Las periodistas Caddy Azduba, Julienne Baseke y Marlene Zawadi en la comunidad rural de Kalehe. | Foto: Lorena Fernández Álvarez

El módem de Femme au Fone (mujeres al teléfono) tiene tres tarjetas SIM. Cada una de ellas corresponde a un número de teléfono de tres de las compañías con más presencia en el país: Orange, Airtel y Vodacom (Vodafone). Los números están escritos en un papel que cuelga en la pared sobre la mesa, donde hay un ordenador portátil. En la pantalla se abre un sistema de mensajes que entran a través de una aplicación. Llegan entre 20 y 30 al día. Su registro se hace automáticamente según el tipo de agresión, y son denuncias lanzadas desde distintos lugares de la provincia de Kivu Sur, en la República Democrática del Congo. La mayor parte de los mensajes se envían desde las zonas rurales hasta la capital, Bukavu, donde, en un cuarto pequeño, con apenas una mesa, dos sillas y dos estanterías, un grupo de periodistas recogen las alertas y empiezan el proceso de verificación, rastreo e incidencia.

Muchas de estas denuncias son de casos de violencia sexual debido al conflicto que existe en el país y que “ha convertido el cuerpo de las mujeres en arma de guerra”, explica la activista, abogada y periodista Caddy Azduba. Los grupos armados violan a las mujeres sabiendo que sus maridos y familias las repudiarán, con el objetivo de desintegrar a las comunidades. La violencia que padecen no es solo fruto del conflicto. Las violencias que denuncian también se deben a otros problemas como la falta de acceso a los recursos. Las mujeres no pueden ser propietarias de la tierra y se ven obligadas a desplazarse para trabajar en labores como la agricultura, la pesca, la recogida de madera o la fabricación de ladrillos, lo que las deja de nuevo expuestas a los grupos armados y a las agresiones sexuales. En estos trayectos, a veces van en grupo para protegerse, pero también se dan violaciones así. Además, debido a la violencia endémica y a la impunidad, los ataques por parte de civiles van en aumento. La violencia es, además, un proceso en espiral: al ser violadas y repudiadas, se ven avocadas a empleos peores, normalmente aún más lejos de sus comunidades, por lo que en el desplazamiento estarán expuestas a ser atacadas de nuevo.

Raisa Kasongo, Julienne Baseke, Rachel Rugarabura y Marlene Zawadi en Femme au Fone. | Foto: Teresa Villaverde

“El aborto por violación en situación de conflicto es legal, pero no se utiliza y los médicos suelen negarse a practicarlo. Seguir adelante con el embarazo supone que algunas abandonen a sus bebés o que los tengan y sean rechazadas por sus familias y comunidades”, reconoce Julienne Baseke, coordinadora de AFEM (Association des Femmes des Médias, Asociación de las Mujeres en los Medios, en castellano) y directora de Mama Radio. Esta es la radio comunitaria de la asociación, primera en el país en tratar temas con perspectiva de género y a través de la cual se difunden, entre otros, los contenidos marcados por las periodistas de Femme au Fone para educar a las comunidades. “También llegan mensajes de violencia doméstica, de mujeres con amputaciones, y de violencia económica: cuando no hay un hombre y las mujeres están solas, se ven limitadas para acceder al mercado laboral”, explica Raissa Kasongo, jefa de redacción de Femme au Fone.

El sistema está coordinado por un grupo de periodistas congoleñas de AFEM y en el desarrollo han participado también la radio comunitaria Radio Maendeleo y el colectivo Synergie des Femmes pour la Paix et la Reconciliation (SPR, Sinergia de mujeres por la paz y la reconciliación). La impunidad ante delitos como agresiones o asesinatos es tal en el país que incluso los pocos acusados que entran en la cárcel salen en poco tiempo mediante sobornos y, muchas veces, buscan a sus víctimas para ejercer represalias por haberlos denunciado.

“En vez de señalar al Gobierno, señalan a las mujeres”

Recorrer las carreteras de Kivu Sur permite comprobar la fuerte presencia de AFEM en el territorio, una organización sin precedentes en el país, donde periodismo y activismo se entrelazan e impulsan, entre el periodismo comunitario y por la paz. AFEM cuenta con una red de clubs de escucha (noyaux club d’ecoute) en comunidades rurales, coordinados cada uno por una mujer que seleccionan en los talleres que imparten, a la que se llama punto focal. Sus medios llegan a un 65 por ciento de la población de la provincia, lo que supone alcanzar a seis millones de habitantes (Ruanda, país vecino, tiene tan solo dos millones) y siguen trabajando por aumentar las antenas en la región para abarcarla por completo. Hay que tener en cuenta, además, que el 60 por ciento de la población es rural y a muchas de esas zonas no llega internet, por lo que las alertas de Femme au Fone se envían por SMS. También forman a las mujeres en seguridad, para que borren el mensaje nada más enviarlo y no dejen rastro de las denuncias y las periodistas hacen una copia de seguridad cada cinco días para poder borrar los mensajes recibidos y evitar que puedan filtrarse. El 40 por ciento de esta población rural no sabe leer ni escribir. Por eso, una persona del club, formada para ello, escribe las alertas por agresiones. El trabajo de la asociación, por tanto, va mucho más allá de informar: trabaja en incidencia política, organiza a las mujeres en las comunidades, imparte formación en entornos rurales y sensibiliza a la sociedad civil sobre las violencias que sufren las mujeres.

Alice W’iraqi en la reunión de redacción de Mama Radio. | Foto: Teresa Villaverde

“Saber leer y escribir es necesario para votar en las elecciones, así que les enseñamos cuáles son las etapas y cómo hacerlo para que sepan a quién votan”, explica Azduba como ejemplo de la labor de la asociación. AFEM, además, publica información sobre salud reproductiva y sexual, mientras que “en los medios tradicionales te pueden incluso multar por hablar de planificación sexual”, asegura Kasongo. La asociación ha denunciado también situaciones en las que señala directamente a la clase política como responsable, como el reparto de alcohol de alta graduación entre la juventud de ciertos barrios de Bukavu. Por este tipo de informaciones, han recibido amenazas. “Ha habido periodistas torturados y amenazados, así que cuando empezaron a amenazarnos a nosotras decidimos que, cada vez que lo hicieran, haríamos una rueda de prensa para denunciarlo y que la gente supiera lo que estaban haciendo”, cuenta Baseke.

Pero quizá el objetivo más ambicioso de AFEM sea “cosmopolitizar el feminicidio de la República Democrática del Congo”, como explica Azduba en su libro Micrófonos por la paz, “que sea algo que le pasa al mundo, como lo fue el Holocausto”. De hecho, la mayor parte de las denuncias que llegan a través de Femme au Fone no son de ataques de los grupos armados o de violaciones a manos de civiles, sino de acusaciones de brujería contra mujeres de las comunidades rurales. Solo el año pasado recibieron 300 denuncias de este tipo. Baseke cuenta que “28 de ellas fueron asesinadas, quemadas vivas en la hoguera, pegándolas o por repudio social, dejándolas solas y sin recursos”. “Si pasa algo en una comunidad, como que muera alguien, buscan culpables y acusan a las mujeres de brujería. Es algo cultural”, cuenta Kasongo. Aunque existe un decreto contra las acusaciones de este tipo, no está funcionando y el Gobierno se plantea crear uno nuevo. “La brujería está siendo una forma de cargarse a las mujeres empoderadas, a las mujeres que se pronuncian contra el Gobierno. Lo que pasa es que el Gobierno no hace su trabajo, que es proteger a la ciudadanía. Su prioridad no es el respeto por los derechos humanos sino ganar dinero. Normalmente se acusa de brujería a mujeres mayores o viudas. En lugar de señalar al Gobierno, señalan a las mujeres”, añade Baseke.

El pasado 2 de marzo era día de huelga general en Bukavu. Se convocaba contra el gobernador de Kivu Sur, Théo Kasi, a quien se le hizo una moción de censura bajo la acusación de permitir la minería ilegal en la provincia. “No hay transparencia con la gestión de las minas y está negociando con gente de fuera del país sin que el Gobierno de Kinshasa (capital del país) sepa qué está haciendo”, cuenta la periodista de Mama Radio Mopendo Siri. “El gobernador apeló a la Corte Suprema y, tras pagar dos millones de dólares, ha vuelto a su antiguo puesto, por eso la gente toma la calle”, explica Elisée Muzaila, redactor jefe de la radio. Este sistema de corrupción entre Gobierno y minas es estructural en todo el país. “Permiten la minería ilegal a cambio de dinero y de arreglar las carreteras, por ejemplo”, añade señalando el camino de tierra lleno de socavones sobre el que traquetea la furgoneta en la que viaja desde Bukavu a la zona minera de Luhwindja, territorio de la minera de oro canadiense Banro. Un trayecto de algo más de 40 kilómetros que en República Democrática del Congo supone tres horas de viaje, a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora en los tramos que lo permiten. Eso, si no llueve y algún camión se queda atascado en el barro bloqueando la carretera.

La falta de infraestructuras es general. El agua potable no llega a la mayoría de las casas y esto obliga a mujeres y niñas a desplazarse a los pozos, arriesgándose a ser atacadas. Los cortes de luz también son habituales. La media del salario nacional es de unos 90.000 francos congoleños (unos 40 euros), un profesor puede cobrar unos 160.400 (unos 70 euros) y una periodista mal pagada, alrededor de 400.600 francos congoleños (alrededor de 180 euros). La escuela pública, la más accesible, cuesta 14 euros mensuales y la privada, unos 100 al trimestre. La universidad puede llegar a costar 3.600 euros anuales. En muchos casos el problema no es tanto la matrícula sino el precio de los libros de texto y del material escolar. En la calle, en Bukavu, se puede ver a gente con fotocopiadoras, pero aun así, fotocopiar un libro de texto es caro.

En la redacción de Mama Radio. | Foto: Teresa Villaverde

Violación, una palabra importada

“Acaba de llegar un mensaje de una chica de 16 años violada por su padre”, anuncia Raisa Kasongo en la pantalla del ordenador de Femme au Fone. Cuando reciben una denuncia, el equipo de periodistas comienza el seguimiento. Primero, llaman a la persona que lo ha enviado, después verifican que la alarma es cierta comprobando la fuente, “como en periodismo, comprobando el mensaje, preguntando a la sociedad civil, al hospital si dice que ha estado ahí…”. Los siguientes pasos son contactar con entidades e instituciones para intentar que se responsabilicen de la violencia del país y también buscar apoyo jurídico para la denunciante si es necesario. A pesar de tener acceso a los sucesos más escabrosos, la labor de este equipo de periodistas no es difundir el morbo: “Usamos los medios de comunicación de AFEM para lanzar mensajes educativos basándonos en los delitos que hemos registrado, también hacemos algunos sketchs con tono de humor”, explica Kasongo. En muchas comunidades no hay antenas o no funcionan, por lo que no pueden escuchar los mensajes de incidencia y sensibilización que se emiten por Mama Radio: “Para eso enviamos SMS de sensibilización a las comunidades. La mayoría de mensajes de alerta que llegan a Femme au Fone son de mujeres, pero cuando emitimos informaciones por la radio, la mayoría de las llamadas son de hombres y son para quejarse por esa información”, matiza la coordinadora.

La asociación, que cuenta, entre otros, con el apoyo de la oenegé vasconavarra Alboan, se creó en 2003 para poner voz a las violencias que estaban sufriendo las mujeres debido al conflicto del país que se inició con la guerra de 1996. Ese año, Laurent Kabila se levantó contra Mobutu Sese Seko, entonces dictador de Zaire, antiguo Congo Belga, y tanto Ruanda como Uganda apoyaron el levantamiento, porque seguían persiguiendo a los genocidas de la guerra civil ruandesa que se escondían en el país. Lo primero que hizo Kabila fue cambiar el nombre del país a República Democrática del Congo, pero realmente el cambio fue solo simbólico. Aunque en 2003 se firmaron los acuerdos de paz, grupos armados y escisiones del Ejército han seguido operando hasta hoy, atomizando el conflicto en distintos agentes y complicando así las negociaciones y la estabilización del país. En este escenario, que se conoce como el mayor frente de batalla tras la II Guerra Mundial, se calculan más de cinco millones de muertes entre 1996 y 2020.

Rachel Rugarabura en el estudio de grabación musical que AFEM alquila como una de sus vías de financiación. | Foto: Teresa Villaverde

La violencia de la República Democrática del Congo es endémica debido a la batalla por el control de sus recursos naturales. El país tiene minas de oro, diamantes, estaño y tantalio, además del 50 por ciento de las reservas mundiales de cobalto y entre el 70 y el 80 por ciento del coltán, el famoso mineral con el que se fabrican los móviles y los ordenadores. Esto ha supuesto una economización del conflicto que se reparte entre la explotación ilegal de las minas y la economía de la paz compuesta por organizaciones internacionales que vienen a paliar las consecuencias de la violencia.

“En el relato de la guerra se hablaba del dolor, pero no del de las mujeres. AFEM rompe el silencio y empezamos a ir a las comunidades que estaban en relativa calma, porque desde que terminó la guerra estamos en un estado que no es de paz ni de guerra. Las mujeres se abrieron a nosotras. Empezamos a recoger testimonios horribles. La guerra estaba ocurriendo en el cuerpo de las mujeres, se hacía delante de hijos y maridos, y también a niñas. Usaban el fusil o cenizas ardiendo para destrozarlas. Obligaban a los hijos varones a violar a sus madres y hermanas con la misma violencia”, cuenta Baseke. “En suajili no existía la palabra violación -añade-. Tuvimos que importarla de Tanzania (de allí es el suajili clásico) porque no se hablaba de ello hasta tal punto que ni existía la palabra”.

La periodista Mopendo Siri en el estudio de Mama Radio. | Foto: Teresa Villaverde

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