*Una investigación de Berta Sepur, Justa Teruel, Pamela Palenciano, Iván Larreynaga, Débora Ávila, Marta Malo, Antonio Escudero, Marta Pérez, Adela Franze, María Carmen Peñaranda, Marta Cabezas y Marisa Kohan.

La lucha de las madres protectoras emerge de movimientos telúricos, en la colisión entre el patriarcado de siempre y las conquistas recientes del movimiento feminista. Más de una década de marea feminista ha alcanzado a la soberanía de las infancias sobre su propio cuerpo y sobre su identidad. Ha alentado también a las madres a escucharlas de un nuevo modo, a dar valor y verdad a sus vivencias y a sus palabras, aunque estas contravengan la armonía familiar. La prioridad ya no es tener al padre contento. El pater familias reacciona frente a esta rebeldía —autodeterminación— de quienes hace no tanto estaban bajo su mando: despliega todos los recursos a su alcance para reafirmar su poder.

Escuchar esta lucha, la de las madres protectoras y la de las infancias que alzan la voz, vislumbra un conjunto de vectores de politización urgente para el feminismo. En primer lugar, permite visualizar la raíz patriarcal de nuestro sistema de justicia. Como nos recuerda Miren Ortubay[1], el sistema judicial nunca ha sido un buen aliado de las mujeres. En nuestro país, durante toda la dictadura franquista tuvo un papel clave en el disciplinamiento de las mujeres y de su sexualidad. Entre otras cosas, otorgó a los maridos la prerrogativa de aplicar un “correctivo” a la mujer y los hijos cuando no les obedecían y hasta 1971 les eximía de pena si, al propinar una paliza a la esposa sorprendida en adulterio, las lesiones provocadas eran leves[2]. “Mi marido me pega lo normal” era una frase refrendada en sede penal. Algunos de aquellos jueces siguen ejerciendo como tales y han formado a las generaciones siguientes.

Cuando hoy una madre denuncia violencia sexual paterna está rompiendo el canon de sumisión conyugal y abnegación materna, está sacando a la vista todos los trapos sucios que, según la lógica patriarcal, deberían lavarse en casa, está rompiendo esa armonía del hogar por la que, de acuerdo con esa misma lógica, debería velar. Bajo el prisma del pater familias, esto la convierte inmediatamente en sospechosa: de mentir, de querer vengarse, de manipular y, sobre todo, de ser una mala mujer. Por desgracia, las historias de las madres protectoras nos muestran que, a pesar de la supuesta imparcialidad de los tribunales, esta óptica opera en no pocos casos. La mujer denunciante pasa en un parpadeo, patriarcado mediante, de sospechosa a denunciada. Cuando se sienta en el banquillo de los acusados, y pasa a menudo, se la juzga más duramente que a nadie.

El sistema judicial es incapaz de ofrecer los marcos adecuados para ver y escuchar a las infancias

La lucha de las madres protectoras desvela también el adultocentrismo que atraviesa el sistema judicial, incapaz de ofrecer los marcos adecuados para ver y escuchar a las infancias. La falta de dispositivos institucionales especializados que reconozcan las especificidades de la infancia en sus diferentes etapas evolutivas, junto con el tabú del incesto y el estereotipo que presenta a los niños como una hoja en blanco abierta a las manipulaciones, deja impune la violencia sexual paterna e impide ofrecer una verdadera protección a niñes y jóvenes. Por más que se insista en la prioridad del “interés superior del menor”, su voluntad, sus vivencias, su voz no cuentan.

Por último, la lucha de las madres protectoras saca a la palestra una violencia institucional sutil e invisible[3]: aquella que aparece en un informe psicosocial acusatorio, que se prolonga en la inacción del colegio, que se materializa en la decisión judicial de arrancar unas criaturas de la madre con la que conviven desde su nacimiento. El encuentro con unas instituciones a las que, en un principio, se acude en busca de ayuda multiplica el trauma vivido: obliga a revivir una y otra vez lo sucedido, revictimizando y trasladando la carga de la culpa sobre los hombros de quien debería recibir apoyo. Jueces, trabajadoras sociales, psicólogos, abogadas, forenses, fiscales, etcétera, inmersos en las lógicas constitutivamente patriarcales del Estado[4], omiten el deber de protección como trabajadores públicos y justifican las violencias desplegadas[5]. La banalidad del mal definida por Arendt se cuela en sus despachos, diluyendo responsabilidades y trivializando actuaciones que incluyen niveles de violencia calificables de tortura[6]. El reconocimiento de las violencias institucionales es cada vez más urgente, dadas la invisibilidad que las define y la impunidad que las resguarda.

La criminalización que viven las madres protectoras se asemeja a la quema de brujas de antaño. Se las quiere llevar a la hoguera por romper el rol sumiso y abnegado escrito para ellas

Es una violencia que te deja siempre desamparada, porque no se nombra, ni siquiera se insinúa, pero te atraviesa el alma. Me siento como si tuviese al cuello una mano del sistema judicial, todo el rato. Oculta y ejercida de forma normalizada, tolera y legitima todas las violencias. Cada vez que recibo una nueva notificación o tengo informe en mis manos, colapso emocionalmente al leerlo, se me agarrotan las manos y me paso veinticuatro horas sin poder moverlas. No puedo enfrentarme a mis papeles. Me han arrancado lo más hermoso de mi vida, la posibilidad de acariciarla, de mirarla, de protegerla, como hizo mi madre conmigo[7].

La criminalización que viven las madres protectoras se asemeja a la quema de brujas de antaño. Se las quiere llevar a la hoguera por romper el rol sumiso y abnegado escrito para ellas, por atreverse a nombrar y sacar a la luz pública la violencia sexual paterna, poniendo en cuestión el derecho paterno sobre los cuerpos de la descendencia. No han recorrido todo este camino para callarse ahora. Su fuerza es la nuestra. Con nosotras, contigo, seremos temblor que lo agrietará todo.

[1] Miren Ortubay (4 de abril de 2014): «Mujeres y castigo penal», ponencia de la serie Mujeres encarceladas: castigo, feminidad y domesticación, EHUtb, disponible en https://ehutb.ehu.es/video/58c66d40f82b2b836e8b4574

[2]Véase artículo 428, capítulo v, del Código Penal franquista de 1944.

[3]Marta Cabezas y Ana Martínez (2023): Cuando el Estado es violento. Narrativas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales, Manresa: Bellaterra.

[4]Rita Segato (2018): Contra-pedagogías de la crueldad, Buenos Aires: Prometeo Libros.

[5]Tania Sordo Ruz: «El uso del falso SAP como forma de violencia institucional», en M. Cabezas y A. Martínez: Cuando el Estado es violento, cit., pp. 99-114.

[6]Marisa Kohan (8 de junio de 2022): «Reem Alsalem, relatora de la ONU: “La violencia institucional que sufren las mujeres puede llegar a niveles de tortura”», en Público.

[7] Retazos de voces de madres protectoras que sufren violencia institucional. Algunos de ellos están extraídos del informe Débora Ávila, Adela Franzé, Patricia González Prado, María del Carmen Peñaranda y Marta Pérez (2022): Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alienación parental en España, Ministerio de Igualdad, disponible en https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2022/estudios/violencia_alineacion_parental.htm