Imagen del FB de la campaña ‘Tanquem Els Cie’, de 2016.

Hace semanas recibimos la noticia de la apertura del módulo de mujeres en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. Con total opacidad fue abierto en enero tras el cierre momentáneo por reformas del CIE de Aluche, donde mujeres extranjeras de distintas partes del reino de España son privadas de su liberad.

La organización Mundo en Movimiento ha publicado un informe donde describe las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres en el CIE de Aluche, la mayoría provenientes de América Latina y de Europa del Este. El informe señala que el 68 por ciento de las mujeres encerradas relataron haber sufrido violencia durante su estancia en el CIE y que la mayoría había sufrido violencia de género, ya sea en su país de origen, durante el tránsito migratorio o en el territorio español. También advierte que el 53 por ciento se dedicaban al trabajo sexual, el 19 al trabajo del hogar y los cuidados, el 8 a la venta ambulante y el 5 por ciento eran jornaleras.

Sobre el módulo de mujeres de Barcelona todavía no hay suficiente información debido a la opacidad con la que opera el CIE y los distintos obstáculos que existen para realizar visitas. Sin embargo, colectivos que brindan asistencia señalan que se encuentran en situación similar a las descritas en el informe. Se encierra a mujeres que han enfrentado múltiples formas de violencia durante su estancia en el territorio español: violencia machista, quita de custodias de sus criaturas, explotación sexual, trata de personas, problemas a causa de salud metal, criminalización por su trabajo sexual, denegación de protección internacional, etc. Además, muchas de ellas no viven en Catalunya, fueron trasladadas desde otros territorios, lo cual supone un castigo extra al ser aisladas y separadas de su entorno más próximo.

Ante este panorama desolador surge la pregunta de por qué son encerradas cuando vivimos en un contexto de proliferación de leyes contra las violencias machistas. Sobre todo cuando escuchamos cotidianamente discursos del feminismo institucionalizado que exponen las distintas medidas que se adoptan para enfrentarlas. Una posible respuesta sería que estas medidas todavía no llegan a “todas” y, por eso, es necesario seguir profundizándolas. Es decir, seguir apostando por un modelo que delega al Estado, a través de la policía y de la justicia penal, su protección.

Sin embargo, hasta el momento las políticas desplegadas “para protegerlas” oscilan entre la criminalización del trabajo sexual y el fortalecimiento del complejo industrial migratorio y carcelario. En el marco del día internacional de la eliminación de la discriminación racial, colectivos antirracistas en Madrid exigieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por su responsabilidad en la masacre de Melilla. Denunciaban que pactaron el apoyo al Ministerio del Interior a cambio de la no reprobación de la ministra por la ley del solo sí es sí.

Asimismo, la situación de las mujeres encerradas en los CIEs es el resultado de una sucesión de violencias racistas, clasistas y patriarcales ejercidas desde las instituciones, especialmente por el sistema judicial que en vez de otorgarles protección las criminaliza y las deporta. En este sentido, Angela Davis pregunta: “¿Cómo esperar a que el Estado resuelva el problema de la violencia sobre las mujeres, cuando este recapitula constantemente su propia historia de colonialismo, de racismo y de guerra?”.

En el caso del CIE de Barcelona la reactualización del colonialismo es evidente. Las mujeres que están encerradas provienen de excolonias y enfrentan múltiples formas de violencia frente a las cuales las leyes de protección de la violencia machista no se aplican. La falta de aplicación no responde a un fallo del sistema sino a que no son reconocidas como sujetas de esos derechos. Como explica María Lugones no son consideradas mujeres porque la colonización les despojó de su humanidad y el sistema en el que vivimos continúa reproduciendo tal deshumanización.

Así, frente a las políticas que buscan mejorar las condiciones de encierro, es urgente exigir el cierre definitivo de los CIES porque forman parte de un entramado de explotación y persecución que enfrentan las personas migrantes desde que llegan al territorio. Como advierten colectivos antirracistas “los CIES son violencia capitalista, racista y cisheteropatriarcal” y las políticas feministas actuales lejos de atacarlas contribuyen a su reproducción.

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