Uno de los carteles promocionales en redes de Municipio B.

Uruguay, país pionero en la región, reconoce al cuidado como un derecho a través de la ley de cuidados de 2015 (Ley 19.353). Si bien es un avance normativo básico, la implementación de las políticas nacionales de cuidados se enfrenta a retos importantes en un sistema que perpetúa el lugar invisible a estos trabajos, a la vez que no promueve una corresponsabilidad de género.

Aun reconociendo el derecho a los cuidados, las políticas nacionales en varios países de Iberoamérica no logran garantizar su acceso real. Las formas de nombrar y legislar sobre el cuidado en las leyes nacionales, construidas como políticas “de arriba hacia abajo” se proponen como medidas reducidas, focalizadas para ciertas poblaciones y desconectadas de una “trayectoria” vital. De esta forma se limita, individualiza y sectoriza la mirada sobre todo aquello que hacemos para sostener la vida y vivir en el mundo de la mejor manera posible. El cuidado es un concepto en discusión que ha sido nutrido por distintas pensadoras y activistas. Es multidimensional y comprende los términos de ecodependencia e interdependencia para profundizar en las bases materiales que sostienen la vida y sus tramas.

La desfamiliarización de los cuidados y la asunción del cuidado como un asunto público aún son cuestiones debatidas, ya que no todas las personas ni las nociones de cuidados coinciden con la necesidad de cuidar colectivamente y no de manera privada. Hablamos pensar en la vida de las personas como un continuo de distintas dimensiones: desde el transporte público y su diseño, hasta la participación de las personas cuidadoras y cuidadas en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas de cuidados y las políticas en general. Es en este contexto que el Municipio B de Montevideo, que comprende los barrios del centro histórico de la capital y sus alrededores, presenta su Plan de Desarrollo Municipal 2020-2025 poniendo la sostenibilidad y cuidado de la vida en el centro de la política municipal. Uruguay destaca por su descentralización política por ley para garantizar el “involucramiento activo de la sociedad civil en la gobernanza municipal”. En Uruguay, después del Gobierno nacional existe un segundo nivel, el departamental, y un tercero, el municipal.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2025 de Municipio B pone en el centro de la política municipal la sostenibilidad de la vida

El plan de cuidados del Municipio B habla de la ciudad, del territorio local, de la vida social, de la participación en la cultura y de los procesos de toma de decisiones. Las experiencias en los territorios como políticas de tercer nivel de gobierno o municipales, fuertemente desarrolladas por mujeres tanto en los puestos de gobierno como en la comunidad que responde al proceso, contribuyen a evidenciar la falta de articulación y consolidación de algunas dimensiones centrales para el cuidado en las políticas nacionales. Las personas en los territorios perciben en las luchas por la supervivencia cotidiana los límites de los sistemas políticos democráticos, lo cual se ha evidenciado en un nuevo y creciente impulso de la exploración de la creación de políticas a escala territorial.

Silvana Pissano, la alcaldesa del Municipio B, parte de un contexto de militancia feminista y formación en arquitectura y urbanismo feministas, especialmente en la defensa del derecho a la vivienda. El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2025 pone en el centro de la política municipal la sostenibilidad de la vida. Entre comunidad, Gobierno, organizaciones sociales y academia universitaria se cocrea una agenda autodenominada ecofeminista y basada en tres pilares: la interdependencia, la ecodependencia y la corresponsabilidad generacional y de género. “La ciudad, el barrio, la calle y los espacios públicos no son neutros ni objetivos, sino que su diseño está permeado por ideas y valores hegemónicos que terminan por establecer quiénes pueden ejercer el derecho a la ciudad y cómo deben hacerlo”, declaró Pissano en el Primer Encuentro de Cuidados del B. Y añadió que “considerar estos aspectos, que develan que no existe una neutralidad en el pleno goce de derechos, en el uso y disfrute de los mismos, es más que relevante a la hora de planificar y hacer ciudad, fundamentalmente desde las políticas públicas municipales, ya que permite conocer quiénes y de qué forma han sido sistemática y tradicionalmente excluidas”.

“Pensar a la ciudad desde una perspectiva feminista requiere una mirada integral de la economía, los cuidados, las tareas domésticas no remuneradas, el trabajo comunitario”

Esto incluye otras formas de diseño urbano garantizando la accesibilidad a la ciudad, la promoción de ciudades sostenibles, el sostenimiento común de los espacios comunes, el desarrollo de servicios articulados de cuidados para distintas necesidades, la exploración de la participación de las poblaciones implicadas en la creación de las políticas públicas, la consideración de políticas resistentes en contextos rurales y urbanos, el fortalecimiento de una economía social y solidaria mediante el consumo colectivo y de proximidad. “Pensar a la ciudad desde una perspectiva feminista, sin duda, requiere una mirada integral de la economía, que integra lo productivo, los cuidados, las tareas domésticas no remuneradas, el trabajo comunitario, poniendo en cuestión las condiciones de producción de dicha economía”, apunta la alcaldesa.

El Municipio B de Montevideo no es el único caso. Por ejemplo, el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, Colombia, tiene como objetivo “contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la ampliación y cualificación de la oferta institucional de servicios del cuidado, con el fin de reducir su tiempo total de trabajo; redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado con los hombres; y contar con mecanismos para su valoración y reconocimiento”. Es un intento de reorganización espacial y de actividades articulando programas y servicios y estableciendo una corresponsabilidad entre el Estado, la administración del distrito, las comunidades y los hogares. Hogares donde la responsabilidad cae sobre las mujeres. Los tres objetivos principales son fortalecer y ampliar la oferta de servicios, desarrollar una estrategia que valore y resignifique el trabajo de cuidado e implementar una estrategia de cambio cultural y pedagógica. Barcelona, España, tiene una iniciativa que ofrece información conectando servicios, proyectos y recursos relacionados con el cuidado, Barcelona Cuida. Junto con entidades y asociaciones que trabajan en el sector se propuso la Tarjeta Cuidadora como una estrategia de apoyo a las personas cuidadoras. La iniciativa plantea la pregunta de quién cuida a quienes cuidan, sobre todo a quienes cuidan no remuneradamente y sin derechos laborales mínimos.

“Cuidar nos transforma”

En el caso del Municipio B de Montevideo, el desarrollo del plan ha contribuido fuertemente a la reflexión colectiva y práctica acerca de cómo desarrollar sistemas de cuidados, ante las problemáticas para implementar de manera universal, diversificada y con altos niveles de cobertura las políticas de cuidados. A escala nacional se invierte menos del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto para desarrollar el Sistema Nacional Integral de Cuidados (SNIC) a través de medidas para las infancias y personas en situación de dependencia que requieren apoyos para su vida diaria. Se trata de accionar desde la política pública municipal, a pesar de la carencia de medios y recursos, para contribuir a la reorganización social de los cuidados mediante la redistribución de responsabilidades y costos. El proyecto está en continuo proceso de cambio, elaboración y desarrollo práctico de una forma situada, territorial y participativa de hacer políticas de cuidados.

Garantizar el “derecho a la ciudad” requiere de infraestructuras feministas y metas concretas, para dar visibilidad a los cuidados y no olvidarnos de la corresponsabilidad

El desarrollo de este plan ha contado con una gran diversidad de actores y se ha articulado a través del diálogo entre los mismos. Hablamos desde colectivos de mujeres afrolatinas como Mizangas, movimientos de huertas vecinales, de mujeres migrantes y hasta redes de personas mayores, infancias y adolescencias, integrantes de los sindicatos de asistentes personales y trabajadoras domésticas. ‘Cuidar nos transforma’ fue el nombre del Primer Encuentro Municipal de Cuidados de marzo de 2023 al que asistieron más de 100 personas y en el cual trabajaron y pensaron activamente más de 90 vecinas y vecinos representantes de redes y organizaciones territoriales, en donde se avanzó en seguir construyendo la agenda de cuidados, que se desarrolla y define junto con la comunidad desde 2020.

Frente a la necesidad humana de cuidados, se responde con una política pública que acompañe y aliviane. Garantizar el “derecho a la ciudad” requiere de infraestructuras feministas y metas concretas, para dar visibilidad a los cuidados y no olvidarnos de la corresponsabilidad. Para ello hace falta participación, mediante diálogos barriales y encuentros, junto con talleres y formaciones para recoger las demandas y realizar una fuerte intervención en el urbanismo, que permita la autonomía de las personas y la habitabilidad del territorio. Siempre teniendo en cuenta la corresponsabilidad, con la propuesta de los cupos de cuidado.

Cartel promocional de Municipio B.

Cuidados territorializados

Asumir desafíos, reconstruir la igualdad, reconocer el trabajo, desarrollar la creatividad y hacerlo juntas. De eso va la política feminista en los territorios: proponer formas nuevas de construir una organización de los cuidados de manera participativa y situada.

El objetivo es invitar a la ciudadanía a preguntarse qué tipo de ciudad quieren y construir a partir de las reflexiones colectivas. Se plantea qué relación con la naturaleza o con la posibilidad de construir relaciones sociales debe haber mediante una perspectiva “democratizadora, emancipadora y ecofeminista” que permita generar dinámicas urbanas que dialoguen e integren con las distintas identidades y manera de habitar el territorio.

Una política local feminista con capacidad de acción local es posible. Pasa por entender la importancia de integrar una dimensión feminista y ecologista en la planificación y gestión del territorio para construir un modelo urbanístico feminista compatible con el buenvivir. Consiste en un camino institucional que dialoga con otras formas de acción política para recuperar la calle como símbolo del espacio público para todas, en un territorio que cuide y permita cuidar.