esta raza”.

Buenaventura es un polo económico, tanto ilegal como legal. La población local es acorralada y violentada, mientras no cesan los megaproyectos relacionados con el puerto, privatizado en la década de los años 90. “No importa que esté la comunidad ahí asentada, no importa que estén las negras, no importa el desalojo territorial; lo que importa es el puerto”, lamenta Santiesteban. Las humildes viviendas de madera que ganan terreno al mar, a veces sobre basura, viven de espaldas a los contenedores del puerto y a los grandes hoteles. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de un puerto sin comunidad. Las “patidescalzas” lo confirman. Finanzas sin gente frente a una comunidad que trata de sobrevivir a la violencia descarnada que ha roto el tejido social y amenaza toda una cultura. “Nos empobrecieron porque necesitan el territorio y quieren que estos negros y negras lo desocupen. Nosotras estamos haciendo resistencia y somos el estorbo”, cuenta Laura Rosa Vélez.

La presencia de diversos grupos armados ilegales en la zona se ha traducido en realidades como las “casas de pique”. Son viviendas usadas por los victimarios para torturar, desmembrar a personas vivas y asesinar, como han documentado diversos organismos. Porque hay terrores que no revisten dudas, que todo el mundo sabe. Hasta los asesinos lo han contado: el que fuera jefe del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Éver Veloza García, confesó que entre 2000 y 2001 ese grupo paramilitar asesinó a más de mil personas en Buenaventura. HH, como es conocido, reveló que fueron apoyados por grandes y medianos empresarios locales.

Protección del estero

Las “acuafosas” son otro de los terrores que surgen cuando se habla de Buenaventura. Son fosas comunes excavadas en aguas del océano Pacífico. Y ahí radica una más de las luchas de las Madres de Buenaventura, la protección del estero San Antonio, donde se acumulan cadáveres y restos de personas. Hoy en peligro por las continuas obras de dragado del puerto. El pasado mes de abril, la JEP inició el trámite de medidas cautelares para proteger y preservar el estero, donde las comunidades denuncian que hay sido arrojados cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

No se ha vuelto a saber nada. “Pareciera que las medidas no se hubieran aceptado porque no se han implementado. El trabajo técnico y acuático lo tiene que hacer la Unidad de Búsqueda y no ha podido ejecutar la licitación que contrata a los profesionales”, explica Andrea Torres, responsable del equipo jurídico de la Fundación Nydia Érika Bautista. Lo dice preocupada ante unos dragados que no cesan “y claramente se están perdiendo cuerpos”.

“Solo le pido a Dios / Que la guerra no me sea indiferente / Es un monstruo grande y pisa fuerte/ Toda la pobre inocencia de la gente”. La canción-himno de la argentina Mercedes Sosa pone fin a la entrega del informe. La música interpela a todas y todas cantan abrazadas. El bochornoso calor de Cali ha añadido angustia a un evento formal convertido en una especie de acto colectivo de sanación y reconocimiento. De duelo en la distancia. También de descripción de la situación que vive hoy Colombia. Cinco años después de los Acuerdos de Paz, las víctimas reclaman ser escuchadas y piden justicia. Madres por la vida reclama un macrocaso, la protección del estero, investigación, “reconocimiento de la responsabilidad estatal en el despojo, por acción u omisión”, derecho a la verdad, restitución del buen nombre y de la dignidad de las personas desaparecidas, seguridad para seguir siendo defensoras.