Tras un verano que comenzaba con movilizaciones contra la turistificación de las ciudades, podemos empezar a percibir la brisa otoñal de la lucha por el territorio desde todos los sectores.

Y es que este verano no ha pasado un día sin nuevos estudios científicos en los que se recalca cómo la crisis climática amenaza la preservación de nuestros paisajes. ¿El problema? No es solo una amenaza. Este año Greenpeace declaraba que el 75 por ciento de nuestro territorio se encuentra en riesgo de desertificación, provocando que este verano casi 12 millones de personas hayan sufrido restricciones del uso del agua. Mientras, en comunidades especialmente afectadas por la sequía -como Andalucía-, la población observa perpleja cómo estas restricciones no se aplican a los campos de golf. Una vez más, el turismo manda.

Da igual que este haya sido el agosto más cálido desde que hay registros o que hayamos pasado la mitad del mes bajo situación de dos olas de calor, llegando a alcanzar los 45 grados. Y da igual que este verano haya estado marcado por las DANAS e inundaciones. Lo da, hasta que se empiezan a cancelar vuelos.

Y es que este verano no solo han subido las temperaturas, sino también el número de visitantes en busca de ese famoso turismo de sol y playa. El Sindicato de Inquilinas de Málaga lo deja claro, “el extractivismo turístico también causa importantes efectos negativos sobre el medio ambiente y la gestión de los limitados recursos naturales, especialmente el agua”. Cuando emitieron el comunicado, en junio, los embalses de la provincia de Málaga se encontraban a un cuarto de su capacidad total, mientras que la media de los últimos 10 años para esta semana de junio se situaba en un 60,81 por ciento.

“Cada uno de estos turistas consume de media entre 300 y 700 litros de agua al día, muy por encima de la media por habitante de 133 litros”

Escasez de agua, crecimiento desproporcionado de las viviendas de uso turístico y falta de responsabilidad por parte de las administraciones públicas suponen un modelo turístico que empeora las condiciones de vida de las personas que habitan un territorio. Desde Canarias se agota, ciudades de todo el territorio español se han movilizado, señalando el impacto de la masificación turística. En Málaga se habla de estimaciones de 14 millones de turistas registrados en 2023. Con las movilizaciones del 29 de junio, las vecinas malagueñas organizadas señalaban que “cada uno de estos turistas consume de media entre 300 y 700 litros de agua al día, muy por encima de la media por habitante de 133 litros”. Y es que el verano en la provincia de Málaga comenzó con restricciones que afectaban a más de 250.000 ciudadanas. Sin embargo, entre estas restricciones no entraron las piscinas privadas ni los campos de golf. En el manifiesto del Sindicato de Inquilinas señalaban que “los campos de golf de Málaga, ciudad y provincia, consumen tanta agua como 33.000 personas” mientras que “el agua regenerada usada en estas instalaciones deportivas podría, sin embargo, aliviar la tensión que sufren los embalses si se usase en aplicaciones más sociales”.

“Las nuevas fórmulas turísticas empeoran sus condiciones de trabajo”

Con la masificación turística se evidencia que el agua es también un privilegio de clase en un contexto de crisis hídrica. Lo mismo ocurre con los empleos derivados del turismo masivo. Mari Trini, camarera de piso y miembro de las kellys de Málaga fue una voz escuchada en su denuncia de cómo “las nuevas fórmulas turísticas empeoran sus condiciones de trabajo”. Y es que se tratan de trabajos no sujetos a convenio, lo que los hace más vulnerables a la precarización. La voz de las camareras de piso es clave para entender las desigualdades que genera el modelo turístico, que, como señala el Sindicato de Inquilinas de Málaga, “en base a las VUT [Viviendas de Uso Turístico] que se ha impuesto implica una clara deslocalización de los puestos de trabajo”. Además, son las primeras afectadas por la subida de precio del alquiler, que les impide vivir próximas al puesto de trabajo.

“Necesitamos recuperar nuestra vida”, afirma Mercedes Villar, de la asociación de veciños de Pinténs (Terra de Laxe). Desde la asociación explicitan la necesidad de un límite, sobre todo con el desplazamiento del turismo del sur al norte por “el calor excesivo y la sequía”. El impacto es especialmente fuerte en las zonas costeras, donde el precio de la vivienda se incrementa hasta el punto de que la gente de allí “no tiene donde vivir, no se puede permitir comprar o alquilar una vivienda, lo que no les deja otra opción que marcharse fuera”, señala. Además, sin transporte público de calidad, su territorio se ve solapado de coches privados que no hacen más que aumentar, hasta el punto de triplicarse el número de visitantes respecto a años anteriores. Las consecuencias van desde la saturación que imposibilita el acceso de ambulancias y bomberos hasta la contaminación de las calles y los mares, pasando por la masificación turística y su impacto en el precio de la vivienda. En la Ría de Aldán, piden “que se mantenga la categoría A del marisco y recuperar el ecosistema de algas, peces y fondo marino para que no se siga contaminando”.

Por tanto, ¿quién está sufriendo las consecuencias y a quién beneficia toda esta destrucción? En nuestro modelo económico actual, las personas que habitan los territorios donde vemos la predominancia de estas prácticas destructivas o de los graves impactos de las crisis climáticas son aquellas que más sufren. Ya sea debido a que tienen que seguir trabajando bajo condiciones climáticas extremas -durante una ola de calor- o porque ven el destrozo del territorio con el que se identifican y gracias al cual viven.

El turismo masivo es una herramienta más de precarización y un motor a la desigualdad

Los mismos que explotan y destruyen dichos ecosistemas y territorios son los grandes ganadores de este modelo que fracasa constantemente en poner a la vida en el centro. El sector privado y las grandes empresas no solo explotan nuestro territorio, sino que también llevan sus prácticas destructivas a las comunidades y pueblos más vulnerables. Pueblos que están sufriendo en primera línea los impactos del cambio climático y que luchan por la protección de sus derechos y su territorio.

Si miramos hacia la raíz de todo esto, no es difícil darse cuenta que estas prácticas no serían posibles sin todo un sistema financiero que las apoya, del cual España forma parte a través de, por ejemplo, sus subsidios a combustibles fósiles. Un sistema que promueve la constante explotación de territorios a cambio de beneficio, incluso cuando esto conlleva la violación de derechos humanos y contribuye al cambio climático, especialmente en el sur global. Una mirada global evidencia que hoy, las prácticas colonialistas que usan los recursos del sur para el beneficio del norte violentando a los habitantes de esos territorios siguen ocurriendo mucho más de lo que se transmite. España y otros países que tienen responsabilidad histórica en la destrucción masiva del sur global deben de pagar los miles de millones que hacen falta para afrontar la crisis climática en dichos territorios y así reconocer las verdaderas víctimas de sus acciones.

Ha terminado uno de los veranos más calurosos de la historia y, como siempre, la víctima principal ha sido la clase trabajadora que se ha visto forzada a trabajar en condiciones duras, bajo terribles olas de calor, con cortes de agua continuos y por salarios miserables. El turismo masivo es una herramienta más de precarización y un motor a la desigualdad. La situación es insostenible, la ciudadanía merece vivir de forma digna, en ciudades verdes y con derechos tan básicos como el acceso a una vivienda decente o a trabajar en condiciones respetables y apropiadas. Por ello, salimos a las calles el pasado 20 de septiembre, porque no nos olvidamos de que no hay justicia climática sin justicia social. En una decena de ciudades se llevaron a cabo acciones y movilizaciones, señalando la importancia del derecho al territorio. Y es que este derecho al territorio es derecho a la vivienda, es derecho a la habitabilidad. Porque la tierra no está -no debería estar- en venta.