Elizabeth Pezoa, en Santiago de Chile. / Foto: Yasna Mussa

Elizabeth Pezoa, 42 años, suspira profundo. Duda antes de responder y dar su opinión sobre la aprobación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, una base de datos monitoreada por el Servicio de Registro Civil e Identificación que individualiza a las personas deudoras y que entró en vigor en Chile el pasado noviembre. Los años, la experiencia, le han enseñado a opinar cuando ve algunos resultados. Le alivia pensar que desde ahora quienes demandan por pensión de alimentos no tendrán que ir por sí mismas a cada una de las instituciones reuniendo los documentos necesarios para conseguir que sus hijos e hijas reciban de uno de sus progenitores lo que les corresponde.

La normativa chilena pretende integrar un mecanismo de pago permanente de pensiones de alimentos adeudadas, mejorar el acceso a la información de los deudores y garantizar criterios de dignidad y justicia. Hasta ahora el proceso ha significado un desgaste y revictimización para quienes debían asumir la tuición y el cuidado sin redes de apoyo. Según datos del Poder Judicial, nueve de cada diez demandas presentadas en tribunales corresponden a mujeres y el 84 por ciento de las pensiones de alimentos en Chile se encuentran impagas.

En este país sudamericano los hijos e hijas tienen derecho a recibir pensión de alimentos hasta los 21 años o hasta los 28 años cuando se encuentren cursando educación superior, y se recibe del padre o madre que no tiene su tuición.

La Corte Suprema de Chile ha advertido que el incumplimiento de la nueva ley constituye delito de violencia económica o intrafamiliar. Pero hay temas que no siempre son considerados por los tribunales: en la soledad de los cuidados hay también un desgaste que no se cuantifica, además de daños psicológicos y emocionales que se acumulan junto al dinero impagado.

En Elizabeth Pezoa convergen casi todas las deudas que tiene el Estado con la infancia y con la protección de garantías y derechos de quienes se dedican a cuidar. Su historia ha sido la de un ir y venir de instituciones que la han maltratado, castigado, le han cerrado la puerta en la cara y, en algunas ocasiones, muy pocas, le han ayudado. Conoció desde su primer año de vida las trabas de la institucionalidad cuando llegó de la mano de su hermana mayor a vivir a un hogar del Servicio Nacional del Menor (Sename), hija de una familia disfuncional y una madre sola que no pudo hacerse cargo de su crianza.

Sus recuerdos de infancia y adolescencia están cargados de abusos y castigos que califica como tortura. Pezoa sentía menos miedo de vivir en la calle que bajo el techo de un Sename, por lo que no dudó en escapar apenas tuvo la oportunidad. Dice que su proyecto de vida era formar una familia, tener hijas y construir un hogar en el que la soledad que había marcado su historia desapareciera por completo. A su primera pareja lo conoció viviendo en la calle cuando apenas tenía 15 años y en él vio un refugio, una posibilidad, una salvación. Luego vinieron las primeras veces: ir a comer fuera, salir, pasear, conocer la ciudad. El primer amor. Solo la violencia no sería nueva en su vida. A los 20 años tenía tres hijos y una relación tóxica en la que repetía patrones de maltrato y excesos.

“Fue a comprar cigarrillos cuando mi hija mayor tenía seis años”, dice con ironía Pezoa para explicar cómo a los 21 años se quedó sola con dos hijas y un hijo cuando supareja, quien también fue un niño institucionalizado y con quien pensó que podría formar el hogar que anhelaba, las abandonó.

Años después la historia se repetiría con el padre de su hija menor, que hoy tiene 12 años. Sola, sin redes de apoyo ni recursos económicos para mantener a cuatro criaturas, se las arregló para trabajar vendiendo sus pertenencias en mercados al aire libre.

El abandono sufrido por las hijas e hijos de Pezoa es tan habitual en Chile que se ha normalizado en diversos aspectos. En las últimas elecciones, Franco Parisi, uno de los candidatos a la presidencia, hizo campaña desde Estados Unidos pues no podía entrar al país que quería gobernar por contar con una orden de detención y de prohibición de salir de Chile por el no pago de la pensión de alimentos a sus dos hijos mayores. Una situación que también afecta a Pamela Díaz, una conocida animadora de televisión y modelo. La influencer explicó a través de un video que subió a sus redes sociales los extensos procesos por los que ha pasado para lograr demandar a sus ex parejas, incluyendo a Manuel Neira, un famoso exfutbolista de la selección nacional. Su publicación generó la reacción inmediata de otras mujeres de la televisión chilena que han pasado o atraviesan una situación similar con el padre de sus hijos e hijas. Incluso se ironiza con un término popular con el que se apoda a los hombres que no se hacen responsables de la crianza y cuidados de sus hijos: “Papitos corazón”.

Este problema que afecta de manera transversal a todas las clases sociales tiene cifras concretas que dan cuenta de su gravedad: en un país con un poco más de 19 millones de habitantes, al menos 50.000 personas tienen deudas con sus hijos e hijas, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. El monto alcanza unos 65.000 millones de pesos chilenos (unos 75 millones de euros). Hasta el mes de marzo, este nuevo sistema contaba con 39.000 inscritos de manera oficial. Es como si un pueblo con la cantidad de habitantes de Úbeda, en Jaén, reuniera a todos los padres que se han desentendido de criar, educar, entregar afectos y cuidar a sus hijos e hijas. Y todo eso sin contar que hay un número que no figura en los registros porque no ha sido demandado ante los sistemas de justicia o no han reconocido legalmente a sus criaturas.

La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha insistido en la importancia de “modificar la cultura de incumplimiento de una obligación que resulta primordial para cubrir las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes”.

Elizabeth Pezoa dice que sus días son un no parar. Además de sus cuatro criaturas, hoy tiene el cuidado a dos sobrinas y un sobrino, descendientes de su hermano, que está en prisión cumpliendo una condena por abuso infantil. Fue ella misma quien hizo la denuncia y desde hace cinco años recorre tribunales de familia para solicitar la tuición. Si su vida ya era compleja con el cuidado y custodia de sus propias hijas e hijo, tuvo que acomodar sus horarios y la precariedad en la que se encontraba para sumar a más personas en su pequeño hogar de 36 metros cuadrados ubicado en la comuna de El Bosque, en la periferia de la capital chilena.

–Yo aún no he podido saber cuánto es el costo de la carga emocional– dice Pezoa en un café de Santiago.

Para ella su experiencia ha estado marcada por la relación de manipulación que ejercen los padres de sus hijos y sobrinas. Considera que la nueva ley le parece un avance, pero está incompleta, ya que nunca se considera el daño psicológico. Más allá de la pensión, cuenta, a sus hijas e hijo les ha costado entender por qué el padre desapareció una vez que la relación romántica con su madre terminó. Especialmente una de sus hijas no entiende qué pasó con ese vínculo y con el rol protector que cumplía. Pezoa dice que para su expareja desentenderse de sus hijos fue una forma de castigarla.

–Lo que ahí falta son profesionales que guíen eso y que estén atentos. Quizás no se puede obligar a un papá a relacionarse con el hijo, pero hay una responsabilidad que también debe ser psicológica. Se debiera considerar que hay un daño porque siempre decimos que vivimos en una sociedad enferma, pero un niño que no entiende por qué se fue su papá va a crecer con rabia y frustraciones que no se están considerando. Lo demás son avances–, reflexiona.

El patriarcado es un juez

Mayo será clave en varios sentidos. En términos formales, desde este mes comenzará a regir la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, pues se cumplen los seis meses desde que se creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, según los plazos establecidos para implementar esta nueva normativa ya que su puesta en práctica será progresiva. “Es un importante desafío no solo para el Poder Judicial, sino para todas las instituciones involucradas y permite al tribunal primero investigar, retener y, después, disponer el pago. Y se trata de investigar en todas las instituciones bancarias, financieras, los fondos de las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro, los instrumentos de inversión y financieros que tiene el deudor. Es una labor para obtener el pago. Es una labor previa muy desafiante”, ha dicho la ministra Gloria Ana Chevesich.

Para Elizabeth Pezoa también será una fecha importante: el 5 de mayo tendrá una audiencia en la que espera que se defina la custodia de sus sobrinas y sobrino. Aunque llevan cinco años viviendo con ella y ve cómo han comenzado a sanar sus heridas y el daño provocado por su progenitor, aún no tiene certeza de convertirse formalmente en su cuidadora.

La situación de Elizabeth Pezoa parece extrema, pero no es una excepción. En el último censo nacional realizado en 2017, el 39,4 por ciento de los hogares declara tener a una mujer como sustentadora, es decir, mujeres encargadas de las funciones instrumentales, psicoafectivas y económicas de su grupo familiar. Este perfil se concentra en sectores con menos ingresos.

El contexto no ayuda. Las mujeres son la mitad de la fuerza laboral del país, pero casi el cien por cien perciben ingresos más bajos en comparación con los hombres, la llamada brecha salarial. “Las mujeres se tienen que hacer cargo de todo sin un auxilio legal. Por eso aceptan condiciones peores: laborales, sueldos más bajos y peores horarios, porque tienen que cuidar a los hijos. El hombre, en cambio, no tiene estas condiciones”, explica Heydi Román, abogada de derecho de familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Otro de los factores en los que concuerdan las abogadas Román y Alejandra Retamal, también experta en derecho de familia de la PUC, es que aún falta bastante camino para que los tribunales de familia puedan incorporar una perspectiva de género. Aunque existen capacitaciones, son voluntarias, por lo que los jueces y juezas no están obligados a tomar esos talleres. “Aunque un juez sea objetivo, a la hora de resolver su decisión estará teñida de sus propias experiencias. Entonces es necesario manejar la perspectiva de género”, dice Heydi Román.

En noviembre de 2019, en pleno estallido social chileno, la letra de la performance creada por Las Tesis daba la vuelta al mundo: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves”. Un coro que resuena cada vez que una mujer se ve violentada o revictimizada en un tribunal de justicia luego de peregrinar por distintas instituciones del Estado. La entrada en vigencia de la nueva ley intentará remediar y acelerar los procesos a partir de fines de mayo.

Elizabeth Pezoa espera que la decisión del tribunal sobre la tuición de sus sobrinas y sobrino sea favorable para ella y la nueva familia que han construido junto a sus hijas e hijo. El futuro la entusiasma: el mes pasado comenzó su segundo curso como estudiante de Psicología. Hace unos años encontró en la pintura una forma de expresión que le permite encontrar la calma y proyectar sus ideas y, en pocos días, abrirá un estudio de arte donde expondrá sus obras. También escribe poemas feministas. Dice que está aprendiendo a cuidarse.

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