Foto de MONK Fotografía usada para el reportaje ‘Una ola verde por el derecho al aborto en Argentina’.

Cuando todo el mundo mira a Estados Unidos, donde todo apunta a que el Tribunal Supremo va a derogar el derecho al aborto vigente desde 1973, las diferentes situaciones de este derecho en América Latina muestran un contexto en el que se mezclan avances y retrocesos. Desde la época de la colonización, América Latina y el Caribe es un territorio en disputa por los grandes capitales y los poderes multinacionales; de la misma forma en que lo son los cuerpos de sus mujeres. La autonomía de las mujeres y el acceso a la salud sexual y reproductiva son derechos que los movimientos de mujeres y feministas han luchado por décadas. Porque la región es realmente hostil para quienes deciden abortar. Hasta 2018, más del 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva vivían en países de la región con leyes de aborto restrictivas, según el Instituto Guttmacher. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití son algunos de los países en los que el aborto está totalmente prohibido, incluso con penas muy duras para quienes realicen un aborto o hayan tenido uno espontáneo.

Otros países sí despenalizaron el aborto, pero para casos específicos, como cuando corre peligro la vida de la mujer, por violación, o en caso de malformación fetal. Solo Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Colombia, Guayana, Cuba, y algunos estados de México, legalizaron este derecho.

A lo largo de los últimos años se han logrado ciertas conquistas para las mujeres y las personas gestantes. La masiva marea verde que surgió en Argentina, explotó en 2018 con el debate parlamentario y concluyó a fines de 2020 con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue un impulso histórico a escala continental. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional la criminalización del aborto y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir la interrupción del embarazo sin consecuencias legales.

Un recorrido verde

Esta corriente tomó un nuevo impulso recientemente con la legalización del aborto en Colombia. El 21 de febrero de 2022 la Corte Constitucional de ese país retiró del Código Penal el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación. Sin importar la causa, las mujeres y las personas gestantes de Colombia podrán realizarse un aborto hasta el plazo estipulado; luego, podrán hacerlo bajo las tres causales que rigen en el país desde 2006 (en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida, ante el riesgo para la vida de la persona gestante, o cuando el embarazo es producto de una violación).

Este fallo responde a un pedido presentado en setiembre de 2020 por el movimiento Causa Justa, que reúne a 91 organizaciones y más de 135 activistas. “La despenalización del aborto es la condensación de 30 años de lucha del movimiento feminista, estudiantil, indígena, afro, de todos los sectores sociales que hemos luchado por la defensa de los derechos. Es el sumun de todos esos esfuerzos y esas luchas que se condensan en la acción de Causa Justa”, explica Sandra Castañeda, directora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Es un hecho histórico para Colombia porque pone al país en el segundo lugar donde más libremente se puede abortar en América, después de Canadá, que tiene el aborto despenalizado totalmente. De todas formas, las organizaciones y activistas feministas colombianas exigen el aborto legal sin límites de tiempo en un país en el que la criminalización por el aborto aún tiene fuerza: según datos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre 2006 y 2019, 346 mujeres fueron condenadas o sancionadas por delitos de aborto.

Castañeda reconoce que “las 24 semanas nos sorprendieron porque esta posibilidad está en países como Holanda o ciudades como Nueva York”. Les sorprendió y también les preocupa, porque es el argumento de los grupos antiderechos para “frenar el avance e intentar retroceder”, apunta. “Han tergiversado esa figura porque dan a entender que todos los abortos se van a realizar en la semana 24. En el mundo el uno por ciento de los abortos que se practican se hacen después de la semana 20. Una vez que toma la decisión de abortar ninguna mujer se quiere demorar”, dice Castañeda. Y agrega: “La semana 24 es un reconocimiento a la autonomía de las mujeres. Es una ventaja enorme que le da a las mujeres en un país muy grande y rural, de difícil desplazamiento, donde hay gente que vive en lugares inaccesibles, y que atraviesa un conflicto armado hace décadas”.

Unos días antes del fallo histórico para Colombia, la Asamblea Nacional de Ecuador también legisló a favor del aborto luego de una larga sesión de votaciones. El 17 de febrero de 2022 se aprobó la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación. Así se fijaron los plazos a través de los cuales se podrá acceder a un aborto en caso de haber sido víctima de violencia sexual. Luego de una discusión reñida se llegó a los plazos de hasta 12 semanas de gestación para las mujeres adultas y hasta 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres que viven en zonas rurales. Quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos en el país consideran que estos plazos son reducidos, y que la norma no contempla medidas de reparación para las víctimas.

Un mes después el presidente, Guillermo Lasso, vetó parcialmente la ley, modificó 61 de los 63 artículos y propuso unificar los plazos hasta las 12 semanas para todas las víctimas. El presidente justificó sus cambios porque la Asamblea Nacional “estableció unas condiciones que favorecen al aborto libre”. La ley vetada regresó a la Asamblea que debía decidir si aceptaba o no las observaciones. Finalmente, la Asamblea no ratificó el texto y el 29 de abril de 2022 la ley entró en vigencia tal como la modificó el presidente. En Ecuador el aborto en casos de violación (para cualquier mujer) ya está despenalizado desde abril de 2021 tras un fallo de la Corte Constitucional. Hasta esa fecha estaba penado en todas las circunstancias menos en las que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o si es producto de una violación contra una mujer con “discapacidad mental”.

En el Cono Sur de América, a mediados de marzo la marea verde irrumpió con fuerza en Chile cuando la Convención Constitucional del país aprobó los artículos que garantizan los derechos sexuales y reproductivos. La Asamblea Permanente por el Aborto presentó a la Convención la iniciativa Será Ley, que propone que el Estado reconozca y garantice “a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”. Desde 2017 el aborto es legal en Chile solo para tres causales: en caso de que el embarazo sea producto de una violación, si existe inviabilidad del feto, y en caso de que corra riesgo la vida de la persona gestante.

Moneda barata

Para la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la situación en la región es “preocupante”. “Tenemos muchos avances, pero creemos que América Latina y el Caribe aún sigue siendo un territorio en disputa por parte de las iglesias, de los grandes empresarios extractivistas, y de las élites políticas a nivel global. Y todo eso atraviesa el cuerpo de las mujeres. Es imposible que estos grupos de poder consoliden esa dominación si no es a través del cuerpo de las mujeres”, explica Castañeda. Y analiza el caso de Venezuela.

“Estados Unidos había puesto sanciones a Venezuela por la violación de los derechos humanos de las mujeres a las que no les estaban asegurando el acceso a salud sexual y reproductiva. Con la invasión de Rusia a Ucrania le han hecho restricciones a Rusia, y en eso entra el petróleo. Hoy [10 de marzo de 2022] Estados Unidos amaneció convocando a Venezuela a conversaciones y nuestra pregunta es ¿dónde quedó la demanda por la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Los derechos de las mujeres siguen siendo moneda barata para esas élites políticas y América Latina el territorio donde todo ello está en disputa”. De todas formas, en Estados Unidos también lo son, donde ahora mismo el derecho al aborto está en juego.

Aunque sea un derecho que algunos países de la región ya han conquistado, al aborto es una práctica que hay que seguir protegiendo. En Guatemala, el 8 de marzo de 2022 (sí, el Día Internacional de las Mujeres) el Congreso aprobó la Ley 5272 “para la protección de la vida y la familia”, un auténtico paso atrás, porque además de aumentar las penas por aborto con hasta 10 años de cárcel, también prohíbe el matrimonio igualitario y la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas. Pero, debido al fuerte repudio local e internacional que generó el decreto, el presidente Alejandro Giammattei decidió vetarlo con el argumento de que “violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala”. Así la situación legal del aborto quedó como estaba, con penas de cárcel de entre uno y tres años para quienes realicen la práctica, con la excepción del aborto terapéutico, cuando corre riesgo la vida de la persona gestante.

Esa ley antiderechos que se quiso implementar en Guatemala hace eco en las palabras de Castañeda, para quien el avance en la legislación a favor de la práctica de abortar en Colombia es “un aliento para el sector feminista lo logramos; pone alta la vara y abre luces en el horizonte. Para los sectores progresistas también, muestra que hay posibilidades, que se puede llegar más allá de esa estrecha mirada que se tiene sobre los derechos sexuales y reproductivos. Esto demuestra que sí se le puede entregar confianza y reconocerles la autonomía a las mujeres. Es un faro en el horizonte de los derechos humanos”. Pero, también “genera reacciones muy adversas en los sectores más conservadores y reaccionarios de la región”, añade.

“Levantó una enorme alerta en las iglesias católicas, evangélicas y pentecostales. Van a hacer todos los esfuerzos y alianzas para poder retroceder o mantener atadas a las mujeres a su normativa antiderechos. Son violentos y tienen unas formas de actuar muy agresivas. Estos sectores son el principal impedimento para el avance de los derechos sexuales y reproductivos. La incidencia, la influencia y la presencia que tienen en los sectores públicos, en las decisiones políticas, en la salud, en la educación, en los gobiernos. Ellos y la indiferencia de la población, esas dos cosas hacen un coctel perverso contra las mujeres”, asegura Castañeda.

En Centroamérica hay dos países que tienen las leyes más restrictivas contra el aborto de la región. Uno es Nicaragua, donde a fines del siglo XIX las mujeres podían abortar si el embarazo ponía en riesgo su salud. A partir de 2007, con la vuelta de Daniel Ortega al poder, el Código Penal prohibió el aborto para todos los casos, sin importar la salud de la persona gestante. Las penas para las mujeres que causen o consientan su aborto van de uno a dos años de cárcel. Las activistas feministas han denunciado en varias ocasiones que a pesar de la prohibición el aborto sigue siendo una práctica común entre las mujeres y, que al ser ilegal, se cobra muchas vidas.

Otro de los países es El Salvador, que también cuenta con el aborto penalizado totalmente, sin excepciones. Allí las penas son durísimas con hasta 30 años de cárcel para quienes se practiquen un aborto, enfrentándose a cargos de “homicidio agravado”. Incluso, las mujeres que hayan tenido complicaciones con el embarazo que provocan abortos involuntarios también son sospechosas de haberse practicado un aborto. El Salvador prohibió el aborto en todas sus circunstancias en 1998. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador, en las últimas dos décadas 181 mujeres con emergencias obstétricas “fueron procesadas por aborto u homicidio agravado”. Algunos de estos casos han tomado relevancia internacional.

En este contexto, parece que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a ilegalizar el aborto en el país, vigente desde 1973. Como explica Amnistía Internacional, actualmente hay 13 estados con normas muy restrictivas ya aprobadas aunque todavía sin efecto, que entrarían inmediatamente en vigor si los tribunales derogan la ley vigente. El presidente Joe Biden ha dicho a la prensa que se está preparando para defender el aborto en caso de que el Tribunal Supremo lo ilegalice. “El problema es que bajo la supuesta ‘libertad’ de los gobiernos de cada estado para legislar al respecto, se consagra la desigualdad para todas las mujeres de Estados Unidos y la discriminación para las mujeres que tienen menos recursos, para la población marginada, para las más jóvenes, para las migrantes y refugiadas. Porque no olvidemos que las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres blancas, y que Estados Unidos tiene la mayor tasa de mortalidad materna de los países desarrollados, en particular en los Estados con las leyes sobre el aborto más restrictivas”, expica Amnistía.

Frente a la fuerza de los grupos antiderechos y los sectores conservadores, Castañeda recomienda: “Mientras los sectores antiderechos avancen, las feministas tenemos que avanzar en nuestras prácticas de seguridad, autocuidado y protección”.

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