Nos queda mucho por entender de las violencias machistas, pero sobre todo nos sigue faltando una Administración que escuche de manera activa a sus supervivientes, que han identificado sobradamente cuáles son las fallas del sistema de protección, escribe la autora.
El Partido Popular y Ciudadanos se han arrodillado a las idea de Vox para vaciar el contenido del término “violencia de género", ignorando el hecho de que existe una cultura machista que agrede y asesina a las mujeres cada día en Andalucía.
No es fácil demostrar en un juicio que un encuentro sexual no ha sido consentido. Entonces, ¿cómo damos con una solución justa desde la judicatura y las instituciones? ¿Hasta qué punto tiene sentido el endurecimiento del código penal? Algunas voces opinan que ahí ni empieza ni acaba la lucha contra las violencias machistas.
Varias redes de apoyo mutuo a lo largo del Estado español brindan acompañamiento a las mujeres en el largo proceso burocrático, judicial y psicosocial que sigue a la denuncia. Hablamos con integrantes de cuatro de ellas: la asturiana Muyeres en llucha, la malagueña ASUMUVIG, la zaragozana Mujeres que dejan huella y un grupo de apoyo de la comarca guipuzcoana del Alto Deba.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comenzado a desempolvar este acuerdo político, que lleva casi un año durmiendo en un cajón, poniendo en circulación los fondos y las primeras medidas que ha calificado como ‘más urgentes’. Las asociaciones de mujeres con discapacidad exigen el cumplimiento íntegro del Pacto con especial intensidad, porque confían en que sea la llave para eliminar las barreras materiales y simbólicas que las alejan de la justicia.
Lorena Reyes murió el pasado 24 de octubre cuando huía de un hombre que le había agredido con un arma blanca. El Gobierno autonómico de Canarias lo calificó como un caso de violencia de género, pero algunos medios se preguntaron si se juzgaría como tal porque no estaba legalmente reconocida como mujer. La jurista Laia Serra responde.
La reciente transposición de una directiva europea al Estatuto de la Víctima en el Estado español aporta un catálogo de derechos que las víctimas podrán invocar durante el proceso judicial. Prevé una evaluación especial – entre otras – de las víctimas de violencia machista, aunque también contiene carencias.
