Laberintos burocráticos, quedar relegadas a labores de limpieza y cuidados, carecer de contrato y de derechos laborales o sufrir menosprecios y vejaciones son situaciones habituales sobre todo durante los primeros años en el Estado español.
La separación forzada de madres de sus hijas e hijos es una de las muchas violencias racistas, capitalistas y patriarcales que se perpetúan contra de las mujeres migrantes y racializadas, en especial a aquellas que se encuentran privadas de su libertad.
Pasé de ser una viajera a una delincuente en función de un pasaporte, mi aspecto y color de la piel hacían aumentar mi índice de peligrosidad.
Marlene Ponce Espino tuvo que salir de Nicaragua a pie, evitando los puestos fronterizos oficiales. Su trabajo en una organización de defensa de los derechos humanos la puso en la mira del régimen Ortega-Murillo. Licenciada en Matemáticas, a sus 58 años ha solicitado asilo político en España, donde su única salida laboral ha sido como trabajadora interna y de cuidados.
La situación de las mujeres encerradas en los CIEs es el resultado de una sucesión de violencias racistas, clasistas y patriarcales ejercidas desde las instituciones.
Movibles, escurridizas e intercambiables. Aparecen, crecen, se esfuman, pueden expandirse y ocupar ciudades enteras, islas, desiertos, montañas y mares. Extienden sus tentáculos por estaciones de autobuses y trenes, paradas de metro, plazas, barrios. Matan incluso en vida.
Los patrones de judicialización de la solidaridad en Europa y su utilización contra el derecho a migrar y al asilo han provocado que un achicamiento del espacio cívico en los países de la UE.
La defensora hondureña del río Guapinol tuvo que dejar su país por su seguridad en 2019. Tras conseguir el asilo político, vive en Basoa, una casa independiente y comunitaria para activistas en el valle de Arratia (Bizkaia), desde donde continúa su lucha.
La escritora sevillana ha publicado ‘La ciudad’, tres historias de mujeres que conviven con las violencias y sobreviven a ellas.
Así lo reflejan los datos del último informe del Ministerio del Interior, relativos a 2021.
El Estado español, así como el resto de Europa, se ha autoconstruido como una región históricamente blanca. Esta ficción, esta comunidad imaginaria, homogeneiza a todas las comunidades racializadas y las excluye de su comprensión de ciudadanía.
Las mujeres migrantes confrontan situaciones personales, administrativas, sociales y judiciales que elevan el grado de vulnerabilidad ante las violencias machistas. Tener que enfrentar un contexto institucional que, con frecuencia, sigue reproduciendo prejuicios y actitudes racistas y poco empáticas, empeora la situación ante la búsqueda de recursos y servicios que aborden la violencia machista.
La reciente reforma del Reglamento de Extranjería omite la regularización de personas migrantes que ya viven y trabajan en España y se olvida de los 125.000 niños y niñas que crecen en el país en situación irregular.
La mexicana Marcela Turati expuso la importancia del cuidado colectivo para quienes cubren violencia, en el V Congreso de Periodismo de Migraciones.
El sistema educativo está hecho para excluir a las personas pobres y migrantes, para mantenernos siempre en la exclusión y que no subamos ningún escalón.
Ni el Gobierno marroquí ni el español esperan una reacción social de calado tras el asesinato de una mujer en la frontera porque creen que la asesinada era una sin nombre, una donnadie, alguien que no nos importa. De nosotras depende demostrar hasta qué punto se equivocan.
Esta periodista ha sido criminalizada por alojar a personas en situación de calle frente a la inacción del Estado belga.
Teresa Fernández Paredes, asesora de derechos humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura, considera que en la "Europa fortaleza" el aumento de la securitización y los discursos del odio promueven el auge de los fascismos en los Estados miembros.
Lucía Ixchíu, indígena K’iche de Guatemala y comunicadora comunitaria, ha solicitado asilo político en el Estado español junto con su compañero el fotoperiodista Carlos Ernesto Cano. En esta entrevista hablan de la situación de su país y la represión que sufren quienes están "inconformes con guardar silencio".
Los tres juzgados de control del centro reconocen la vulneración de derechos documentada por las personas internas y establecen un protocolo contra las agresiones, aunque solo aprueba una medida insuficiente en materia de género.
