Manifestación en Barakaldo en junio de 2020 para criticar la gestión que hace Lanbide de la RGI. / Foto: Ecuador Etxea

Cuando alguien, como es nuestro caso en ARGILAN-ESK, nos enfrentamos al análisis de una nueva ley que deroga toda la legislación anterior existente en la Comunidad Autónoma Vasca, en el terreno de la lucha contra la pobreza, solemos ser lo más rigurosos y rigurosas posible. Esa actitud es la que hemos venido manteniendo en nuestra crítica radical a la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión –LSVGII-, la quinta que existirá en nuestra comunidad, desde que en 1989 el Gobierno vasco puso en marcha su política de pobres con el Plan Integral de lucha contra la Pobreza.

El rigor, a la hora de hacer una buena crítica en el caso que nos ocupa, exige dos actitudes: la primera, echar mano de la necesaria perspectiva histórica que nos permita comprender bien qué ha pasado en la lucha contra la pobreza en la CAV en las tres últimas décadas, y la segunda, evitar que los árboles no nos dejen ver el bosque.

El impacto que ha tenido en la lucha contra la pobreza la política de pobres del Gobierno vasco, siempre basada en las rentas mínimas condicionadas y garantizadas, ha sido muy insuficiente para acabar con ella. Para entender este hecho hay que ver el bosque, antes de detenerse en los árboles. Y es que es el bosque, que no se ha modificado desde 1989, lo que explica que sigamos con unos datos de pobreza inaceptables. El bosque es el modelo de política de pobres que ha configurado las sucesivas leyes que hemos padecido en los últimos 34 años. Una política basada en unas prestaciones económicas solo accesibles a personas en riesgo de pobreza, que podían superar una selva de condiciones poblada de requisitos, obligaciones, controles e ilegalidades manifiestas, de las instituciones que las gestionaban, sobre todo Lanbide, desde diciembre de 2012. Esa primera barrera, la que se cimentaba en la condicionalidad, resultaba imposible de traspasar para la tercera parte de las personas pobres, lo que le obligaba a mal llevar su pobreza por no poder acceder a la RGI y PCV. La segunda barrera, a la que se enfrentaban más del 50 por ciento de personas pobres que, a pesar de percibir las prestaciones seguían siendo pobres, estaba conformada por unas prestaciones insuficientes, que no alcanzaban los umbrales de pobreza.

La nueva LSVGII, pertenece al mismo bosque vasco de políticas públicas que luchan contra la pobreza desde la condicionalidad de rentas mínimas garantizadas. ARGILAN-ESK participamos, junto a otras 83 organizaciones sociales de la CAV en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Básica Incondicional (RBI), que fue derrotada en el Parlamento Vasco el 5 de mayo del año pasado, con los votos en contra del PNV, el PSE, el PP y VOX. Esta iniciativa legislativa pretendía hacer posible un nuevo modelo de lucha contra la pobreza, basado en garantizar un ingreso suficiente para permitir llevar una vida digna, ingreso que debía ser incondicional, universal e individual. Ese modelo, que hubiera dado cabida en su seno, desde el momento de su establecimiento, a esa tercera parte de personas pobres que no han accedido a prestaciones públicas contra la pobreza hasta ahora y que, tampoco lo hará con la nueva ley; y que hubiera erradicado la pobreza pues todo el mundo estaría cubierto por unas prestaciones superiores al umbral de pobreza, nada tiene que ver con lo que nos va a deparar la puesta en marcha de la LSVGII hoy, 29 de marzo.

Llegados a este punto, ya estamos en disposición de analizar los nuevos árboles que nos vamos a encontrar en el bosque tradicional de la política pública vasca de lucha contra la pobreza a partir del mes de abril.

• En primer lugar, hay que decir que serán muy pocos, y que la mayoría del bosque seguirá poblada de los árboles que siempre han estado en ese bosque desde hace más de 30 años y que nos han permitido caracterizarlo como hemos hecho más arriba; es decir, a través de las señas que han dado su identidad a esa política ineficaz para acabar con la pobreza, por ser: condicional y estar saturada de requisitos, obligaciones, controles y abusos e ilegalidades administrativas, por un lado; y, contar con una insuficiente dotación en sus prestaciones, para garantizar la superación de la pobreza.
• En segundo lugar, que entre los nuevos árboles que la LSVGII, pretende plantar, hay unos pocos, de los que se puede esperar que den buenos frutos, aunque no se pueda saber, por ahora, cuanto de buenos serán y en qué cantidad se podrá acceder a ellos. Pero también va a haber árboles de frutos envenenados que pueden convertir el bosque en un verdadero estercolero.
• Los buenos frutos que nos sugiere el análisis de la Ley serán: la reducción de 23 a 18 años de la edad para acceder a la prestación de la RGI; fruto, por cierto, que será difícil de alcanzar, por las múltiples trabas burocráticas que se proponen en la ley para poder hacerse con una RGI a partir de los 18 años; la eliminación del límite de 36 meses para poder disfrutar de la modalidad de RGI Complemento de Ingresos de Trabajo; límite que, por cierto (es conveniente no perder la memoria histórica), se instauró en la actual ley de 2008, pues hasta entonces nunca hubo límite, en este sentido; la eliminación, también, de las dos RGI por vivienda, que implantó la anterior ley de 2008; eliminación que lleva como contrapartida la reducción del 15% de las RGI existentes en aquellos domicilios donde vivan más de una unidad de convivencia (UC), sean o no perceptoras de la RGI; el cambio en el actual modelo de cálculo de la RGI, el cual permite mejorar las prestaciones actuales, así como garantizar que, en determinados casos de suspensión, solo se deje de cobrar una parte de la RGI; la realidad de que la nueva RGI de la LSVGII, mejore los actuales 3 niveles de RGI existentes en función del número de miembros que componen la UC (1, 2 y 3 o +), no puede hacernos olvidar el hecho de que si se hubiera revertido el hachazo que dio el Presupuesto para 2012 del Gobierno Vasco a la RGI, rebajando su importe generalizado en un 7% y, sobre todo, eliminando la forma de calcular el importe de la RGI como porcentaje del SMI (88% SMI = RGI UC1, 113% SMI = RGI UC2 y 125% SMI = RGI UC3 y +, en el caso de las RGI básicas; y 100% SMI = RGI UC1, 125% SMI = RGI UC2 y 135% SMI = RGI UC3 y +, en el caso de la RGI pensionistas), ahora nos encontraríamos ante cantidades de la RGI de la Ley de 2008, superiores a las que se van a implantar; la mejora en el tratamiento de algunos requisitos actuales, sobre todo destinados a unidades de convivencia excepcionales; y, por último, una forma de solicitud de la RGI más flexible, aunque se retrase de 2 a 3 meses el plazo de resolución y, pivote, en exceso, sobre la vía telemática que, hoy por hoy, genera una brecha muy fuerte, más aún para las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Decía más arriba, que la LSVGII que entra en vigor este 29 de marzo, también va a plantar al menos tres árboles, en el bosque vasco de la política de pobres, cuyos frutos van a poder calificarse de envenenados, en uno de los casos y muy amargos en los otros dos.

La creación de un cuerpo de inspectores e inspectoras de Lanbide, que contará con una plantilla inicial de 25 personas, y que al decir literal de la nueva Ley tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de la actividad inspectora, solo se puede considerar como un fruto envenenado, cuya función no puede ser otra que emponzoñar la política de lucha contra la pobreza, una política que, en las propias estadísticas del GV, siempre se ha considerado que tenía unos datos ridículos de fraude, del 0,7%.

A lo anterior le sumamos, en segundo lugar, el fruto de un título legal muy punitivo de faltas y sanciones, cosa que, aunque ha figurado en leyes pasadas, en un nivel mucho más blando, nunca se ha utilizado, pues a Lanbide le sobraba con el régimen administrativo de suspensiones y extinciones, del que hacía un uso abusivo y a su antojo, en cantidad de ocasiones. Y, por último, rematamos, en tercer lugar, la cantidad exagerada existente, a lo largo de toda la ley, de formas diversas de ejercer controles e inspecciones, que, por mucho que se revistan de instrumentos para lograr una mayor eficacia, ya sea en la gestión de la RGI o hasta en la inclusión laboral, lo que de verdad queda, y esa es una experiencia nefasta de Lanbide, que tenemos grabada a fuego quienes llevamos muchos años haciendo voluntariado de asesoramiento con la gente perceptora de la RGI, es la pura y dura realidad de unos organismos que, una vez creados, hacen lo que tienen más a mano, que es inspeccionar, vigilar y controlar a la gente pobre.

Tiempo tendremos de reflexionar si las ideas que he defendido en este artículo, se comprueba que apuntan en una valoración correcta de la nueva etapa que la LSVGII va a inaugurar, que no es otra que la de provocar un salto cualitativo en la estigmatización de las personas solicitantes y perceptoras de la RGI, sobre la base de una utilización abrumadora de organismos al servicio de la vigilancia, inspección, control e imputación de faltas y sanciones.

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