Activistas de Rebelión o extinción han tapado con cemento los hoyos de varios campos de golf y han clavado proclamas contra el “despilfarro” del agua. / Foto: Rebelión o Extinción

“La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores”, declara el artículo 47 de la Constitución uruguaya.

El área metropolitana de Montevideo atraviesa una fuerte crisis hídrica y política con precedentes. El agua que sale del grifo desde principios de mayo está salada. El Gobierno declara que “es bebible”, pero los estudios muestran unos niveles de sodio y cloruro que ya superan los 450 y 700 miligramos por litro respectivamente, cantidades que doblan las recomendadas por la Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía (URSEA) y otros organismos de referencia internacional. La calidad del agua empeora con el paso del tiempo, se comenzará con los cortes de suministro ya que sigue sin llover y la extracción de agua del Río de la Plata, en un país que carece de plantas desalinizadoras, aumenta.

No es casualidad que en este contexto se haya inaugurado una de las plantas de celulosa más grandes del mundo, UPM2, perteneciente de la multinacional finlandesa UPM. Las plantas de celulosa, junto con la industria ganadera y las plantaciones de soja y arroz son las mayores consumidoras de agua. Tampoco es casualidad que las empresas extractoras de agua del territorio para su posterior embotellado, como Salus y Vitale (pertenecientes al grupo Danone y Coca-Cola, respectivamente), aumenten sus ganancias. Y todo en un momento de reducción de inversiones y funcionarios en la OSE, la compañía estatal uruguaya encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país. Declarado el estado de emergencia hídrica en Uruguay, se reanudan las negociaciones para la posible obra privada de la planta potabilizadora Neptuno, que nada hubiera cambiado en la situación actual ya que necesita acceso a una fuente de agua potable. El Proyecto Neptuno implica la construcción de una nueva planta potabilizadora en el departamento de San José capaz de tomar agua del Río de la Plata, cuando sus niveles de salinidad lo permitan. Se escuchan cada vez más los avances de los proyectos de hidrógeno verde, que también precisan de agua. Las soluciones inmediatas son una construcción de emergencia de un embalse y cortes en el suministro del agua. Se repite una historia ya conocida en la región: disminución de inversión pública, empeoramiento de los servicios estatales y apuesta por el sector privado como solución. Quien quiera beber agua potable que se la pague.

No es la primera sequía ni el primer saqueo, pero con la sal en la boca de la gente la respuesta social ha sido inmediata. “El agua es vida y tenemos que ponerla en el centro”, declaraba Carla Kruk, investigadora de la Facultad de Ciencias y del CURE (Centro Universitario Regional del Este) al explicar que no se trata solo de una crisis hídrica o una crisis social, sino también sanitaria, donde “el modelo de salud no integra los problemas ambientales” y “se olvida de la centralidad del rol del Ministerio de Salud Pública”. Una vez más, se hace evidente que las crisis no nos afectan a todas por igual. Las desigualdades socioeconómicas preexistentes aumentan. Las infancias y las poblaciones envejecidas son especialmente afectadas y, por tanto, las personas que las cuidan, mayormente mujeres, también. No debemos olvidar, que tal y como dice el informe sobre ‘Género y cambio climático’ del Ministerio de Igualdad de España, en caso de sequía, al igual que en otros momentos críticos, las mujeres dedican mucho más tiempo a la búsqueda de alimento y agua, a los cuidados materiales que permiten la vida.

Priorizar lo social a lo económico recogiendo la necesidad de espacios de participación ciudadana se hace necesario si se quiere recuperar la soberanía hídrica. Movimientos vecinales, sociales y ecologistas, más y menos recientes, se organizan para dar respuesta. A lo largo de los últimos meses se consolida la Coordinadora por el agua, dando voz y reconocimiento a todas las convocatorias convocadas en el territorio. El objetivo es claro, permitir a la población decidir sobre las soluciones en su territorio y alejarse de las dinámicas extractivistas neocoloniales. Frenar la privatización del agua y hacer frente a la crisis hidrosocial e hidroambiental a través de la ecología social y la justicia ambiental.

Nadie creía que esto fuera a pasar hasta que pasó. En España llevamos años hablando de sequías. Los veranos son cada vez más secos y calurosos. Olas de calor e incendios son noticia en todas las regiones. Sin embargo, hoy, el regadío supone el 85 por ciento del consumo de agua en España y esta cifra aumenta. De poco sirve que se incremente su eficiencia si las superficies regadas continúan creciendo. En Castilla-La Mancha ha incrementado un 64,7 por ciento en los últimos 25 años y en Andalucía un 44,1. Esta primavera los embalses han estado 18 puntos por debajo de la media de otros años. Siendo especialmente grave esta disminución de volumen en las zonas con mayor proporción de regadíos.

Esta problemática de la sobreexplotación de regadíos, como ya sabemos, está acabando también con zonas protegidas como son Doñana o las Tablas de Daimiel. Ambos son humedales fundamentales que tienen una importancia ecosistémica enorme y que se están drenando a base de pozos, muchos ilegales, que sacan el agua de estas zonas para regar cultivos en los alrededores. Necesitamos estos ecosistemas si queremos enfrentar la emergencia climática, tal y como explica la experta Leticia Carvalho, “almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema, y solo las turberas almacenan el doble que todos los bosques del mundo” además de que “absorben el exceso de agua y ayudan a prevenir las inundaciones y las sequías”.

Y es que el territorio español también se está viendo cada vez más afectado por la crisis climática y ambiental y en especial la sequía. Es más, según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) esta primavera se trató de la segunda más seca desde que se tienen registros. Esta falta de precipitación se traduce en un importante descenso del agua disponible. Mirando el conjunto de la situación, se puede observar que los embalses de uso consuntivo (los dedicados a regadío y consumo humano) están, de media, a un 39,4 por ciento de su capacidad total, lo que supone un descenso de más de 24 puntos porcentuales con respecto a la media de los últimos 10 años (63,6 por ciento de capacidad). Las regiones que sufren esta escasez con mayor intensidad son Murcia y Andalucía. En esta última zona preocupa además la falta de afluencia del Guadalquivir, que se encuentra a un 24 por ciento de su capacidad, lo cual es alarmante tanto para el sector agrícola como para el Parque Nacional de Doñana, ya en grave peligro. La situación de falta de recursos hídricos solo empeora debido a los pozos ilegales presentes en la zona.

Ante esta situación, también estamos viendo cómo se desarrollan protestas en nuestro territorio. Activistas climáticas en todo el Estado han saboteado una decena de campos de golf para poner de manifiesto la crisis hídrica y dejan claro que “los ricos y sus actividades de ocio que despilfarran recursos esenciales son un lujo que no nos podemos permitir”.

Está más claro que el agua que no podemos seguir así. Privatizar derechos básicos y bienes esenciales no debería normalizarse. Seguimos tratando el agua como si fuera una mera mercancía, olvidando que es la fuente de la vida, lo que ni el Estado español, ni Uruguay ni ninguna otra parte de nuestro planeta puede permitirse. Aprender su valor es extremadamente necesario. Debemos poner la vida en el centro y priorizar que todas las personas tengan acceso a agua potable. Reconocer el agua como derecho constitucional, como un “recurso esencial para la vida” no es suficiente. Hace falta una atención continuada, una respuesta social crítica y hacer partícipe a la población organizada.

En Uruguay, los colectivos sociales hablan que “del asombro pasamos a la indignación cuando se consideraron apenas dos de la decena de propuestas de las organizaciones sociales”. Las acciones en la calle continúan para, como declaran en las manifestaciones, “defender el agua y la vida”.

Sigue leyendo: