La querella de las activistas del movimiento libertario contra el agente policial infiltrado es un caso paradigmático en el que la violencia institucional y sexual se entrecruzan y la una no pude interpretarse sin la otra.
De malas mujeres a mujeres malas, un repaso a la vida de las que han sido juzgadas por romper la norma de la feminidad y a la de quienes han cometido crímenes que han sido justificados por las 'taras' de las autoras. El juicio machista siempre aparece.
El tráfico de datos de las aplicaciones sobre la menstruación y su difusión con terceros supone que puedan utilizarse, no solo con fines comerciales, sino también en procedimientos judiciales relacionados con el aborto en países como Estados Unidos, donde recientemente se ha revocado este derecho.
La escritora mexicana vuelve al feminicidio de su hermana para darle la vuelta y para, explica, "cambiar los énfasis, utilizar otros vocablos, para que esa historia pueda ser contada desde otros puntos de vista y, sobre todo, con la intención de restituir" su presencia.
Les comarques gironines concentren una de les taxes més elevades de violències masclistes de l'Estat espanyol, però els col·lectius feministes critiquen que el gran nombre de denúncies no comporta un percentatge elevat de sentències condemnatòries contra els agressors, així com que les denunciants es veuen exposades a una revictimització.
El caso Oviedo, en el que una mujer fue llevada por la policía a la fuerza al hospital cuando paría en casa, permite ver el entramado de subterfugios ideológicos sobre las decisiones de las mujeres en sus procesos reproductivos.
Después de cuatro años de hostigamiento, de miles de pronunciamientos en solidaridad y apoyo y de la inconsistencia de la acusación, la lideresa Q´eqchi´ de Guatemala ha sido condenada a dos años de prisión.
La doctora en Filología Inglesa, Pilar Iglesias Aparicio, analiza las similitudes entre Lavanderías de la Magdalena de Irlanda y del Patronato de Protección de la Mujer con un objetivo claro: promover en España un proceso de reparación similar al que se ha dado en Irlanda.
Quienes aplauden a Johnny Depp se ponen del lado de un maltratador demostrado. Además, la ridiculización y falta de empatía con Amber Heard por no ser la víctima perfecta hacen que el mundo sea un lugar menos seguro para nosotras.
En Colombia, las víctimas exigen la apertura de un macrocaso que asuma la violencia sexual, extremo que ignora la justicia transicional creada tras los Acuerdos de Paz.
Las modelos de las que el fotógrafo donostiarra abusó sexualmente y de las que vendió imágenes de los abusos en internet, hablan de cómo han vivido los más de nueve años del caso hasta llegar a hoy: están pendientes de la sentencia que le condene definitivamente.
El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por difamación es uno de los litigios más sonados de la historia, a la altura mediática en EEUU del de O.J Simpson. Amplificado por las redes sociales que lo difunden minuto a minuto y por todo el mundo, increíblemente, el debate ha desdibujado de qué se acusan en realidad.
La decisión de anular la sentencia que aseguró el derecho a la interrupción del embarazo en el país no implicará perder este derecho en todos los estados. Sin embargo, es un avance de las fuerzas reaccionarias heredadas de la Administración Trump.
Mérida acoge los días 20 y 21 de mayo el I Encuentro Estatal Violencia Vicaria y Violencia Institucional de Género para denunciar el "arrancamiento" de muchas hijas e hijos que sufren debido a la aplicación de medidas discriminatorias por parte de la justicia española.
Negar que el sistema judicial tiene todavía mucho por cambiar no es más que otra forma de ser parte del negacionismo machista que niega credibilidad y legitimidad a las voces de las mujeres, es negar ese sesgo discriminatorio que llevará a la cárcel, por ejemplo, a María Salmerón.
Estos días se está investigando por falsedad documental y estafa agravada a los empresarios y comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
La sentencia, emitida el 6 de abril, prolonga una tortura judicial que dura ya seis años, llena de irregularidades y violencia institucional, y en la que el bien superior de las menores no ha sido tenido en cuenta.
La fiscalía había pedido diez años de prisión, acusada de homicidio simple por haberse defendido en octubre de 2016 de un ataque sexual perpetrado por un grupo de varones. Quisieron violarla para “corregir” su lesbianismo. Esta es una crónica del juicio.
Las abogadas feministas buscan que el sistema judicial se construya desde un modelo relacional con lógica interseccional, donde los derechos de las mujeres se tratan como parte de los derechos humanos.
Diez feministas se enfrentan a 19 años y medio de prisión y más de 23.000 euros en multas por la huelga general del 8M de 2019 en Manresa.
