Ilustración de Patirke Belaza

La ONG Mugarik Gabe (Sin fronteras), junto a otros colectivos, se ha marcado un objetivo para el próximo año: la creación de un Tribunal que vele por los derechos de las mujeres y que juzgue de manera simbólica cada una de sus vulneraciones. No se trata de una iniciativa pionera. La primera semana de junio se realizó en Bilbao y Gasteiz el llamado “Intercambio de Tribunales: aprendiendo de la Lucha de Todas”, una serie de encuentros que contó con la presencia de mujeres latinoamericanas que ya habían participado en Tribunales Simbólicos y de Conciencia. Estos Tribunales analizan y juzgan cada caso en base a leyes locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de dictar sentencias no vinculantes.

Fue en la década de los noventa, en pleno auge de las conferencias internacionales a favor de la lucha por los derechos humanos, cuando las mujeres vieron una oportunidad para empezar a ser objeto y sujeto de esos derechos. Uno de estos primeros Tribunales, el que se celebró en julio de 1993 en Viena, coincidió con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de dicha ciudad, donde se aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena en la que se recoge, por primera vez en la historia, que “los derechos de las mujeres y las niñas forman parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. Roxana Arroyo, ponente en el mencionado Intercambio, fue parte de ese Tribunal, que contó con el testimonio de 33 mujeres de diferentes regiones y se propuso visibilizar la violencia a nivel mundial: “Los Tribunales son algo construido y pueden desarrollarse en todo el mundo”, dice Arroyo. “No tienen apellido, pero sí un objetivo: acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres”. El nuevo Tribunal que se plantea organizar Mugarik Gabe en julio del 2013 conmemoraría el 20 aniversario del que se celebró en Viena.

Esther María Gallego forma parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Se trata de una propuesta feminista colombiana que trabaja por “la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y por la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la reconstrucción de la memoria histórica individual y colectiva para la no repetición”. Gallego ha formado parte de dos Tribunales que pretendían llamar la atención sobre la situación de las mujeres colombianas. “La militarización aumenta el patriarcado y los Tribunales suponen un espacio de recuperación emocional de las mujeres”, comenta. El Gobierno no siempre se ha hecho cargo de esta situación, pero los datos recuerdan la necesidad de proteger a las mujeres colombianas: el 52% de las personas desplazadas son mujeres; sufren violencia sexual, sistemática y generalizada y muchas llevan años luchando por conocer el paradero de sus hijos desaparecidos. “Situaciones horrorosas que las guerras permiten y normalizan”, se lamenta Gallego. La Comisión por la Memoria y la Verdad, que formaba parte de uno de los Tribunales en los que participó Gallego, recuperó más de 1.000 testimonios de víctimas para juzgar cada uno de sus casos.

En 2004, un Tribunal hizo visible la lacra que se vive en el estado de Chihuaha (México): la desaparición y asesinato de mujeres. Alma Gómez, ponente también en el “Intercambio de Tribunales” organizado por Mugarik Gabe, estuvo allí. “Los Tribunales son eventos políticos: plantean problemas y los visibilizan. Son públicos, simbólicos, aceptan debates y proponen soluciones. No son un fin en sí mismo: son un paso más en la larga marca para que las mujeres podamos vivir sin violencia y con seguridad”, explica Gómez. Ella también participó en otro Tribunal que estuvo marcado por un nombre propio: Marisol Escobedo, la madre de una mujer desaparecida. Escobedo no paró hasta dar con el asesino de su hija, que facilitó a las autoridades el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. Pero le absolvieron. Escobedo se mudó a las puertas del Palacio de Gobierno para protestar por la decisión judicial. Una noche, fue asesinada. En el primer aniversario de su muerte, se celebró este Tribunal.

La población indígena guatemalteca aún hoy sufre las consecuencias de la violencia que se ha ejercido contra ella. Irma Alicia Velásquez conoce de primera mano muchas de sus historias. Asegura que los indígenas de Guatemala han sido despojados de sus elementos de identidad, y comenta: “Sus vidas están marcadas por la discriminación”. El Tribunal contra la Discriminación y el Racismo que se celebró en 2002 trabajaba por recopilar todos los casos que fuese posible documentar. No fue fácil. Declarar ante un Tribunal, a pesar de no ser vinculante, supone muchos riesgos. ¿Sirven para algo estos Tribunales? “Sí, si se logra aprovechar los espacios que permiten avanzar en problemas concretos que afectan a todo un colectivo”, dice Velásquez. Este Tribunal fue el antecedente de otro que se centró en tratar de resolver los problemas concretos de las mujeres guatemaltecas: las violaciones y todas sus consecuencias. “Estos Tribunales son espacios de reflexión frente al Estado y la justicia”.