Manifestació Hi Érem Totes. / Foto: Hi Érem Totes

El juicio que iba a tener lugar estos días, en el juzgado penal 1 de Manresa, contra diez feministas de las comarcas del Bages y Moianès bajo las acusaciones de desórdenes públicos, daños y atentado contra la autoridad, en el marco de la huelga general del 8 de marzo de 2019, se ha retrasado hasta septiembre, como informa el grupo de apoyo. Según un medio local, “tres de las diez encausadas no han recogido la citación y la policía no ha podido localizarlas, por lo que la juez renovará la orden de busca y captura que había contra ellas con la nueva fecha”.

La petición de Fiscalía suma en total 19 años y medio de prisión y más de 23.000 euros en multas. Desde el grupo de apoyo Hi Érem Totes (Estábamos todas) se ha ido tejiendo la respuesta en las calles con actos solidarios, charlas, movilizaciones e incluso una campaña de micromecenazgo que ha conseguido sus objetivos para hacer frente a los costes represivos.

A pocos días del 8 de marzo, el movimiento feminista ha puesto energía y esfuerzos para difundir, un año más, que ningún embate represivo parará su lucha. Y lo han hecho en una manifestación, el sábado día 12, donde han participado más de 1.000 personas para mostrar solidaridad con las encausadas por la huelga del 8 de marzo de 2019 en Manresa. El grupo de apoyo de las represaliadas, reunido bajo la campaña Hi Érem Totes, también organizó un acto político al finalizar la manifestación, donde estuvieron presentes las intervenciones de algunas encausadas; Maribel Sabaté, madre de la exiliada política Anna Gabriel Sabaté; la coordinadora Feministas Anticapitalistas de los Países Catalanes; y el colectivo antirrepresivo Alerta Solidaria. El acto fue presentado por la periodista Oye Sherman y contó con la actuación musical de Laura Flores. La marcha transcurrió por las calles de Manresa bajo gritos y lemas de absolución para las encausadas y en contra de la represión policial.

Los hechos se remontan al contexto de huelga general por el 8 de marzo de 2019, día en que se produjeron más de 70 identificaciones y otras actuaciones policiales como multas o incautación de material de difusión, según informó el comité de huelga. Unas acciones policiales que “se centraron en intentar limitar o impedir a las huelguistas a informar y manifestarse”, han explicado desde el grupo Hi Érem Totes.

La jornada empezó a primera hora de la madrugada, cuando se cortó la carretera BV-4511 de acceso al polígono industrial donde se sitúa la empresa RM Trade “para denunciar las condiciones de trabajo de esta empresa e informar a las trabajadoras de la jornada de huelga”, hecho por el cual hay tres encausadas acusadas por desórdenes. Después, en el desarrollo de varios piquetes de huelga en la ciudad de Manresa, también hubo identificaciones en el exterior e interior de la Fundación Universitaria del Bages y posteriormente en un supermercado Mercadona. Cuatro personas resultaron imputadas por desórdenes y daños por estos piquetes. No obstante, los hechos donde la Fiscalía pone más atención son las acciones que transcurrieron en el marco de la manifestación de la tarde, donde más de 5.000 personas se movilizaron por la huelga convocada. Según la Fiscalía, un grupo de encapuchadas lanzaron botes de humo, huevos y pintura contra la comisaría de la Policía Nacional y los Mossos de Esquadra que la custodiaban. “Se señaló a la Policial Nacional como uno de los cuerpos responsables de la represión del 1 de octubre de 2017 y de la persecución cotidiana a las personas migradas”, indicaron desde el comité de huelga. Por esta acción, se imputa a tres manifestantes de atentado contra la autoridad y daños, pidiendo una pena de tres años de prisión y una multa de 3.240 euros para cada una de ellas.

Después de tres años de campaña, en el grupo de apoyo Hi Érem Totes están contentas con la movilización conseguida y con el apoyo que se ha generado con otros movimientos de todo el territorio, sobre todo con aquellos colectivos feministas que también han sido represaliados. “A medida que nos hemos ido encontrando en varios espacios, hemos ido construyendo puentes que nos permiten trabajar juntas, saber que hay manos en todo el territorio dispuestas a ayudar y a quemarlo todo en caso de que realmente la represión pueda ir a más”, han explicado desde el grupo de apoyo con relación a otros casos como los de Sant Cugat, Horta-Guinardó, Castelló o Corbera de Llobregat. Con este aliento y acompañamiento solidario, las encausadas y el grupo de apoyo encaran el juicio con expectación y con ganas de cerrar este proceso. “Pase lo que pase, no estaremos solas: ni antes, ni durante, ni después del juicio”, exponen. En su manifiesto exigen la absolución de las diez encausadas, que se respete el derecho de las trabajadoras a la huelga general, que se paren las redadas racistas y que se ponga fin a la criminalización del feminismo anticapitalista y combativo.

Más causas abiertas a raíz de las movilizaciones del 8M

Las huelgas del 8M han sido ampliamente reprimidas en todo el territorio, sobre todo en las convocatorias anticapitalistas donde el movimiento feminista está organizado con otras luchas sociales. Un feminismo que “cuestiona las formas de organización económica y social que son la base de la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres y las identidades de género y sexuales que no siguen la norma, pero también, dentro de estas, con especial dureza, las trabajadoras, migradas y racializadas”, puntualizan desde el manifiesto de Hi Érem Totes. Hacen referencia a casos como el de Sant Cugat del Vallès (#8milmotius), Barcelona (Sants, Horta-Guinardó…), València (#JoTambéVaigSerPiquetera), Valladolid o Burgos (#YoTambiénFuiPiquetera8M), entre muchos otros del Estado. Cuanto más fuerte es el movimiento feminista en las calles, más casos de vulneración de derechos fundamentales se producen contra este (como los de manifestación y reunión, libertad de expresión, derecho a huelga, derecho a la información o derecho a la asociación y reunión), como bien detalla el informe ‘Represión al movimiento feminista en el estado español‘, del Fondo de Mujeres Calala.

Desde 2017, con el estallido de las grandes movilizaciones feministas, se registra un “aumento en las identificaciones de las activistas feministas”, con desproporción policial hacia muchas de ellas, un “incremento de las sanciones administrativas y cuantías asociadas”, además de un aumento de los procedimientos y causas abiertas en sede judicial, según se desprende de los dos últimos informes de la Red de soporte ante la represión de la protesta – Red Malla. Todo ello acompañado con la intensificación punitiva de 2015 con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (la conocida como ley mordaza) y la reforma del Código Penal. Además, según se extrae del informe de Calala y de varios testigos directos de algunos de los casos anteriormente citados, en las actuaciones represivas de las movilizaciones, sobre todo de las no mixtas, son notorias las actitudes paternalistas e infantilizantes hacia las activistas.

Por otro lado, no solo se puede hablar de represión policial y judicial, sino que hay otros actores y violencias estructurales que se suman a la represión de feministas y movimiento LGBTIQ+, como son grupos ultracatólicos y de extremaderecha (CitizenGo o Asociación de Abogados Cristianos) o la violencia machista en sus varios frentes. “Cuando las mujeres, las migrantes, las trans, se atreven a romper el cerco y salir a las calles, la violencia machista se usa como mecanismo para frenarlas, por lo que no podemos hacer un análisis sobre la represión al movimiento feminista sin tener en cuenta este factor”, detalla el informe de la Red Malla. También las formas o herramientas represivas hacia el activismo, y en particular movimiento feminista, se han ido amplificando y diversificando con el aumento de los acosos y los ataques en el entorno digital en la última década, según detalla el monográfico ‘Feminismo, misoginia y redes sociales’, de 2021. En este sentido, las investigadoras Iolanda Tortajada y Teresa Vera concluyen que el uso de internet y de las redes sociales para atacar y agredir a movimientos activistas es “una práctica globalizada pero también estratégica como foro alternativo a los avances, los logros, las políticas y las prácticas feministas”.

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